La española Telefónica ha dado un paso adelante en su arbitraje contra Colombia. La operadora ha formalizado su demanda en el Ciadi, lo que supone abrir la batalla con el país, al igual que ya había hecho América Móvil, propiedad del magnate mexicano, Carlos Slim. Entre ambas compañías reclaman más de 1.200 millones de euros al país.
Colombia intentó el pasado agosto torpedear la demanda de la operadora española para que no se admitiera el proceso, pero la compañía, asesorada por el despacho White & Case, ha seguido adelante y ha presentado ya los motivos detallados de su reclamación.
El anuncio de inicio del arbitraje comenzó en febrero del año pasado, tal y como adelantó en su día ElEconomista, y tras la constitución del tribunal comienza ahora su tramitación, lo que supone que previsiblemente no habrá una resolución al menos hasta 2022, casi dos años después de la demanda presentada por América Móvil, que se espera que tenga las primeras comparecencias a finales de este año y que se pueda dilucidar en 2020.
Conflicto
El conflicto con ambas compañías comenzó el 27 de marzo de 2014 con una resolución para la renovación de las licencias en las bandas 850MHz/1900 MHz por un plazo de diez años adicionales.
Al amparo de dicha resolución, Colombia Telecomunicaciones (compañía participada, directa e indirectamente, en un 67,5% por Telefónica y en un 32,5% por el Gobierno de Colombia) renovó su habilitación para explotar dicho espectro.
Las concesiones de 1994, renovadas en 2004, bajo las que se prestaron servicios de telefonía móvil hasta el 28 de noviembre de 2013, contenían una cláusula de reversión de los activos.
Las leyes 422 de 1998 y 1.341 de 2009 aclararon, sin embargo, que en los servicios de telecomunicaciones únicamente se revierte al Estado al finalizar la concesión del espectro radioeléctrico.
Así, de 1998 a 2013 toda la industria, incluidas las autoridades, operaron bajo ese entendimiento, indica Telefónica. Ahora bien, en 2013, al analizar una acción de inconstitucionalidad de dichas leyes, la Corte Constitucional colombiana confirmó la constitucionalidad de las mismas, pero aclaró que no se podría interpretar que dichas leyes modificaran de forma retroactiva la cláusula de reversión de la concesión del año 1994.
El 16 de febrero de 2016, el Ministerio de las Comunicaciones (MinTIC) convocó un procedimiento de arbitraje contra ColTel y América Móvil de acuerdo con los términos del contrato de concesión de 1994 para que se definiera la vigencia y ámbito de aplicación de tal cláusula de reversión. El 25 de julio de 2017 se dictó el laudo arbitral, el cual no fue favorable para ColTel y sus codemandadas.
El tribunal arbitral ordenó el pago de 1.651 millones de pesos colombianos a ColTel. El 29 de agosto de 2017, la asamblea de accionistas de la filial colombiana aprobó un aumento de capital por el mismo importe, 470 millones de euros, al tipo de cambio entonces, para proceder al pago de dicha cantidad.
El Grupo Telefónica y Colombia suscribieron el aumento de capital en proporción a su respectiva participación accionarial.
"La decisión de Telefónica de participar en la ampliación de capital para proceder al pago de la cuantía impuesta en el laudo no constituye ni puede entenderse como una aceptación de dicho laudo", explica la compañía en su memoria anual. Telefónica se reservaba ya todos sus derechos y el ejercicio por Telefónica o ColTel de cualesquiera acciones legales, de carácter nacional o internacional.
Tanto ColTel como Telefónica, de hecho, han emprendido acciones legales. ColTel presentó un recurso, el 18 de agosto de 2017, para impugnar el laudo arbitral ante el Consejo de Estado de Colombia, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, que fue desestimado mediante resolución de 24 de mayo de 2018.
Recusación pendiente
Adicionalmente, el 18 de diciembre de 2017, ColTel presentó una acción constitucional (acción de tutela), para proteger sus derechos. El 15 de marzo de 2018, esta acción fue denegada, presentando ColTel otro recurso de impugnación contra dicho fallo el 18 de abril de 2018, que también fue desestimado el 24 de mayo del año pasado. El 27 de noviembre de 2018, se presentó ante el Tribunal Constitucional una solicitud de recusación, que está pendiente de resolverse.
Ante esta situación, Telefónica notificó a Colombia su intención de presentar una reclamación ante el Ciadi. Tras la expiración del plazo de preaviso de 90 días, Telefónica presentó dicha solicitud de arbitraje el 1 de febrero de 2018 y el 20 de febrero de 2018 el secretario general del Ciadi registró la solicitud de inicio del procedimiento.
Construido con información de El Economista.
