Las tres audiencias de imputación de cargos que la Fiscalia General de la Nación programó en menos de una semana contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo ha desatado unas acciones colectivas (bloqueos, concentraciones, marchas) por parte de sus seguidores tanto en Santa Marta como en el resto del Magdalena, sobre todo ante lo que consideran una abierta y vulgar persecución por parte del ente acusador.
Que la Fiscalía incluya de manera inaceptable y con afanes políticos más que jurídicos al alto funcionario en El Gran Robo Al Magdalena como ha llamado al saqueo prolongado que involucra al clan de los Cotes no es otra cosa que una operación del más burdo tinte politiquero para sacar del cargo al único gobernador progresista que ha tenido el departamento en toda su historia.
En las dos primeras audiencias hemos presenciado un pobre, ridículo y repudiable espectáculo en donde la improvisación de los fiscales han puesto al descubierto la degradación ética, moral y jurídica de la Fiscalía y el uso que se hace del organismo para atacar y perseguir a un fucionario como Carlos Caicedo por lo que piensa, dice y hace.
Así, acusarle de tres obras inconclusas durante su periodo de alcalde 2012-2015 (la megabiblioteca, el Coliseo de Gaira y el CDI de Mamatoco) cuando ellas gozan de buena salud y la ciudadanía disfruta de las mismas, es un acto de una vileza inimaginable.
De este modo, ver y oír al fiscal Victor Salcedo en un círculo retórico, memorístico y repetitivo, sin demostrar la prueba objetiva y las razones de peso por las cuales al gobernador Carlos Caicedo se le debe privar de la libertad y separar por ende de su cargo, es un hecho que vuelve indigna la profesión del derecho y evidencia que el país requiere con suprema urgencia un cambio profundo en la fiscalía.
No hay duda: la sociedad colombiana requiere una fiscalía profesional, ética, ponderada, en los predios del Estado de derecho y, por tanto, bien lejos del clientelismo y la corrupción que la abraza.
No es la primera vez que la fiscalía ha actuado contra Caicedo para sacarlo de un cargo público. Hace años, Gabriel Jaimes Durán, el actual coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia le abrió una causa cuando se desempeñó como rector de la Universidad del Magdalena por el pago de unas cesantías que la institución debía a una decena de profesores.
Aquel pago legal y justo fue instrumentalizado por Jaimes Durán y el parapolítico gobernador Trino Luna para promover su salida del alma mater, a lo que le siguió su condena y privación de la libertad por más de cinco años. Un juez de la república terminaría concluyendo que la actuación del hoy gobernador fue ajustada al derecho y se comprobó asi su inocencia.
Y mientras esto se producía, otra causa en contra de Caicedo, tan tenebrosa como la anterior, le promovía la fiscalía. Se trataba de nada más y nada menos que de investigarlo como determinador de los homicidios de tres miembros de la universidad del Magdalena: Hugo Maduro (2000), Julio Otero (2001) y Roque Morelli (2002)
Estos hechos siempre imputables a los paramilitares se los quisieron adjudicar varios operadores de justicia y miembros de los clanes del Magdalena, al fundador de Fuerza Ciudadana.
El pasado mes de febrero y después de 20 años (¡y 53 fiscales!) el caso fue precluido como quiera que no se encontró ninguna prueba material que lo incriminara. No hay duda que se hizo justicia tarde, de ahi que podemos decir que la justicia retardada, es una injusticia manifiesta.
Qué curioso: mientras la Fiscalia le precluía el caso de los homicidios, le abría tres causas con físcales distintos por tres aparentes obras inconclusas. Increible que el fiscal coordinador de esta nueva persecución sea Gabriel Jaimes Durán, el mismo que pedía sin ningún pudor jurídico la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno. Es claro que Jaimes Durán no reúne el mínimo de imparcialidad que requieren estas causas que la fiscalía promueve contra el gobernador Carlos Caicedo.
Reconozcámoslo: a Caicedo lo investiga una Fiscalía mercenaria. En estas condiciones a lo único que hay que aferrarse es a que los magistrados de la Corte Suprema actúen en derecho y en justicia. Nunca mejor dicho: Buena la justicia si no la doblara la malicia. A estas alturas de las circunstancias atinamos a decir: Caicedo, el eterno perseguido.
El 14 de marzo se escenificó la tercera audiencia (la segunda fue aplazada por el pobre espectáculo del fiscal Salcedo) y esta correspondió a los CDI de Bonda y Ciudad Equidad. El acto terminó con una brutal carga policial del ESMAD en Santa Marta en contra de unos jóvenes seguidores del gobernador Caicedo, hecho que nos hizo recordar la masiva violación a los derechos humanos en que incurrió este repudiable cuerpo cuando violentó a cientos de jóvenes en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali entre otras.
La violencia policial que se vivió en Santa Marta tiene nombre propio: fue autorizada por la coronel Adriana Paz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. A la primera autoridad policial del distrito hay que recordarle que estamos en el gobierno de Gustavo Petro y no en el de Iván Duque. En este último quiero recordar que el ESMAD tuvo licencia para violar, mutilar, desaparecer, torturar y asesinar a decenas de jóvenes.
En el gobierno de Colombia como imperio de la vida, la Policía Nacional debe estar en el marco del Estado social de derecho y del respeto a los derechos humanos.
Finalmente, la protesta pacífica es un derecho de la ciudadanía y un deber del Estado garantizarla. La violencia policial de ayer es una razón más para exigir el desmonte del ESMAD y la reforma que haga posible que la policía nacional esté adscrita al Ministerio del Interior y no al de defensa.
