Tras dos auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en 2017, que arrojaron 95 hallazgos, quedó en evidencia que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) habría ocasionado un detrimento de alrededor de veinticuatro mil millones de pesos por un mal manejo en las contrataciones de obras destinadas al retiro de sedimentos y vegetación de caños o canales.
Estos hallazgos, que evidenciaron un “carrusel de la contratación”, concluyen con la sanción de destitución e inhabilidad del director general y la subdirectora de Planeación de la entidad en su momento por parte de la Procuraduría.
Luego de revelarse este escandaloso “carrusel de contratación”, en donde no solo se incumplieron las obras, sino que además estas estarían en manos de los mismos contratistas que de forma metódica intercambiarían roles, pasando de contratistas a residentes de obra o a directores de obra, se produjo una decisión final de la Procuraduría.
Como resultado de su intervención, se tiene que Olaff Puello Castillo (director general de Cardique para la época de los hechos) y Katherine Martelo Fernández (entonces subdirectora de Planeación) fueron destituidos e inhabilitados por 18 y 16 años respectivamente, ratificando los hallazgos resultado del trabajo realizado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.
La Contraloría señaló también su preocupación por los escasos resultados de los contratos para la recuperación y conservación de la Ciénaga de la Virgen.
Cabe recordar el polémico contrato para la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga Virgen, suscrito por valor total superior a $35.000 millones, en 2007, cuando el 60 por ciento de las aguas residuales de Cartagena eran depositadas en la Ciénaga, uno de los mayores focos de contaminación de la ciudad. Más de una década después, las obras no mostraban resultados, al limitarse a trabajos de limpieza, indicó una auditoría realizada entonces.
