El 8 de febrero de 2020, Miguel Ángel Castellanos, un joven de 16 años salió de su barrio La Pradera (San Javier) para encontrarse con unos amigos en Balcones de la Serranía en barrio Bolsa (Belén Rincón). Sin embargo, al cruzar una frontera invisible, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) lo interrogaron y lo intimidaron. Por sospecha, estos actores armados decidieron desaparecer durante más de 12 días al joven, lo torturaron y lo tiraron al río Medellín.
Con el inicio de las investigaciones del caso de Miguel Ángel se derivan otros casos, como el de alias Sombra, que asesinaron en Belén Rincón. También está el caso del menor de edad Juan Esteban Valencia Rivera y su primo Jhon Edwin Rincón Taborda, a los cuales matan, torturan y tiran embolsados al barrio San Diego. A estos jóvenes los habían reclutado y presionado para que estuvieran en la estructura de las AGC. Ellos se querían retirar; esto se lo informaron unos policías a alias Nanys (cabecilla de las AGC en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, encargado de la estructura militar y política), con el nombre de Héctor Fabio Orrego Jaramillo, quien en una prueba de la Fiscalía en un video muestra cómo con camuflado, él los arroja en un costal.
El día que lo capturan lo iban a llevar a Santa Fe de Antioquia a coordinar ese sector y a fortalecer esta subregión del occidente antioqueño, por los hechos de concierto para delinquir agravado, cuatro homicidios agravados, tres secuestros simples agravados, porte ilegal de armas y dos desplazamientos forzados agravados es capturado por la SIJIN.
En el caso de Miguel Ángel tienen que ver seis personas, a uno lo descuartizaron, que era alias Chamo Gordo, Anthony José Velásquez, quien apareció en bolsas negras en Belén Cantarranas. Otro, un venezolano que se voló, Nanys, era el cabecilla capturado y otros dos que están siendo judicializados con los nombres de Shelby Ferney Paney, alias el Flaco, y Jhony Alejandro Sánchez, alias el Pillo. Además de dos personas más que siguen prófugas de la justicia: Luis Enrique Cabeza Hurtado, alias Chamos Cabezas, y John Jairo Serna Jiménez, con el alias de Cabezón. Todavía está pendiente en el proceso judicial la audiencia acusatoria, preparatoria y el juicio, siempre y cuando no haya preacuerdo. Aunque ellos hagan preacuerdos, no tienen rebaja de pena por ser menores de edad y pueden estar inmiscuidos en crímenes de lesa humanidad, ya que no han aceptado los cargos.
Los medios de comunicación y la Corporación Justicia al Derecho han sido claves ejerciendo presión pública para que se resuelva este caso, además de los actos simbólicos, la presión ciudadana y visibilización en redes sociales. La Fiscalía 81 se movilizó en este caso, dado que hay muchos de ellos sin resolver con jóvenes que los asesinan, como el del líder Haider Ramírez o el de Juan David Quintana, los cuales quedaron en la impunidad.
“Este proceso no fue cualquiera; es una estructura nacional e internacional con capacidad política, con capacidad de corrupción al interior del Estado, con capacidad económica y militar. Encontrar gente dentro de la institucionalidad que responda es muy difícil y la Fiscalía 81 hizo una buena gestión en este caso y es bueno que se fortalezcan porque también trabajan con las uñas. La Fiscalía explicó como habían sido los hechos, en el caso de los dos jóvenes que reclutaron forzosamente que se querían retirar de la estructura, pero algunos policías les informaron a las AGC que se querían salir del grupo y ahí es cuando los asesinan. Además que para quienes hemos hecho presión para buscar justicia, hemos recibido una serie de amenazas por parte de este grupo armado”, asegura Carlos Arcila, abogado que lleva el caso.
Por su parte, las víctimas aseguran que las pruebas que tiene la Fiscalía son los testimonios de la gente que pertenecía al combo y se sometieron a la justicia; por ejemplo, el taxista que les transportaba las armas y confesó lo que ocurría con esta estructura. Incluso mencionó cómo cuando transportaba a alias Nanys le llegó la foto de Miguel Ángel, le describieron las características del menor de edad y cuando llegó da la orden de que lo asesinaran porque nadie lo conoce.
“La idea es tratar de hacer memoria con el río Medellín, mantener una campaña de recuperar el río como símbolo de vida y no como símbolo de muerte. Buscar con las entidades un acto de reconciliación en torno al río porque se ha convertido en esa fosa común donde tiran personas y aparecen casi siempre en Barbosa. No podemos ser indiferentes a que esto suceda, hay que recuperarlo como centro de vida, en homenaje a todas estas personas que han tirado, como por ejemplo en la memoria de Miguel Ángel”, concluye Carlos Arcila.
