Durante una brillante exposición en el Congreso, los senadores Jorge Enrique Robledo y Alexander López Maya, explicaron por qué el presidente Duque debe prescindir de su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Becerra, responsable de un fallido programa de crédito que endeudó a 117 municipios por casi dos décadas pagando los intereses más altos que pueda pagar cualquier modalidad de hipoteca pero que, en cambio, benefició las arcas de las empresas vinculadas a él y su estructura familiar, cuyas cuentas aparecieron en un paraíso fiscal en Panamá, según demostró el periodista Daniel Coronell.
Señor presidente: demuestre que es verdad que el que la hace la paga, destituya a Alberto Carrasquilla. ¿Vamos a tener un ministro de Hacienda que fraguó un entramado de corrupción y luego lavó el botín en un paraíso fiscal?
Señor presidente: demuestre que es verdad que el que la hace la paga,
destituya a Alberto Carrasquilla
Los legisladores del Polo Democrático explicaron toda la telaraña que rodea este escándalo, uno de cuyos protagonistas es el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Siendo el puerto más importante del país, es una de las poblaciones más pobres. Por cuenta de los ‘bonos Carrasquilla’, en la región afrodescendiente (que carece, en pleno siglo XXI, de un acueducto digno que garantice un mínimo vital como es el agua) se endeudaron con 49 000 millones. Ya pagaron 56 800 millones, pero todavía deben 43 000 millones. Y el acueducto no existe.
Esta es la situación de otros municipios. El 60 % de los pueblos que tomaron créditos están ubicados en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Antioquia y Chocó. Además, en 40 municipios se encontraron proyectos sin ejecutar (valga decir, por cuenta de la corrupción en las alcaldías pero que pudo evitarse si se hubiera diseñado un mejor programa), 65 se encontraban en alto riesgo y solo en 12 avanzaban las obras con normalidad. Así lo evidencia un informe del Ministerio de Vivienda, publicado el pasado 13 de septiembre por BluRadio.
En total, los municipios suscribieron contratos por $440 000 millones -entre diciembre de 2009 y mayo de 2011- para recibir créditos con el fin de conseguir recursos inmediatos, pero comprometiendo sus ingresos futuros para el sector agua y de saneamiento básico. De los 117 municipios solo 22 hicieron obras. Solo el haber “estructurado” un esquema tan ruinoso ya amerita una moción de censura.
Mientras que los gobiernos se conformen por las fichas de los sectores económicos más poderosos del país, continuaremos fracturando las finanzas de la Nación porque dichas personas a estos cargos a defender los intereses particulares y no generales que conlleven a una Colombia que pueda invertir en Educación, Salud, Vivienda y Transporte Público, entre otros.
El debate de Robledo y López demostró que el ministro Carrasquilla ha tomado decisiones desde los cargos que ha ocupado en el Estado para beneficiar directamente sus intereses personales. Para mí es fundamental analizar y reflexionar sobre este punto: al Congreso y al Gobierno deberían llegar personas con gran vocación de servicio no con afán de hacer negocios. Porque así hemos perdido empresas públicas que hoy están administradas por empresarios privados que fueron ministros cuando se vendieron.