Comienzan los controles a las campañas políticas en lo relativo a los gastos a los que deben limitarse las listas y los candidatos avalados por los partidos políticos o postulados con las firmas de grupos significativos de ciudadanos que participan democráticamente.
El Congreso aprobó el proyecto de ley presentado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez que penaliza la tipicidad delictiva de los sobrecostos en las campañas políticas de quienes conforman listas para: Senado, Cámara de Representantes, Asamblea, Concejos, Presidencia, gobernaciones y alcaldías. La responsabilidad en los límites de gastos de compañas recae sobre los gerentes, tesoreros, contadores y a los propios candidatos, que por ilicitudes e irregularidades delictiva podrían terminar presos.
Ya no basta con acomodar los aportes y gastos sentados en los libros y balances contables de las campañas de manera globalizada y abstracta. Ahora tendrán que detallar, clasificar y cuantificar los valores de aportes en trabajos, dineros y en especies para determinar presupuestalmente los costos y gastos administrativos y operativos que demandan naturalmente las campañas políticas durante el termino de tres meses, más el día de elecciones y post-elecciones, sufragando pagos en las ferias y carnavales electorales. Todo servicio o trabajo vinculante tiene un costo que no puede omitirse de las anotaciones contables, concordante con los valores individuales diarios.
Las penas a los responsables de los manejos o controles económicos de las campañas políticas serían de 4 a 8 años, también habría nulidad de elección para quienes resulten triunfadores por motivos de sobrecostos. En igual forma se castigará a los financiadores, aportantes, etc., y a todo aquellos que incurran en la compraventa de electores en favor de determinada candidatura, fraudes de jurados, falsedad en la identidad del elector (suplantación), trashumancias, constreñimientos a los electores entre otros.
Se tendrán que contabilizar todos los aportes y gastos que demanda una campaña política para lograr el éxito. No habría forma mediata para controlar los desbordes individuales de seguidores y simpatizantes que inciden en gastos particulares, por su propia cuenta, no autorizados por la dirección y gerencia de las campañas. Por eso, hay que identificar a las personas que trabajan de manera personal, en tiempo completo, medio tiempo u ocasional, durante los tres meses de campañas y se tendrá que relacionar el número de personas vinculadas en las operaciones de campañas y calcular el valor de los aportes en trabajos.
El solo trabajo de los líderes y activistas en una determinada campaña se llevaría los topes establecidos para presidencia, gobernaciones, alcaldías, Senado, Cámara, Asambleas, Concejos y Ediles. Por ejemplo, ningún candidato a la alcaldía en el Distrito Capital de Bogotá podría gastarse más de 4 mil millones. Los distritos, municipios capitales y mayores de cien mil ciudadanos electores, los candidatos a alcaldes no pueden gastarse más de $1.200 millones. Por su parte, los municipios de quinta y sexta categoría pueden usar hasta $120 millones, indiferentemente del número de electores. Para las gobernaciones, los topes oscilan entre mil a $3.700 millones, de acuerdo al número de habitantes. Presidencia de la república deberán gastarse $22 mil millones, en primera vuelta y $12 mil millones, en segunda vuelta.
¿Cómo cuadrarán los costos-gastos de logísticas, transportes, combustibles, publicidad (radial, audiovisual, avisos, vallas, afiches, plegables, eventos, arriendos, gastos de administración y otros)? Los costos limitantes pueden únicamente servir para las franelas impresas. ¿Se erradicarían los mercados y todas las formas de compraventa de electores, con dinero, especies y falsas promesas de aspirantes candidatos?, ¿se acabarán las caravanas y fundingues, animados por artistas que cobran más de los topes estipulados?
Un colega jocosamente me manifestaba que esa ley la violaban, no la discuto. El problema es que la ley sea aplicada a unos y con otros se hagan los de las vista gorda. Si la Fiscalía quiere aplicar la ley con seriedad debe comenzar a preparar una Unidad de Fiscales, operada por no menos de 1000 fiscales, porque la violación de los topes compromete a por lo menos el 90% de las listas y candidatos opcionados en el orden nacional: Presidencia y Congreso, después las regionales, distritales y locales.
