El profesor Mantilla justifica su decisión de destituir al profesor Miguel Ángel Beltrán y acatar la orden del Procurador Ordoñez, al afirmar en comunicación reciente: “Una negativa a aplicarla habría sido una vía de hecho que pondría a la Universidad en una situación jurídica muy débil institucionalmente, ante el desconocimiento de principios básicos del Estado de derecho”. Y agrega: “Según concepto de los expertos y especialistas consultados, el rector carece de la facultad de inaplicar o anular una decisión de un órgano de control, como la Procuraduría General de la Nación, aún en el supuesto de no compartir su análisis probatorio.”
Pero, profesor Mantilla, usted dispuso de argumentos contrarios. Argumentos filosóficos, políticos y jurídicos expuestos con juicio y claridad por maestros del Derecho. También por quienes integramos este Comité, que no por legos en lo jurídico delegamos nuestro sentido humano de lo justo, ni la capacidad de pensar por nosotros mismos, de ponernos en el lugar del otro y de actuar en consecuencia.
Le argumentamos, profesor Mantilla, que el verdadero y grave daño a la Universidad era ejecutar la orden del Procurador. Se le recomendó razonadamente que podía usted acogerse a la excepción de inconstitucionalidad porque al colega Beltrán lo destituyen bajo la misma acusación de la cual lo liberó la justicia penal –no había pruebas- y porque esa orden del Procurador viola la autonomía universitaria, que es norma constitucional. En su fallo el Procurador cita, además, como prueba, trabajos académicos del profesor Beltrán sobre el conflicto armado colombiano. Viola así también el derecho fundamental al libre pensamiento. Por todo ello, profesor Mantilla, usted podía y debió invocar la excepción de inconstitucionalidad. Al respecto, la Sentencia T-658 de 2007, de la Corte Constitucional, dice: "el funcionario público encargado de la ejecución de un acto administrativo, tiene la obligación de inaplicarlo cuando en el caso concreto resulte abiertamente contrario a la Carta Política y más aún a los derechos fundamentales en ella contenidos.”
El profesor Mantilla basa su triste actuación en una disquisición jurídica del profesor Rodrigo Uprimmy, publicada en reciente ensayo, según la cual si una ley o un decreto del Presidente o de alguien elegido por voto popular viola la Constitución se puede no acatar acogiéndose a la excepción de inconstitucionalidad; pero si esa orden es de un juez o del Procurador, no. De lo contrario se afecta gravemente el orden jurídico. Como argumenta el profesor Leopoldo Múnera en su análisis del ensayo del profesor Uprimmy, esto constituye un sinsentido político-jurídico: “los funcionarios públicos pueden proteger la Constitución contra las decisiones de los representantes populares, fundamento del Estado de derecho; sin embargo, deben obedecer una norma particular de un juez o un funcionario como el Procurador que son violatorias de la Constitución. Los titulares del poder disciplinario o judicial parecen tener, de acuerdo con esta tesis, la prerrogativa de vulnerar la Carta Política y de obligar a respetar esa infracción a los encargados de materializarla; privilegio que no tienen, por fortuna, quienes fueron elegidos mediante el sufragio universal. Este es el sinsentido político-jurídico.”
Es de urgencia inmediata reparar la grave injusticia cometida con el colega Beltrán y restaurar el daño causado por el profesor Mantilla a la vida universitaria y a la libertad de pensar, al desconocer la Constitución Política y entregar la autonomía de la Universidad a un ente externo. Destituir a un colega porque piensa por él mismo, porque no delega en el poder o en ciertos procuradores su libertad para analizar el conflicto armado colombiano, es un evidente daño al profesorado y a toda la comunidad académica.
El Comité de representantes profesorales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, convoca al profesorado a que en uso de la autonomía universitaria –que reside en la comunidad misma- y de la libertad de cátedra, actuemos de modo directo y restauraremos -en algo, por ahora- estos daños. Hagámoslo invitando al profesor Beltrán a nuestras clases, para que hable en ellas del conflicto colombiano y de sus investigaciones alrededor del mismo. Es un tema que a toda la comunidad académica le interesa, un tema relacionado directamente con la paz y por ello con la vida universitaria. El profesor Beltrán vendrá un día a la semana, a la clase de cada colega que lo invite, a una clase abierta a toda la comunidad. Hemos llamado a estas clases abiertas: “Cátedra por la Autonomía y la Libertad".
Invitamos también a que cada colega aporte solidariamente uno o más días de su salario y conformemos un fondo de recursos con los cuales el profesor Beltrán -y con él su familia- reciban un necesario apoyo económico. Estaremos informando los mecanismos para que cada colega haga estos aportes. Igualmente, con recursos de este fondo podrá él profesor pagar los costes de las demandas jurídicas a que tiene derecho. Es muy amplia la posibilidad de que él gane esas demandas. Pero los tiempos jurídicos son dilatados. Mientras tanto, el profesor y su familia seguirán recibiendo nuestra solidaridad económica y él seguirá como profesor, invitado a nuestras cátedras. Es un asunto de justicia. Y el sentido humano de justicia -como el pensar por sí mismo- son sentidos comunes, compartidos: todo ser humano goza de ellos. Nuestra Constitución Política lo reconoce con la excepción de inconstitucionalidad.
Finalmente, invitamos al profesor Ignacio Mantilla a un debate público, en una próxima asamblea ciudadana, sobre la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento.
Comité de Representantes Profesorales
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Octubre 6 de 2014
