Hay una imagen viva en la memoria de quienes aquel 17 de abril de 2000 hacían parte de la comunidad académica de la Universidad del Magdalena. El estudiante Hugo Elías Maduro Rodríguez acudió a una audiencia pública convocada por el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, y denunció que el rector Carlos Caicedo no cumplía con los requisitos para desempeñar el cargo. El joven exhibió el acta de grado del rector como abogado y otros documentos que probaban que cronológicamente que no estaba titulado como abogado cuando el gobernador Jorge Caballero lo llevó al cargo.
Menos de dos meses después, el 26 de mayo de ese mismo año, el estudiante fue asesinado por sicarios. Su muerte haría parte de una racha trágica y dolorosa para la Universidad. En la misma época, pistoleros al servicio de paramilitares, segaron las vidas del profesor Roque Morelli Zárate y del vicerrector académico, Julio Alberto Muñoz. Morelli y Muñoz tenían algo en común: solían hablar en público y en privado de los malos manejos administrativos que afectaban la marcha de la Universidad y que ambos atribuían a Caicedo.
Antes de que la justicia comenzara a tomar decisiones de fondo, era conocido que Caicedo no tenía buenas relaciones con ello. La crónica roja del momento exacerbaba el morbo alrededor de la muerte del profesor Morelli al recordar que estaba casado con Yolima Ruiz, exnovia del rector. La viuda recordaría tiempo después que Caicedo “era capaz de todo” porque alguna vez lo oyó impartiendo ordenes criminales por teléfono y a partir de allí rompió su relación sentimental con él. Luego, asediada por las amenazas, tuvo que marcharse al exilio.
Los familiares de las victimas acusaron a Caicedo -hoy gobernador de Magdalena- de ser el determinador de aquellos asesinatos
Sus versiones parecían encontrar respaldo probatorio cinco años más tarde, cuando se produjo la desmovilización masiva de grupos paramilitares al amparo de la Ley de Justicia y Paz. Dos desmovilizados, Adán Rojas y su padre conocido con el alias de ‘Goyo’ Rojas, comparecieron ante la unidad especializada de la Fiscalía y testificaron contra Caicedo.
Según ellos, el rector sostuvo reuniones clandestinas con Neyla Alfredina Soto o ‘doña Sonia’ -mano derecha del jefe paramilitar ‘Jorge 40’- y le entregó una lista de “objetivos militares”, entre los que estaban el estudiante, el profesor y el vicerrector. Incluso ofrecieron evidencias que a los ojos de la justicia podrían ser comprometedores. La agenda personal del profesor Morelli, hallada junto a su cadáver, apareció días después en la oficina del rector.
Curtido en las lides de los ataques, las defensas y los contraataques, Carlos Caicedo se ha declarado víctima de “ardides y persecuciones” durante estos veinte años. Ha presentado recursos y se ha pagado a algunos de los mejores abogados. El pasado 3 febrero de 2023 el gobernador de Magdalena parecía haberse adjudicado una victoria judicial decisiva porque la Fiscalía Quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso la preclusión del proceso contra Caicedo por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
Según la Fiscalía, como no existían pruebas contundentes para probar la inocencia de Caicedo y tampoco su responsabilidad, era necesario archivar el causo bajo la figura jurídica de la duda razonable.
El abogado Julián Quintana, apoderado de la parte civil (representante de las víctimas) presentó una acción de tutela contra la Fiscalía por violación al derecho fundamental al debido proceso
Expuso que, luego de solicitarle en múltiples oportunidades a la Fiscalía Quinta celeridad en el proceso y que dictara resolución de acusación, sus peticiones fueron desestimadas sin fórmula de juicio.
Quintana, exdirector del CTI, interpuso un recurso de apelación y la misma Fiscalía, sin tener según él facultades para hacerlo, resolvió negativamente el recurso como si se tratara de una reposición (único caso en el que resuelve la misma autoridad que toma la decisión inicial).
Con ponencia del magistrado Julián Hernando Rodríguez Pinzón, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá amparó el derecho constitucional fundamental al debido proceso y acceso a la administración de Justicia del abogado Quintana, dejó sin efectos la decisión de la Fiscalía y le ordenó dar respuesta a un recurso de queja presentado por el representante de las víctimas.
La decisión se produce mientras el gobernador Carlos Caicedo comparece en varias audiencias relacionadas con otros delitos que le imputa la justicia, relacionados con violaciones al Estatuto de Contratación y favorecimientos indebidos en el desarrollo de proyectos en los que están refundidos millonarios recursos públicos de su departamento.
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