Repasando lecturas de Wolfang Streeck concluí que hay formas muy sencillas de conceptualizar la crisis que enfrenta el capitalismo contemporáneo y la democracia liberal. Esto es sumamente importante para tener claridades sobre el comportamiento de las elecciones presidenciales y el margen de acción de los futuros gobiernos que tendrán la tarea de implementar el acuerdo de paz de la Habana en Colombia. Así entendido, vacuos son los análisis —lastimosamente abundantes en los principales medios— que no tengan en cuenta las dinámicas macropolíticas y micropolíticas de la economía y, por ello, me dispongo a escribir sobre el particular.
Una de estas conceptualizaciones —definida por Streeck como capitalismo democrático— supone que las sociedades actuales se encuentran en constante tensión por la existencia de dos principios antagónicos: de una parte, los postulados de la economía "dominante" que funciona en provecho de la productividad marginal, el crecimiento económico y la liberación del mercado; y, de otra parte, los postulados de la política democrática que se expresa en necesidades y/o derechos sociales y colectivos. Podríamos sintetizar aquellos principios bajo la tensión clásica entre el capital y trabajo con sus respectivos intereses.
Para Streek el denominado capitalismo democrático se da en aquellos gobiernos que deben cumplir con los supuestos de los dos principios antagónicos en mención, los cuales, son a su vez inherentemente irreconciliables en la dinámica del mercado. En efecto, los gobiernos deben satisfacer un mínimo de derechos sociales y colectivos con el fin de no socavar su apoyo político y, así mismo, deben zanjar las disfunciones macroeconómicas evitando minar el crecimiento económico y el balance fiscal de sus respectivos Estados. Este dilema político-económico atraviesa la columna vertebral de la democracia liberal pues no solamente determina el destino de las elecciones y los procesos legislativos actuales, sino que también explica la crisis de los Estados para emprender cambios sustanciales como el proceso de paz colombiano en curso.
La tensión previamente dicha, aunque irresoluble sustancialmente en el marco del capitalismo, ha tenido externalidades bastante negativas en las últimas décadas en sus intentos de ser reducida. La interrupción paulatina del crecimiento económico de posguerra condujo a los Estados-nación a solventar la tensión entre el capital y el trabajo endeudándose a largo plazo; esto, bajo la flexibilización de las políticas monetarias con mayor emisión de dinero circulante, y su consecuente aumento de la inflación en las economías nacionales. Tras el aumento inusitado de la inflación vino la ya bien conocida implementación del modelo económico neoliberal en la década de los ochenta y noventa. Dicho modelo, sostenido sobre estrictas políticas deflacionarias, el diseño de rígidos sistemas fiscales y tributarios que conllevo el desmantelamiento de programas asistenciales, sociales y derechos colectivos no productivos obtenidos por los trabajadores y los sindicatos.
Paradójicamente con la aplicación del neoliberalismo aumentó el gasto social y los Estados comenzaron a tener saldos rojos en sus balances fiscales. La deuda pública se privatizó —asumiendo que los individuos debían financiar sus derechos vía créditos —en lo que se conoce como keynesianismo privado; y a partir de allí los Estados se transformaron en salvadores del capital privado bajo la aprobación de calificadoras de riesgo, compradores de bonos de deuda pública e inversores de capital internacional. En la actualidad la política democrática de un Estado está irrestrictamente condicionada por un balance positivo de los tres agentes mencionados se quiera o no.
Como colofón a esta sencilla explicación dada por Streeck hay que tener de presente que los Estados-nación a nivel general se encuentran con balances fiscales negativos (es decir que tiene mayores gastos que ingresos), lo cual, ha venido prescribiendo las decisiones políticas de los países desarrollados y en vías de desarrollo. En efecto los Estados se encuentran bastante presionados por el mercado financiero y esto supone que el gasto social debe ser reducido, los sistemas pensionales deben ser reformados, los sistemas tributarios deben ser más eficientes y los modelos de desarrollo deben estar en función de la confianza inversionista en los próximos años.
