Desde enero del 2017, la escritora y profesora de literatura Carolina Sanín instaurarón una tutela aduciendo que la no reenovacion de su contrato de cátedra en la Universidad de los Andes, en diciembre del 2016, constituía una violacion de sus derechos esenciales fundamentales.
El proceso disciplinario contra la educadora concluyó que “afectó la convivencia entre los miembros de la comunidad (estudiantes, profesores y egresados) por sus manifestaciones con relación a la ‘supuesta cultura carcelaria cultivada por la universidad’; la ‘crianza de delincuentes en la universidad’; la ‘condición de que la universidad se lucra de la pobreza’ y la preferencia de la profesora en la ocurrencia de actos inadecuados y violentos por parte de los estudiantes” La profesora en su momento se defendió diciendo que su expulsión "fue una decisión equivocada que afectó a mucha gente".
El fallo de la Corte Consitucional cerró la polémica afirmando que la actuación de Sanin, es decir sus "señalamientos y descalificaciones públicas" en contra de la Universidad afectaron el buen nombre de los Andes, por lo cual la institución tenía todo el derecho de terminar el contrato con una causa justa, con lo cual le dio la razón al ex rector Pablo Navas.
