A finales de 2004, familiares de profesores y estudiantes asesinados en el curso del peor sino trágico evento vivido en la historia de la Universidad del Magdalena visitaron varios medios de comunicación de Bogotá para señalar como determinador de los crímenes al entonces rector del claustro, Carlos Caicedo Omar.
En el curso de los 15 años siguientes, algunas de ellos dijeron que habían sido asaltados en su buena fe y otros, con franco arrepentimiento, admitieron que fueron presionados por emisarios de grupos paramilitares y del entonces gobernador del departamento, Trino Luna, uno de los más duros contradictores de Caicedo.
Fueron necesarios casi cuatro lustros para que la Fiscalía decidiera archivar el proceso contra Caicedo, iniciado el 5 de septiembre de 2004, cuando se cumplía el segundo aniversario de la muerte violenta de Roque Morelli Zárate, decano de la Facultad de Educación.
Luna había promovido también otros procesos fiscales, disciplinarios y penales contra Caicedo tras acusarlo de haber saqueado las arcas de la universidad tras la mampara de un acuerdo conciliatorio con 48 profesores que reclamaban el pago de sus cesantías. Aunque Luna fue destituido a la postre por nexos con grupos de autodefensa, las relaciones de Caicedo con sus sucesores Omar Díaz Granados y Luis Miguel Cotes tampoco fueron las mejores.
En 2011, cuando el exrector ganó la Alcaldía de Santa Marta, estaba empapelado. Antes y después de la campaña siguieron lloviendo en su contra denuncias por corrupción lanzadas, según él, por sectores de ultraderecha que lo miraban con recelo y odio su pasado como candidato de la Unión Patriótica a la Asamblea Constituyente de 1991 y como vocero de la Corriente de Renovación Socialista -antigua facción del ELN- en un proceso de paz que llevó a su desmovilización.
Los procesos en su contra llegaron a sumar 97 (85 penales y 12 disciplinarios y fiscales). Por estos días está llamado por la Fiscalía General de la Nación a imputación de cargos ante la Corte Suprema de Justicia como uno de los presuntos autores de una cadena de irregularidades denominada por el ente acusador como “el robo de Magdalena”.
En sus redes el ahora gobernador Carlos Caicedo ha dicho que una de las cosas que más le duelen esta vez que es que los fiscales delegados ante la Corte hayan decidido incluirlo en el mismo costal de las responsabilidades con Luis Miguel Cote y Rosa Cotes Vives, miembros de un clan al que él dice haber combatido. El martes 8 de marzo, en su primera comparecencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, proclamó su inocencia.
Sin embargo, las cosas esta vez parecen distintas porque no están basadas en versiones, sino en los resultados de pruebas recolectadas sistemáticamente por un equipo de fiscales a cargo de Gabriel Jaimes Durán. Jaimes es recordado por haber pedido el archivo de la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y para el gobernador del Magdalena eso representa un signo de que no es imparcial.
El fiscal Jaimes, jefe del equipo, no se hizo cargo directamente de sustentar la imputación. Esa tarea le fue asignada a Víctor Salcedo, otro experimentado operador judicial.
Con base en denuncias de ciudadanos y organizaciones sociales los investigadores recogieron una muestra de contratos celebrados por la gobernación de Magdalena entre los años 2013 y 2019. Analizaron también la gestión contractual de Caicedo durante su paso por la Alcaldía de Santa Marta.
Según la Fiscalía, sus comisionados encontraron “mérito suficiente para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos”.
Al sumar cuantías, el fiscal Jaimes considera que los hermanos Cote y Caicedo serían responsables de la pérdida de más de $457.670 millones. Los contratados tachados provisionalmente de ilegales se relacionan con obras para el mejoramiento de la infraestructura del departamento y para colegios de Santa Marta.
Los fiscales consideran reprochable que Caicedo, pese a su formación como abogado y su experiencia en el manejo de recursos públicos, hubiese optado por “lesionar los intereses económicos de la ciudad y defraudar a toda una sociedad, particularmente la niñez de sectores pobres y vulnerables del corregimiento de Bonda y el barrio de Ciudad Equidad”.
Biblioteca del Colegio San Pedro Alejandrino de Santa Marta
Los reparos judiciales apuntan, en primer término, hacia un contrato celebrado el 30 de diciembre de 2014 para la construcción de una mega biblioteca (así la denomina el contrato) para el colegio San Pedro Alejandrino. Los cargos imputados por este negocio están relacionados con los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Habría sobrecostos cercanos a los $5.000 millones.
Un segundo contrato del que se derivarían responsabilidades para el mandatario departamental es el de la construcción de dos centros de desarrollo infantil y de ludotecas para el barrio Ciudad Equidad, del corregimiento de Bonda. El valor del contrato, con adiciones, llegó a los $6.954.
Caicedo será exhortado a responder también por la firma, pocos días antes de dejar el cargo de alcalde, en 2015, de otro contrato para la adecuación del coliseo de Gaira a un costo de $2.782 millones. La obra fue concluida durante el mandato de Rafael Martínez, su sucesor.
Por esa razón deberá defenderse de los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
El gobernador ha insistido en que todavía persiste una carga de intención política en su contra. Sin embargo, el riesgo de ir a detención preventiva deberá ser enfrentado con evidencias.
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