Carlos Caicedo regresó al país después de que saliera amenazado por el Clan del Golfo que habría adelantado un plan para asesinarlo. El gobernador del Magdalena le estaba pidiendo al Gobierno nacional brindarle las garantías de seguridad, pero este habría decidido quedarse quieto, por lo que la gobernación tuvo que asumir los gastos de protección ampliando un convenio con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que Caicedo pueda contar con cinco escoltas y unas camionetas blindadas.
En marzo Caicedo se quedó sin esquema. El gobernador estaba en San Sebastian cuando sus escoltas recibieron la orden de devolverse. Lo dejaron solo en el municipio del Magdalena. Poco tiempo después la UNP le envió una cotización de cuánto costaba su seguridad. Por dos escoltas y una camioneta el gobernador tenía que pagar más de $300 millones. ahora, para poder regresar al país, tuvo contratar con la UNP tres escoltas más, según las recomendaciones de la misma entidad que hizo un estudio de seguridad para el gobernador. Caicedo no tenía de otra, debía regresar a sus funciones después pedir unos días de vacaciones para poder salir del país mientras su defensa jurídica y una comitiva viajaba a Washington para interponer un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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