El día de hoy, 133 comunidades étnicas, organizaciones indígenas, afrodescendientes y de la sociedad civil, junto con defensores y defensoras de derechos, firmamos y enviamos una carta abierta al Presidente Iván Duque exigiendo que el gobierno colombiano rechace las medidas regresivas propuestas de manera oportunista por parte del empresariado de dicho país, exigiendo el respeto y garantía de todos los derechos de las comunidades étnicas y la observancia de las obligaciones constitucionales e internacionales en la materia.
En la carta, las y los firmantes expresamos nuestro rechazo a estas nuevas medidas que fueron presentadas de manera oportunista y bajo la excusa de promover el desarrollo económico, porque vulneran derechos fundamentales de las comunidades étnicas, violan el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el derecho a un ambiente sano y equilibrado, entre otros.
Los empresarios, asociados al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, proponen, entre otras cosas, “aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalias (sic), de consulta previa y licencias ambientales (…)”, que de ser aprobadas por el gobierno estarían yendo directamente en contra del ejercicio de derechos fundamentales de las comunidades étnicas y el interés general.
Una vez más vemos un discurso que niega derechos y que los entiende como asuntos que “frenan el desarrollo” del país, y que desconoce abiertamente el valor constitucional que tiene la diversidad étnica y cultural de la Nación como un asunto de interés general para un Estado que se proclama como una república democrática, participativa y pluralista.
En la carta manifestamos el rechazo a la reciente directriz del Ministerio del Interior que propone el uso de medios virtuales para la realización de la Consulta Previa, pues es contrario a la naturaleza y fin del derecho, al mismo tiempo que desconoce las reales condiciones de vida en los territorios indígenas.
Cabe resaltar que es precisamente en los momentos de crisis cuando la protección y garantía de derechos es lo más importante, y entorno a ello deberían girar todas las acciones y medidas que se adopten, especialmente para los grupos más vulnerables, como son las comunidades étnicas. El respeto y cuidado debe ser integral e inalienable para todas las personas que habitan el territorio colombiano.
Por todo lo expuesto, solicitamos expresamente al Presidente y al gobierno en general que respeten la obligaciones constitucionales e internacionales en materia derechos humanos, y que adopten medidas que garanticen el bienestar y derechos de estos grupos ante la emergencia sanitaria. También pedimos que no se tenga en cuenta las propuestas realizadas por los empresarios, ni ninguna otra que niegue y restrinja derechos, y se exige la garantía del derecho a la salud, el bienestar y el respeto de todos los derechos territoriales y culturales de las comunidades étnicas a lo largo del territorio nacional.
Así mismo, requerimos se ratifique el Acuerdo de Escazú y la suspensión temporal de actividades extractivas, por considerarlas no esenciales en el marco de la pandemia, que en cambio significan un grave riesgo para la expansión de la COVID-19 en los territorios de las comunidades étnicas.
Lee la carta completa de las comunidades y organizaciones aquí.
