Doctor
Gustavo Petro Urrego
Presidente de la República de Colombia,
Distinguido señor Presidente:
La Fundación Justicia, Dignidad y Vida, JUSDIVIDA, cuyo objeto social se orienta a contribuir con su labor al fortalecimiento y sostenibilidad de nuestro Estado Social de Derecho, ha decidido participar activamente en la construcción de propuestas que, de alguna manera, coadyuven al logro de los ambiciosos y justos objetivos que usted se ha trazado en su programa de gobierno.
Su firme y autorizada presencia en el escenario político nacional, su convicción, voluntad y capacidad para liderar los cambios por los que tanto ha luchado nuestro pueblo, hacen de usted, en los actuales momentos, el adalid del saneamiento moral del Estado colombiano, factor indispensable para iniciar las grandes transformaciones que se requieren, con el fin de lograr la tranquilidad y el bienestar que tanto anhelamos.
La actual situación de Colombia es muy compleja, por cuanto todos los sectores presentan problemas que requieren una profunda intervención del Estado para que puedan superar su gravedad.
Un breve análisis de cada uno, nos permite deducir que las reformas a acometer son exigentes no solo en recursos, sino en el compromiso consciente del Congreso y el apoyo ciudadano, para lograr la salida exitosa que la ciudadanía reclama.
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El reciente debate electoral nos dejó claro que la prioridad de la ciudadanía es acabar con la corrupción y esperamos que su compromiso y firmeza con esta causa contagie a los congresistas, para que por fin, unidos, logremos afianzar de verdad la justicia.
Para darle solidez y estabilidad a nuestra democracia, como resultado de la implementación de una reforma integral del sistema judicial colombiano, creemos que se debería contemplar los siguientes aspectos fundamentales:
- Despolitización de la justicia.
- Modificación de las normas que regulan la contratación estatal.
- Modificación del Código Penal y el de Procedimiento Penal.
- Reestructuración de la organización electoral.
- Reestructuración del sistema penitenciario.
Esta ambiciosa reforma, por su complejidad y la cuantía de recursos que demanda, es posible que trascienda su periodo presidencial.
Por lo que es necesario programar su desarrollo de acuerdo con una secuencia de prioridades, siendo conveniente iniciar su implementación con la aprobación de los dos primeros temas señalados, que contemplan los elementos esenciales para controlar los delitos contra el patrimonio del Estado.
El primero se propondría blindar los procesos de selección del personal encargado de vigilar que la contratación pública se ciña a los cánones establecidos en las normas que la regulan, y el segundo, buscaría darle a la contratación estatal, la claridad y firmeza para que su aplicación impida la desviación de los recursos hacia fines diferentes a los definidos por la ley.
Todo ésto, en consecuencia, minimizaría los casos de corrupción y por tanto reduciría los delitos que se han de investigar y juzgar.
Indudablemente que, para motivar a los funcionarios públicos a vigilar el sano manejo de los bienes del Estado, es necesario que el presidente de la República dé ejemplo con su comportamiento, evitando adoptar actitudes desafiantes contra los opositores que denuncien actos de corrupción, amparándose en la patente de inmunidad que le otorga la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Acto totalmente ilegal y reprochable, pero lamentablemente, nuestros gobernantes nos han acostumbrado a tomarlo como algo normal.
Irregularidades que consideramos, deben acabarse y, cuando se presenten, investigarse y sancionarse. Nuestra propuesta busca extirpar estos reprochables comportamientos.
El proyecto para despolitizar la justicia representa una reforma constitucional que requiere de 8 debates en el Congreso y, por tanto, dos años para su aprobación, por lo que es recomendable impulsarla mediante referendo popular y simultáneamente, debatir en el Congreso el proyecto de modificación de las Normas que regulan la Contratación Estatal.
Con el fin de contribuir al desarrollo de las ideas expuestas, ponemos a su consideración una propuesta que contempla los aspectos esenciales que, a nuestro juicio, han de modificarse para lograr una real despolitización de la justicia, alejándola de todo compromiso con los poderes legislativo y ejecutivo y, evitando que el presidente interfiera en las investigaciones por actos de corrupción contra sus funcionarios de confianza.
La propuesta la concebimos en los siguientes términos:
Si queremos que haya plena justicia y se erradiquen la corrupción y la impunidad, hay que sustraer totalmente al poder judicial y a los órganos de control, de ese vergonzoso y dañino sometimiento a los poderes legislativo y ejecutivo.
