El Estado de Jalisco (México) aplica un revolucionario programa de reinserción social a favor de la población carcelaria. Su gobernador, Enrique Alfaro, está decidido a aplicar un plan de choque que promueva la integración social de los reclusos que cumplen condena en las cárceles del estado. Su principal propósito es reconstruir el sistema carcelario que quedó completamente abandonado por anteriores administraciones por culpa de la corrupción y los malos manejos. La clave de este ambicioso plan es la rehabilitación integral de los reos (Tanto de la sección masculina como la femenina) a base de educación y la formación profesional para transformarlos en artistas, escultores, pintores, panaderos, peluqueros, artesanos, soldadores, costureros, cocineros, etc.
Por eso el gobierno de Jalisco o de la “refundación ciudadana” apuesta por una política humanista antes que punitiva o de castigo pues al reo hay que darle la oportunidad de redimir sus penas por buen comportamiento y trabajo (un derecho recogido en la constitución mexicana). Porque una vez en libertad sin un oficio y un puesto de trabajo fijo se corre el riesgo de que vuelvan nuevamente a reincidir en los actos delictivos.
Se tiene la imagen de la prisión como una mazmorra fría y mortecina rodeada de murallas donde se hacina la población carcelaria. Y para rematar en México las cárceles son consideradas escuelas de delincuentes u oficinas de las mafias desde donde los jefes de las bandas criminales y los capos de los carteles controlan y dan ordenes, no solo el penal, sino también las operaciones en el exterior. Se ha demostrado por los sociólogos y psicólogos que los métodos punitivos no hacen más que acrecentar el odio y la venganza social. Si no se impone una cultura de la paz todos estos esfuerzos institucionales estarán condenados al fracaso.
Revertir el alto índice de criminalidad, especialmente entre la juventud, es una tarea titánica que ha asumido el actual gobierno del estado. Esperemos que no se trate de otro intento fallido más sino que dé sus frutos.
En las cárceles mexicanas es muy común que se produzcan motines a causa del hacinamiento y las rencillas entre bandas rivales. Tal y como sucedió el pasado 31 de diciembre de 2019 en la prisión estatal de Cieneguillas en Zacatecas. Un partido de fútbol “amistoso” en el que se enfrentaban los equipos del cartel del Golfo contra el de Sinaloa terminó en tragedia. De repente un error arbitral desató una sangrienta balacera que dejó 16 presos muertos. Resulta que dentro de la cárcel existía un surtido arsenal de armas blancas y cortas introducidas desde el exterior por los compinches de los reclusos con complicidad de las autoridades penitenciarias.
El complejo Penitenciario de Puente Grande en Jalisco (el tercero de México) cuenta con una población de 13.335 internos, de los cuales 4.154 están en libertad condicional y 2715 dedicados a actividades académicas, talleres de formación profesional, música, deportes, etc. Este penal se hizo tristemente famoso cuando en el año 2001 se fugó el narcotraficante Chapo Guzmán -gracias a la complicidad de las autoridades del penal corrompidas por el capo- metido en un carro de ropa sucia que fue depositado en un camión de la basura.
Como bien lo expresó el gobernador Enrique Alfaro en su discurso de inauguración del mercado penitenciario: “no se puede pensar en una estrategia integral que no incluya la responsabilidad que tenemos de construir un sistema de reinserción social sólido, un esquema que entienda que en este campo de trabajo hay enormes oportunidades para revertir la realidad que vive México y que vive Jalisco”
“El anterior sistema lo último que importaba era la reinserción social pues las autoridades se dedicaban más bien a hacer negocios” “pero hoy hay una agenda de trabajo y un compromiso puntual para hacer de la reinserción social un pilar de la seguridad pública”
“Una oportunidad para la reflexión, una oportunidad para entender que Jalisco es la casa de todos, una oportunidad para entender y darnos cuenta el daño que le hicimos a nuestro estado, la violencia y la inseguridad es producto del fenómeno de descomposición social que tiene muchos años formándose en nuestro estado y en nuestro país y que tiene origen evidentemente en la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades”
