La agonizante Caprecom, Caja de Previsión de las Comunicaciones, institución que, desde la vigencia de la Ley 100 de 1993 se convirtió en la EPS más grande del régimen subsidiado en salud, y que por la pésima administración tiene deudas por unos 2,4 billones de pesos con clínicas, hospitales, laboratorios y otros servicios afines, públicos y privados, también está que lleva a la quiebra al Hospital Universitario San José de Popayán, según denunció el gerente de esta entidad, Andrés Alberto Narváez.
El odontólogo Narváez, en una comunicación enviada a la gerencia de la entidad, con copia a la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal de Popayán, Secretaría de Salud del Cauca y Superintendencia Nacional de Salud, entre otras, le solicita la cancelación de 11.400 millones de pesos por servicios prestados a sus afiliados, pero Caprecom responde simple e irresponsablemente que no tiene con qué pagar y que no atiende a sus pacientes porque no hay contrato renovado.
Lo anterior significa que la crisis de esa entidad pública tiene en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema pues cuenta con tres millones de afiliados, que han sido víctimas de las dentelladas de políticos y corruptos de toda índole, que postraron a Caprecom en una situación de colapso irreversible.
El mismo ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, corroboró que a los problemas financieros hay que agregarles las dificultades que tienen los afiliados para su atención, por lo cual no hay otra alternativa que la liquidación. Lo grave del asunto es que el funcionario aseguró que la Ley de Presupuesto General del 2016 tiene que contemplar mecanismos para asumir esas acreencias (2.4 billones de pesos). Esto quiere decir que todos los ciudadanos afiliados-víctimas a Caprecom y todos los demás, tenemos que pagar la corrupción evidenciada en esta otra área, lo cual demuestra que esta actividad (la corrupción), de verdad, se convirtió en un asunto “inherente” de la administración pública. En ratificación, la Alcaldía y el Concejo Municipal de Popayán declararon a Gaviria Uribe ciudadano Ilustre y le otorgaron la distinción más alta de la ciudad, la Gran Cruz de Belalcázar.
A pesar de que muchos de los afiliados han sido trasladados a otras EPS, todavía no se conoce con certeza el futuro de miles (mejor, millones) de pacientes que permanecen agredidos por Caprecom.
En este campo de la vida pública de los colombianos, la salud, la preocupación que han mostrado organismos como la Defensoría del Pueblo y la Veeduría Nacional de Salud por la atención de pacientes, principalmente en los servicios de urgencias y especializados, debería pasar de los meros comunicados protocolarios o burocráticos dirigidos a la opinión pública, expedidos más a manera de publicidad institucional, a acciones concretas que definan perfectamente responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, que son las que por su ausencia patrocinan la corrupción rampante en la administración pública colombiana.
