Según contó en una de sus crónicas Daniel Coronel, cuando Carrasquilla fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Uribe una de las políticas que impulsó fue la de suprimirles la mesada 14 a los pensionados del país. Alegaba que era por austeridad y para sanear las finanzas públicas.
Sin embargo, casi al mismo tiempo, a los funcionarios de altos rangos en ministerios y agencias del Estado, de viceministros hacía abajo, les adicionó cuatro mesadas con gastos de representación incluidos.
Esta es la austeridad que pregonan tipos como Carrasquilla, el mismo que siendo ministro, para evadir impuestos y ocultar maniobras oscuras, creó en Panamá una empresa para poner a varios municipios pobres a pagar intereses usureros al embarcarlos en el impagable gota a gota de los “Bonos de agua”, que le significaron ganancias superiores a los $15.000 millones y más ruina para municipios como Buenaventura y Suárez.
Antes de ocupar altos cargos públicos, cuadros como Carrasquilla, son reclutados por Goldman Sachs y J.P. Morgan, los dueños de los bancos y fondos de inversión que gracias al neoliberalismo en boga desdelos gobiernos de Reagan y la Thacher en los años 80, se tomaron la economía mundial y organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y otros organismos multilaterales.
En esa escuela de pirañas financieras, antes de ser ministros de Hacienda de sus países y hasta presidentes, como Duque que también pasó por el BID en Washington, aprenden: el ABC de endeudar a los países; a separar religiosamente las cuotas de la creciente deuda externa; a exonerar de impuestos a los más ricos y a ensartar con impuestos directos y regresivos como el IVA y retenciones en la fuente, a la mayoría de la población y a la clase media en vía de proletarización.
Funcionarios desalmados como Carrasquilla, saben mucho de macroeconomía, de abrir cuentas secretas en paraísos fiscales como Panamá para evadir impuestos en su país y tienen aprendida de memoria recetas para esquilmar con impuestos a la clase media; pero no conocen ni el precio de los huevos y otros productos de la canasta básica porque nunca visitan un mercado.
En estas circunstancias, la explosión social que el 28 de abril se desbordó en Cali, Bogotá, Medellín, Popayán, Santander de Quilichao, Puerto Tejada y centenares de municipios (con marchas pacíficas hasta que algunos vándalos empezaron a desatar el caos) estaba contenida desde el año 2020, cuando la cuarentena obligaba por el COVID-19 confinó las movilizaciones sociales anunciadas desde la gran movilización de noviembre de 2019.
Solo a un pirómano desfachatado como Carrasquilla y a un títere despistado como Duque, después de boicotear la Reforma Agraria Integral, la sustitución de cultivos de coca, a la JEP y anunciar la reanudación de las fumigaciones con glifosato, se les ocurre proponer una reforma tributaria en medio de la crisis económica y el desempleo desencadenados por la pandemia con el propósito de tapar la tronera en el presupuesto y supuestamente ayudar a los más pobres, clavándoles más impuestos a la clase media que subsiste con ingresos superiores a $2,5 millones mensuales y de repeso anuncia la compra de aviones de guerra por $14 billones.
Como sucedió en Chile, donde gracias a la dictadura de Pinochet, los dueños de Wall Street experimentaron el neoliberalismo para desmantelar el estado y entregarles los servicios públicos, los bancos, y el manejo de la salud, la educación y los ahorros de las pensiones a los particulares, en Colombia el estallido social se manifestó con fuerza el 28 de abril y tal como lo evidencian las encuestas: el próximo gobierno y Congreso deberá salir de la unión entre movimientos cansados de la disimulada dictadura uribista, conformada por la alianza de los narco-hacendados y parapolíticos con el gran capital industrial y financiero que se niegan a ceder los privilegios y exenciones tributarias que generosamente les han concedido desde hace 20 años, incluidos los gobiernos de Santos.
Menos mal que el gobierno de Biden y las primeras políticas tomadas en su país para superar el despelote que le dejó Trump (socio reverenciado de Uribe y Duque) impedirá que se atrevan a dar un golpe de Estado, después que se apoderaron de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Registraduría, un sector de las Fuerzas Armadas y sus organismos de inteligencia y aún no han podido tomarse las altas cortes, como sucede en Venezuela y Nicaragua, a los que hipócritamente critican.
