Carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos

Estimado Señor Presidente,

Le escribimos a fin de expresarle nuestra profunda preocupación sobre la decisión de la Procuraduría General de Nación de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El Alcalde Petro fue elegido por una mayoría de votos y tiene un mandato popular en la ciudad más importante de Colombia.

Es sabido que en el marco de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es posible que un funcionario destituya un gobernante elegido popularmente. Concretamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe condena, por un juez competente, en un proceso penal. Lo cual no es el caso de Gustavo Petro.

Las actuaciones de la Alcaldía de Bogotá en la puesta en marcha de un nuevo esquema de aseo en la ciudad y la inclusión de la población recicladora en un sistema antes monopolizado por la empresa privada, han tratado de convertir a esta ciudad en una Bogotá más Humana. Si bien es cierto que ha habido fallos en la implementación de este nuevo sistema, la destitución e inhabilitación del Alcalde nos hacen pensar que una persecución política podría estar detrás de las razones invocadas sobre su gestión para su destitución.

Acompañamos las voces que propenden por el fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad en Colombia, y saludamos las declaraciones del Ministro de Justicia de Colombia en el sentido de “revisar la norma constitucional que permite inhabilitar a personas que han sido elegidas por voto popular”.

Igualmente, lo invitamos a apoyar un proceso de revisión de la figura del Procurador General de la Nación, para evidenciar su conformidad con la Legislación Internacional.

Finalmente, subrayamos que estamos a su disposición para acompañarle en su búsqueda por el respeto a los Derechos Humanos y a la Democracia en Colombia.

Cordial saludo,