Proveniente de una tradicional familia de Pasto, Carlos Albornoz Guerrero, quien había accedido al círculo social de Bogotá por cuenta de su matrimonio con Blanca Bernal una de las dos herederas de Radio Santa Fe la exitosa emisora fundada por su padre Adolfo Bernal que dejó huella en Bogotá además de ser un gran negocio terminó nombrado por el Presidente Alvaro Uribe como gerente en la Dirección Nacional de Estupefacientes en el 2006.
Empalmaba en este cargo después de haber sido en cuatro periodos congresista del Partido Conservador siguiendo con la historia política de su padre Carlos Albornoz Rosas, quien habia sido un pro-hombre nariñense, gobernador del departamento, senador y embajador. Tenia todos los pergaminos para hacer una gestión impecable, pero tanta riqueza ajena, atesorada con los dineros de la mafia terminaron omnubilándolo en lo económico y lo político. Pronto lo volvería un fortín conservador de privilegios en donde favoreció a un muchos colegas del congreso, buena parte de ellos conservadores, con su coterránea Miryam Paredes como tambor mayor. Muchos terminaron judicializados y Albornoz condenado a 19 años .
Si bien se sabía de la corrupción de la entidad, Carlos Albornoz se desbordó. Los detalles no podrían ser más escabrosos. Y se metió con propiedades de narcos duro. La finca se llamaba Jesús del Río, estaba ubicada en el municipio de Zambrano, departamento de Bolívar y su dueño era Luis Enrique “Miki” Ramirez, socio de Pablo Escobar y uno de los narcotraficantes que ayudó a conformar, con su chequera, el Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. La finca de Ramírez fue incautada en el año 2006 y la información que entró al inventario del DNE fue solo de 533 hectáreas, una tercera parte de su dimensión real que eran 1600.
La Fiscalía comprobó en el año 2021 que Albornoz Guerrero aprovechó su cargo para proponerle a un tercero comprar, usando una de sus empresas, la finca por $ 2.730 millones cuando su valor real era de $ 4.442 millones. El 10 de septiembre del 2021 un juez ratificó la condena de 19 años sobre Albornoz por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso.
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La experiencia de Albornoz en los lides políticos era de vieja data. Muy joven, a los 22 años, se estrenó como diputado de la Asamblea de su departamento. A los 24, Julio César Turbay Ayala, entonces presidente, lo nombró Alcalde de Pasto en 1980 y dos años después, Belisario Betancourt le daría la gobernación de su departamento. Saltó fácil al congreso recién en 1990 donde estuvo hasta el 2006 cuando asumió el DNE donde estuvo solo 3 años. Una vez se retiró, quiso jugar duro en la campaña conservadora y participó en la consulta entre Noemi Sanin y Andrés Felipe Arias, como jefe de debate de este último quien fracasó en el intentó y Albornoz quedó en pausa política.
Creada por Virgilio Barco en 1990 la Dirección Nacional de Estupefacientes fue uno de los órganos más cuestionados del Estado. El primer gran problema fue su incapacidad para cumplir sus funciones. Ni siquiera hubo en algún momento claridad sobre los bienes incautados.
En la administración de Albornoz hubo casos como el de la Hacienda El Japón, en pleno Magdalena Medio, que fue arrendada con un precio de 1.700.000 cuando su valor real de mercado, si se arrendara de manera real, era el de 30 millones de pesos. Esto se hacía para favorecer a terceros.
Albornoz pertenece a una lista de cuestionados directores de la entidad que tuvieron que retirarse por diferentes escándalos. El caso del coronel en retiro Edgar Plazas Vega fue uno de los más emblemáticos. Su designación estuvo cargada de polémica debido a su participación en la sangrienta retoma del Palacio de Justicia que terminaría con cerca de un centenar de desaparecidos y torturados que iban a parar a la Casa del Florero. Aunque Plazas Vega fue absuelto la investigación y acusación en su contra le impidieron seguir en el cargo. Pero son los últimos directores los que estuvieron envueltos directamente en escándalo de corrupción.