Para eliminar esta desfiguración de nuestra democracia, se debe impulsar la aprobación de una reforma que le dé total independencia al Poder Judicial de los otros poderes del Estado,
En este sentido, los integrantes de la Corte Constitucional y las máximas jerarquías de los Órganos de Control, sean designados por un organismo totalmente independiente del Congreso de la República y de la Presidencia de la República (Especie de Consejo con atribuciones especiales).
Estos miembros estarían en el cargo hasta cumplir la edad de setenta y cinco (75) años y su reemplazo se realizaría por el sistema de cooptación o de ternas que envíen la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Este organismo tendría las siguientes funciones:
- Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, de ternas que presenten el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
- Elegir al Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y al Fiscal General de la Nación, de ternas presentadas por la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia.
- Estudiar y calificar las demandas que se presenten en contra del Presidente de la República (actualmente es competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes), cuya valoración pasará a consideración del Senado de la República, para que lo sancione o absuelva.
- Ser juez de segunda instancia en las demandas presentadas contra los miembros de las Altas Cortes, del Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y el Fiscal General de la Nación.
Este nuevo organismo estaría compuesto por nueve (9) miembros y sus primeros integrantes se designarían de la siguiente manera:
Dos (2) miembros por la Corte Suprema de Justicia, dos (2) por la Corte Constitucional, dos (2) por el Consejo de Estado y tres (3) miembros designados por los Consejos Académicos de las universidades con más de 10 años de acreditación.
Los integrantes del nuevo órgano judicial serían juzgados, en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia y, como juez de segunda instancia, tendrían a un tribunal integrado por los presidentes de el nuevo organismo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Complementario a lo anterior y con el fin de garantizar también el control en el manejo idóneo de los recursos municipales, distrital y departamentales, se establecería un nuevo mecanismo para designar a los contralores de estos entes territoriales, el cual eliminaría la dañina injerencia de gobernadores y Asambleas Departamentales, así como de alcaldes y Concejos Municipales en tales designaciones.
Así se crearía, en cada departamento o distrito, una Comisión de Seguimiento y Control del Gasto, que participaría en la designación de los contralores departamentales distrital y municipales.
La designación de contralores departamentales, distrital y municipales se realizaría mediante concursos que estarían bajo la responsabilidad y coordinación de la Contraloría General de la República, de cuyos resultados se tomarían los nombres de los concursantes que hayan obtenido un puntaje superior al 80% de la calificación máxima posible y remitirlos a las respectivas Comisiones de Seguimiento y Control del Gasto, para que procedan a elaborar las ternas que han de enviar a la correspondiente Asamblea Departamental, concejos distrital y municipales, para la elección de los correspondientes contralores .
Las Comisiones de Seguimiento y Control del Gasto, tendrán las siguientes funciones:
- Seleccionar y Enviar la terna, de la lista de aspirantes que obtuvieron mayor puntaje en el concurso organizado por la Contraloría General, a las Asambleas Departamentales, Concejo distrital y a los Concejos Municipales para que elijan a los Contralores Departamentales, Contralor Distrital y Contralores Municipales respectivamente, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el reglamento para este fin.
- Recibir, evaluar y sistematizar los contratos firmados por las autoridades que están bajo su vigilancia, identificando cualquier irregularidad que llegase a detectar y comunicarla a la instancia competente.
- Recepcionar trimestralmente la información sobre el cumplimiento de los contratos que deben reportar los respectivos contralores e interventores.
- Dar a conocer, en forma oportuna a la autoridad competente, las irregularidades o incumplimientos en la ejecución de contratos.
Las Comisiones de Seguimiento y control del Gasto, estarían integradas por un representante de la Procuraduría General de la Nación, un representante de la Fiscalía General de la Nación, el Contralor Departamental, quien la presidirá y dos delegados de las universidades con presencia en el respectivo Departamento o Distrito, a nivel de sede matriz o seccional, con más de diez (10) años de funcionamiento en el respectivo territorio.
La aprobación de esta propuesta, será el primer gran paso hacia el fortalecimiento e independencia que requiere la justicia en el proceso de construcción de una sociedad más justa, solidaria, libre y próspera.
Señor presidente, nuestro propósito es el de brindarle el mayor apoyo y contribución con nuestras ideas, a la construcción de ese gran proyecto que usted se ha propuesto liderar, para conducirnos a la superación de las condiciones de desigualdad y pobreza que padecemos, mediante un dinámico proceso de cambio, a fin de lograr el bienestar y la paz para todo el pueblo colombiano.
Atentamente,
Darío Alfaro Tamariz, presidente
Fernando Negrete Montes, secretario
