Carlos Camargo ha sabido moverse con una gran destreza política para lograr los cargos que ha ocupado en sus más de 15 años de experiencia. Y su llegada a la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2020 no fue la excepción. Camargo Assis, de origen cordobés y conservador de la mano de su suegra Nora García Burgos y su primo David Barguil Assis, ha establecido muy buenas relaciones con casi todos los partidos políticos, como lo demostró para poder ponerse el chaleco de defensor del pueblo.
Apenas llevaba unas semanas posesionado cuando comenzó el revolcón en la Defensoría. Camargo fue elegido tras un fuerte lobby en la Cámara de Representantes, donde consiguió 140 de los 154 votos, y recibió decenas de hojas de vida de los partidos políticos y el Gobierno nacional para conformar su equipo en Bogotá y en algunas seccionales con un solo criterio: complacer a sus electores.
Los defensores regionales tienen en sí la última palabra de los lineamientos en contratación que cada oficina considere necesarias a su discreción, conforme a los planes de trabajo que sean propuestos y aprobados por la central en Bogotá. Además, por ser estos cargos de alta importancia al coordinar la confluencia de instituciones nacionales alrededor de temas de protección y defensa de los derechos humanos en cada territorio, los hacen muy apetecidos desde las plataformas políticas. Por esto las designaciones han sido en su gran mayoría encargos políticos como se puede evidenciar en 16 de las 32 defensorías regionales:
La primera opción de Camargo en la Defensoría Regional de Bolívar fue el exdiputado liberal José Hilario Bossio, quien fuera secretario del Interior del exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossain, recordado por el ‘cartel de la hemofilia’, a quien le formularon cargos -en agosto de 2019- por irregularidades en el pago de servicios médicos por más de $16.000 millones durante su mandato. A pesar de que dicho nombramiento fue abiertamente rechazado por los tres sindicatos de la Defensoría del Pueblo, este fue reafirmado por Camargo en febrero de 2021.
El defensor regional en el departamento del Meta, Jhorman Julián Saldaña, es abogado especialista en derechos humanos y DIH y fue nombrado por Camargo en enero del 2021 después de estar 2 años como secretario social en la Gobernación del Meta de Juan Guillermo Zuluaga, a la que llegó recomendado por la senadora de La U, Martiza Martínez. Saldaña fue director regional del Departamento de Prosperidad Social entre 2014 y 2019, puesto al que llegó también por la vía de la senadora Martínez. Fue personero municipal y auxiliar en la casa de justicia de Villavicencio.
El exconcejal de Barranquilla, Carlos Julio Manzano, duró solo quince días como defensor en la seccional de la Defensoría en el departamento del Atlántico en donde fue nombrado por Camargo en septiembre de 2020. Su prontuario en temas de corrupción obligó a Camargo a revertir su nombramiento y pedirle la renuncia pues pesaron las condenas de Manzano por los delitos de concusión, constreñimiento y estafa agravada en los años 90. También fue condenado por el multimillonario desfalco a Foncolpuertos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato, falsedad material de empleado oficial en documento público. En el 2004 pagó una condena de dos años en casa por cárcel.
Lo reemplazó entonces el abogado Miguel Linero de Cambil Álvarez quien fue nombrado defensor ante la regional en Atlántico en enero de 2021 sin tener previa experiencia en la institución. Linero, quien fue mano derecha del excongresista Orlando Abello cuando fungió como registrador Nacional en 1994, venía de ejercer como asesor de Presidencia desde 2019 después de haber sido diplomático en Australia, en donde fue nombrado provisionalmente en 2015.
El abogado especialista en derecho administrativo y gerencia pública Teobaldo Núñez fue el perfil escogido por Carlos Camargo para presidir la regional en Sucre, una de las más importantes por las dinámicas de violencia en dicho departamento. Nuñez fue secretario de Gobierno del exalcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep, de quien es cercano, razón por la cual a su trayectoria política la vinculan con el clan Quessep. Además, se desempeñaba como asesor en la Alcaldía de Andrés Gómez, aliado del primer círculo político de Quessep. Sin previa experiencia en derechos humanos, Nuñez aterrizó como defensor regional después de haberse desempeñado como secretario general de la Contraloría de Sincelejo.
El abogado José Augusto Rendón García fue nombrado defensor Regional en Urabá en marzo de este año, despertando conmoción en diferentes colectivos de DDHH y reclamantes de tierras. Aunque no tiene plataforma política, Rendón fue el abogado de Claudia Ángela Argote, condenada y obligada por el Tribunal Superior de Antioquia a regresar tierras despojadas en Chigorodó. También fue abogado de Antonio Argote Bolaños, asociado de los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada del Urabá, una empresa que sirvió para recibir y entregar dineros a los paramilitares por parte de ganaderos y bananeros. Ha sido un fuerte crítico de la restitución de tierras y ha promovido que los reclamantes busquen acuerdos comerciales con los nuevos dueños de sus tierras.
La defensora regional en Santander, Janeth Tatiana Abdallah, es sobrina del exgobernador liberal Mario Camacho, condenado por irregularidades en contratación y también es cercana al representante Édgar Alfonso Gómez Román de quienes fue contratista en la Gobernación y en el Icbf regional cuando Gómez estaba al frente de la sede de dicha entidad en Bucaramanga. Incluso su nombre sonó para presidir la oficina del Instituto de Bienestar Familiar en el 2019.
