El 23 de octubre del 2019 las organizaciones defensoras de derechos humanos, la Asociación Minga, las corporaciones jurídicas, Yira Castro y Humanidad Vigente, y la Comisión Colombiana de Juristas, le entregaron en Arauca a una comisión de la JEP un expediente en donde se registraban más de 100 casos de falsos positivos perpetrados por militares en Arauca. Estos crímenes habían sido cometidos entre el 2002 y el 2008. En este departamento la impunidad en estos casos, sobre esa época, era profunda. En un aparte del informe se escribe: “la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales de Arauca completan más de una década en etapa de indagación, sin que haya habido un adecuado impulso procesal por parte del ente investigador que conlleve a su esclarecimiento y a una ejemplar sanción a los responsables”.
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En ese documento entregado a la JEP se develaban patrones que se habían visto en otros lugares del país donde se realizaron estos hechos: en Arauca también sucedía que campesinos eran pasados por guerrilleros dados de baja en combate. Les ponían, una vez muertos, camuflados y botas de caucho. Las operaciones en los que se hacían estos supuestos combates eran hechas a partir de información de inteligencia defectuosa y los propios militares eran conducidos por guías civiles que entregaban a estas personas inocentes. Había un método que se seguía a rajatabla y que correspondía al afán que se tenía, en la época de la seguridad democrática, de mostrar resultados en el ejército a partir de los litros de sangre entregados a sus superiores.
En Arauca se mantenía un silencio cómplice hasta ese año, donde las organizaciones de víctimas, cansados de la impunidad, decidieron actuar por cuenta propia. Los soldados se defendían diciendo que en ese departamento ellos tenían que actuar a diestra y siniestra porque eran atacados por avanzadas múltiples de guerrilleros: sin embargo no se reportaban casos en estas operaciones de militares heridos. Ante esto, los uniformados afirmaban que lo que usaban estos guerrilleros eran armas blancas como cuchillos y puñales, algo que pocas veces se ha constatado en la historia de las confrontaciones. Además los militares tenían una renuencia a hablar de sus superiores, los que habían dado la orden.
Esto empezó a cambiar desde ese año cuando cada vez era más común ver como en audiencias de la JEP los soldados empezaban a revelar nombres de oficiales responsables de estas operaciones. Así surgió en el 2020 el nombre del general Carlos Ovidio Saavedra Saenz, implicado en varios hechos de falsos positivos en Norte de Santander. Como comandante de la Segunda División del Ejército en el Catatumbo Saavedra Sáenz fue señalado de participar en 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas. Él lo negó todo, aunque se entregaron audios que lo incriminaban. En uno de ellos él afirmaba lo siguiente a uno de sus coroneles: “Usted sabe cuál es su compromiso, mi coronel. Usted sabe cómo tiene que trabajar allá. Usted sabe que es un área, es el área estratégica No. 1 de la Segunda División. Ahí lo que hay es bandidos, usted dispara, hace un tiro y mata a tres bandidos […] Usted tiene que dar resultados, necesito los muertos”. Con Saavedra Sáenz se repiten todo el tiempo las mismas frases con las que el ejército alentaba a tener resultados. El general en ese momento negó todo ante la JEP y al caso le pusieron unos puntos suspensivos.
El 15 de agosto del 2003, en el diario El Tiempo, encuentro un artículo que dice: El dilema del general. El periódico en ese momento se preguntaba por los resultados que mostraba en cuanto a bajas la Séptima Brigada en Arauca contra la insurgencia. Sin embargo, este era uno de los departamentos más azotados por el ELN. Esto dice El Tiempo en la nota de ese momento sobre los resultados que presentaba la Séptima Brigada a cargo del general Saavedra: “esta unidad militar es la segunda en resultados operacionales en todo el país y el Batallón de Infantería 21 Vargas, que opera en la región del Ariari, adscrito a la Séptima Brigada, es el primero del país, pues es el que más número de bajas enemigas presenta. Sin embargo, resulta paradójico que la región del Ariari es donde más ha atacado la guerrilla en el último año, pues municipios bajo la jurisdicción del Batallón 21 Vargas como Puerto Lleras y San Martín son los que más han sido blanco de los ataques por parte de los grupos armados”. El secreto podría estar en la práctica de falsos positivos.
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Cuatro años después de su primer llamado por primera vez, la JEP vuelve a citar al general Saavedra para responder por más de 100 falsos positivos en Arauca. Los casos de falsos positivos en este departamento, olvidados en el pasado gobierno, han tenido preponderancia en este. Incluso en octubre del 2023 el ministro de defensa Iván Velásquez viajó hasta Arauca a pedir perdón por ocho víctimas de ejecuciones extrajudiciales en ese departamento.
Sobre el general la JEP afirmó lo siguiente: “La Sala ha encontrado que, el desarrollo de las operaciones militares en las que tuvieron lugar los hechos previamente referidos pudo involucrar las funciones de mando y control a cargo del señor Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, como comandante de la Séptima Brigada. Adicionalmente, en múltiples versiones voluntarias practicadas se hizo referencia al señor Saavedra Sáenz o al ejercicio de las competencias propias del cargo que desempeñó”.
Una de esas fue un bombardeo realizado contra el Bloque Centauros en donde habrían caído varios civiles que fueron pasados por paramilitares.
El nombre de este general ha salido en innumerables informes presentados por asociaciones de víctimas que esperan se haga por fin justicia.
