Bogotá, 18 de noviembre de 2020
Carta abierta
Doctor
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
Presidente del Gobierno de España
PABLO IGLESIAS TURRIÓN
Vicepresidente Segundo del Gobierno de España
Mi más cordial y respetuoso saludo.
Augurando el mayor éxito en el proceso de recuperación económica y social después del sufrimiento causado por la pandemia, y ante los retos que como gobierno de coalición se han trazado para romper con las ataduras y asechanzas del pasado, desde allende el Atlántico, como defensora de derechos humanos y luchadora por la paz hago llegar mi sentimiento de solidaridad y respaldo en la conquista de tan importantes metas.
Recientemente Colombia se ha visto estremecida por dos revelaciones que podrían afectar gravemente las relaciones bilaterales con España. El pasado domingo 8 de noviembre el diario El Espectador presentó parte de los 24.000 audios ocultados por el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira a la Jurisdicción Especial de Paz para que esta cumpliese con su función constitucional de evaluar la conducta imputada a un exnegociador de paz requerido en extradición por EE. UU. bajo la polémica administración judicial de William Barr. Esta burla al Acuerdo de Paz, violatoria de la Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que bien debería ser judicializada en Colombia y atendida en las instancias del derecho internacional, adquiere mayor gravedad al constatarse no solo la mala fe, sino la clara manipulación de voces, suplantación de personajes públicos y el uso de falacias inculpadoras contra quienes desde diversas orillas abogamos por darle fin al conflicto armado en el país. Al igual que el exvicepresidente general Óscar Naranjo Salazar, y varios firmantes del Acuerdo de La Habana, soy víctima directa de esta acción criminal que contó cuando menos con el ocultamiento cómplice del señor Martínez Neira.
La segunda noticia es la decisión del gobierno del derechista presidente Iván Duque Márquez de nombrar en la embajada colombiana ante el gobierno que Uds. presiden al mencionado señor Martínez Neira, para dotarlo de inmunidad diplomática sin que siquiera responda por este y otros graves casos en el país. De consumarse este hecho, las relaciones bilaterales quedarían en manos de este nefasto personaje enemigo de la paz y de la democracia, cuyo prontuario político y legal no puede resumirse en una carta.
Su animadversión a la paz expresa su alineamiento perenne con grandes empresas involucradas en la guerra y la corrupción en Colombia y a nivel internacional. Con Martínez Neira como embajador los intereses de los colombianos y colombianas quedan hipotecados a los intereses de las firmas privadas a quienes ha representado, acusadas por financiamiento, auspicio y promoción de grupos paramilitares, acumulación indebida de tierras y despojo de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, así como de defraudación al erario y lavado de activos. Su labor como abogado y apoderado de mafias legales y semilegales es de público conocimiento. A la mano de las autoridades españolas está el empresario Carlos Mattos quien puede aportar para esclarecer en parte las turbias trapisondas jurídicas de Martínez Neira con sus socios comerciales sub judice. El mismo fisco español ha sido víctima de defraudación de Martínez por propiedades surgidas luego de extrañas operaciones financieras desde paraísos fiscales luego de su participación en el escándalo de Odebrecht, caso en el que uno de los testigos en su contra murió envenenado con cianuro. Grave riesgo corren las relaciones bilaterales si se le otorga beneplácito a un embajador venal y crasa ofensa para una ciudadanía que tributa para atender las necesidades sociales en medio de la actual recesión global, permitir el estatus diplomático a un evasor de impuestos al estado español.
El falso entrampamiento con fines de extradición denunciado por El Espectador, es solo el enésimo capítulo de las acciones de Martínez Neira contra el Acuerdo de Paz. Valga mencionar su oposición y sabotaje a la Unidad Especial de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, institución vital en el combate de los grupos paramilitares hoy revigorizados en el país; los sucesivos montajes judiciales frustrados contra firmantes del Acuerdo de Paz que hoy volvieron a las armas; el desconocimiento y ataque permanente a la Jurisdicción Especial de Paz, la alteración de la Ley Estatutaria de ésta y la promoción de las llamadas objeciones presidenciales que mantuvieron en el limbo jurídico a esta jurisdicción por más de año y medio. El país y el mundo aun requieren aclarar los seguimientos y escuchas ilegales desde la llamada Sala Diamante de su Fiscalía que Martínez Neira dirigió contra exnegociadores del gobierno del Premio Nobel Juan Manuel Santos, parlamentarios de la oposición, el actual diputado español Enrique Santiago Romero y quien suscribe esta carta, entre otros.
No temo afirmar que Martínez Neira es por lo menos coautor intelectual del surgimiento de las crecientes disidencias de las FARC-EP y de la actual persistencia del conflicto armado, que afecta a Colombia y a los ciudadanos e intereses españoles en el país. Tras sus acciones cabalga el actual renacer de la violencia que le ha costado la vida a 240 excombatientes y a más de mil líderes sociales.
Sobre Martínez Neira cursan actualmente dos denuncias por graves delitos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante, su juez natural por su condición de Fiscal General de la Nación. De mi parte preparo las acciones jurídicas pertinentes porque es claro que en el caso del “falso entrampamiento” al Acuerdo de Paz incurrió en múltiples ilícitos. Sería impresentable que su acreditación como embajador se diera sin resolverse sus líos judiciales. Sabemos que el Congreso de los Diputados y la ciudadanía democrática de ambos países no le serán indiferentes a este vejamen a la legalidad y a la paz, y confío firmemente que el gobierno que Uds. presiden tampoco.
Pido que cuando menos el señor Martínez Neira tenga la gallardía de darle la cara a las víctimas del conflicto armado interno del que ha sido partícipe, y a sus víctimas directas, ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Si le teme hasta a una instancia extrajudicial a la que estaría obligado de comparecer, queda expresa su voluntad de usar la embajada para evadirse de sus responsabilidades.
Aceptar la credencial de Martínez Neira como embajador de Colombia no se trata solo de darle patente de corso diplomático a un experimentado conspirador adlátere ideológico de quienes complotan contra su gobierno desde la extrema derecha -realidad ampliamente documentada y común aunque en menor grado con cualquier enviado de Duque-. Teniendo en cuenta sus asuntos pendientes con la justicia colombiana y española, reconocer a Martínez Neira como embajador es otorgarle una embajada a la impunidad y a la perfidia al Acuerdo de Paz.
Con anhelos de paz y de concordia,
PIEDAD CORDOBA RUIZ