La Procuraduría no sólo le abrió investigación por la compra de la finca al ex socio de Escobar sino por presuntas irregularidades que tienen que ver con los bienes de la Sociedad Cispatá, promotora hotelera. La acusación de la Procuraduría contra Albornoz fue la siguiente: “injerencia indebida del entonces Director para que la designación recayera en personas que tenían estrechos vínculos de amistad con el implicado en el proceso penal".
Una vez se fue Albornoz entró a reemplazarlo Omar Adolfo Figueroa Reyes, quien era el subdirector de bienes de la entidad y en donde ya se le venía haciendo un seguimiento a su gestión, enlodada por favorecer a narcos como a un padrino de matrimonio del Loco Barrera, uno de los narcos más representativos del Cartel del Norte del Valle. Además una mujer denunció a su papá por presuntamente estar envuelto en negocio de bienes de la DNE. Otros directores de la entidad, como Carlos Vives Menotti, quien estuvo entre el 2004 y el 2005 o funcionarios como los exsecretarios generales Gonzalo Martín Gutierrez Diaz-Granados y Alejandro Vélez Múnera fueron imputados por la Procuraduría también por corrupción. Incluso uno de los hermanos de Vives Menotti, Patricio, había sido condenado en Estados Unidos, en el año 2001, por tráfico de drogas.
El gobierno del Presidente Santos recibió un caos total. El 4 de enero del 2011 la administración Santos enumeró en 73.324 los bienes que se poseían. Sin embargo era difícil desglosar cuales de ellos eran fincas, apartamentos, carros o aviones. Se desconocía incluso su valor de mercado. Lo más parecido a un inventario se deja ver en esta lista:
Aviones: 346
Obras de arte: 382
Motonaves: 347
Fincas: 3.180
Casas o apartamentos en las ciudades: 17.781
Vehículos: 10.043
Y luego aparece en la categoría de otros 19.804, es decir el 27% de los bienes, sin ser clasificados.
El gobierno Santos vio la oportunidad de buscar la manera de avanzar para lograr disponer de los bienes de una manera más expedita de los bienes incautados y el 2 de septiembre del 2011 nació la Sociedad de Activos Especiales.
Un año antes de que Santos diera por terminada la DNE la Procuraduría determinó que, dentro de la entidad, habrían por lo menos tres carteles de tráficos de bienes.
El modus operandi eran entregarle millonadas a empleados para que pudieran darle estas propiedades a gente cercana a los mafiosos, dueños de los bienes, y se los cuidaran mientras se arreglaba el problema. Además, varios congresistas estuvieron salpicados en la corruptela. La lista, de los congresistas a los que la Corte Suprema de Justicia pidió revisar sus patrimonios, no pudo ser más larga: Humberto Gómez, Hernán Andrade, Javier Cáceres, Eduardo Enríquez Maya, Miguel Pinedo, Omar Yepes, Lucero Cortés, Myriam Paredes, Cristóbal Rufino Córdoba, Héctor Avilés, Álvaro Asthon, Óscar Bravo, Enrique Caballero y Jaime Yepes.
Con la lentitud de la justicia colombiana a varios de los imputados han salido libre por vencimiento de términos. Los últimos han sido los valuadores del clan mafioso Nasser Arana, William Miguel Scaff, Luis Rafael Hoyos, Jorge Enrique Donado, quienes estaban a cargo del Centro Comercial Villa Country en Barranquilla.
El testimonio de Camilo Bula, el ex fiscal anti-mafia, quien fue condenado por haber sido cómplice de varios escándalos del DNE, fue trascendental para condenar a Albornoz. Ahora, con Bula libre y con el ventilador prendido. El nuevo gobierno no piensa ya en este espejo retrovisor sino en ver la manera como convierten la fortuna en bienes de la mafia en recursos, líquidos, que permitan implementar los proyectos sociales del gobierno en la zona rural pero también en las ciudades. La tarea la tiene Daniel Rojas como cabeza de la Sociedad de Activos Especiales y quien fue el director programático de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