La abogada Nancy Mattar es la defensora regional en el Vichada desde enero. Su hoja de vida llegó desde el uribismo en dicha región. Venía de ser secretaria de gobierno de Marcos Pérez Jiménez en la alcaldía de Puerto Carreño, directora territorial del Ministerio de Trabajo encargada por Alicia Arango y anteriormente secretaria de Asuntos Indígenas del gobernador uribista Álvaro León. En los últimos 12 años ha sido un enlace electoral del Centro Democrático en el Vichada, de donde es oriunda.
La hoja de vida del actual defensor regional en Boyacá, Fredy Giovanny Pardo Pinzón, llegó al despacho de Carlos Camargo por encargo del Representante a la Cámara por el Partido Liberal Rodrigo Rojas Lara, quien fue el posibilitador de la reunión entre Camargo -cuando era candidato a la Defensoría- y el jefe de los liberales, Cesar Gaviria, en la que concretó los votos necesarios para llegar a la Defensoría del Pueblo. Avalado por el Partido de la U, Pardo fue candidato a la alcaldía de Moniquirá en Boyacá, en las elecciones del 2019 y también al Concejo de Bogotá en las elecciones del 2015. Fue nombrado en la defensoría en diciembre de 2020.
El pasado 22 de abril, el excandidato liberal a la alcaldía de Cúcuta, Jaime Ricardo Marthey, fue designado como nuevo defensor regional de Norte de Santander. Desde 2017, Marthey es miembro de la mesa directiva del Partido Liberal para Cúcuta, ciudad donde también fungió como concejal entre 2016 y 2019. Dicho nombramiento suscitó un rechazo pronunciado por parte de los sindicatos de la Defensoría pues se trata de una de las oficinas regionales más complejas por las problemáticas de la frontera con Venezuela.
Álvaro López, el escogido por Camargo para la regional en Caldas, es militante del Partido Conservador, casa política por medio de la cual pudo llegar a ser concejal de Manizales durante varios periodos en los años 90. Antes de llegar a la Defensoría, López se desempeñaba como presidente de Sirbaca, el sindicato de los bares de Manizales, y durante los últimos cinco años fue delegado en Caldas del registrador. Pertenece a la línea política del representante Félix Chica, de quien es muy cercano.
Wilson Alberto Núñez, defensor Regional de Bogotá, fue nombrado en diciembre del 2020 a pesar de no contar con experiencia acreditada para el ejercicio de dicho cargo. Según el SIGEP, cinco de los siete años de experiencia profesional que Nuñez tiene son como coordinador jurídico del Centro Democrático, partido del que se identifica como ferviente militante en sus redes sociales.
Según fuentes internas, el reconocido abogado payanés, Daniel Molano, es cercano al representante Crisanto Pisso y también al político uribista Juan José Chaux Mosquera. Según dijo el periodista caucano Ovidio Hoyos, Molano habría aterrizado en la Defensoría del Pueblo, al ser nombrado en la regional del Cauca, gracias a una "alianza política entre la U y el liberalismo encabeza de los representantes Faber Alberto Muñoz Cerón y Crisanto Pisso Mazabuel". Molano, quien es especialista en derecho administrativo, fue gerente departamental de Telecom en el Cauca de 1995 a 1999 y en el 2003 entró a la Registraduría como delegado departamental, cargo que mantuvo por más de 15 años.
Frente a la defensoría regional de Cundinamarca está María Elizabeth Valero, quien fue nombrada por Camargo en enero de 2021. Valero ha sido asesora de la Asamblea de Cundinamarca, secretaria de Educación de la gobernación del departamento, jefe de la Unidad de Contratación y alcaldesa encargada de Cota; secretaria privada de Jorge Rey en la Gobernación de Cundinamarca y directora de la Unidad Administrativa de Pensiones del departamento. Es esposa del Alcalde de Madrid, Andrés Tovar Forero, quien también trabajó con Rey, como secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Es administradora pública y especialista en derecho constitucional.
Desde febrero de 2021, el nuevo director de la Defensoría Regional de Magdalena Medio es Didier Augusto Rodríguez, quien fuera el gerente de campaña del actual representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros, en las elecciones de 2018 y con quien trabajó como asesor en su UTL por dos años una vez posesionado. Rodríguez recibió el aval del uribismo con el que aspiró sin éxito a una curul en la Asamblea de Santander en 2019. Al tratarse de una de las oficinas regionales más grandes, pues tiene jurisdicción en 43 municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Magdalena y Santander, el nombramiento de Rodríguez se sintió duro por no tener experiencia previa en dicha institución.
La defensora regional en Antioquia se llama Yucelly Rincón y es una de las cuotas conservadoras en la Defensoría del Pueblo. Es abogada y tiene una especialización en Derecho Laboral. Por más de 5 años fue asesora jurídica en la Cámara de Representantes, a donde llegó gracias al congresista Germán Blanco después de haber apoyado su campaña en el 2018.
Gaby Andrea Gómez, defensora regional en Tolima nombrada por Camargo en enero de este año, llegó por primera vez a dicha institución en 2017 como personal administrativo. Es abogada con maestría en estudios culturales y hace parte del grupo del representante conservador José Élver 'Choco' Hernández, heredero político del fallecido Humberto Gómez Gallo, de quien era cuñada pues está casada con Ruben Darío Gómez Gallo, hermano del exsenador.
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