América Latina en general y Colombia en particular no son la excepción a las condiciones que impone el capitalismo democrático. La región ha experimentado en los últimos años una sucesión de reformas tributarias que promueven mayor eficiencia y tasas impositivas altas a costa de derechos sociales y colectivos. El déficit fiscal del subcontinente tiene cifras preocupantes (la deuda de los Estados media es del 3% de su PIB) y, por ello, es obligado a reducir sus gastos de cara a la aceleración económica según recomendaciones del BID. Son representativos los casos de: Venezuela (21,2%), Trinidad y Tobago (10,1%), Brasil (8,2%), Surinam (7%) y Argentina (7%).
El caso colombiano
Desde la desaceleración económica mundial del año 2014, una desaceleración que afectó a los países mono-exportadores principalmente, el Estado colombiano ha reducido su crecimiento económico y, consecuentemente, ha aumentado su déficit fiscal. En cifras reales, Colombia paso de un crecimiento económico del 6,6% en el año 2011 a un crecimiento del 1,7% en el 2017 (puede consultarse aquí). Lo anterior, se traduce en un déficit fiscal que ronda los 30 billones de pesos —aproximadamente el 3% del PIB— para los años 2016 y 2018. Dicho déficit gravita sobre la política macroeconómica del país, las elecciones presidenciales y el futuro de la implementación del acuerdo de paz; esta es una verdad que, aunque de Perogrullo, no debe dejarse a un lado.
La ecuación resultante es sencilla: como los ingresos de las exportaciones provenían principalmente del petróleo y la extracción minera, la variación negativa en el coste de estos productos a nivel internacional dejo un hueco fiscal que debe ser resuelto de alguna forma ¿Por qué el hueco fiscal debe ser resuelto? Porque el Estado colombiano depende de las calificadoras de riesgo para que los inversionistas extranjeros aseguren sus capitales en el país; igualmente, porque el Estado tiene una deuda soberana contraída con privados por las anomalías anteriormente dichas; y porque el funcionamiento del Estado, así como el gasto social —aunque escaso— no dan esperar para evitar los impactos negativos de un desequilibrio en el capitalismo democrático: una mayor desaceleración económica o protestas sociales significativas que minen la legitimidad del gobierno.
La realidad macroeconómica del país fija entonces real y efectivamente a los próximos presidentes, congresos de la república y la implementación del proceso de paz. Un ejemplo contundente de ello es que los tres candidatos más factibles para ganar la presidencia —Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro e Iván Duque —no tiene un modelo económico que confronte alternativamente esta realidad macroeconómica; el acuerdo de la Habana tampoco. Como era de suponerse, Lleras y Duque, así como sus respectivas facciones y partidos, ven viable, realista y aconsejable profundizar el modelo extractivista y monoexportador; incluso las clases medias y altas —que componen mayoritariamente el censo electoral y el voto de opinión, aunque algunos no lo crean —apoyan la propuesta y ven como una amenaza y lección a su economía doméstica el desbalance fiscal y la alta inflación que enfrenta Venezuela.
La otra realidad, más brutal por sus consecuencias imperceptibles para el grueso de la población, es el efecto que tiene el déficit fiscal y la presión financiera a los Estados sobre los procesos legislativos y su aplicación en políticas públicas. En una investigación realizada por la Universidad de Princeton y Northwestern entre los años 1981 y 2002 Martin Giles y Benjamín Page concluían que las elites económicas tienen un 45% mayor de probabilidad para aprobar un proyecto de ley frente a los ciudadanos que tienen un 18%. Como conclusión, la investigación indicaba que el poder ciudadano en los Estados Unidos está disminuyendo gradualmente frente al poder de las grandes corporaciones y los cabilderos. La democracia liberal se está convirtiendo paulatinamente en una oligarquía y no se ha hecho nada para evitarlo. La realidad legislativa de Colombia no es distinta de la norteamericana.
Lamentablemente pocos o nulos son los estudios —con excepción del grupo de estudios del profesor Juan Gabriel Gómez en el IEPRI y José Roberto Acosta de la Universidad del Rosario— que se han hecho sobre la incidencia del mercado internacional y los postulados de la economía dominante en el legislativo colombiano. Una muestra palpable de que no solo la democracia liberal y la democracia colombiana están en crisis sino también las facultades de ciencia política y gobierno del país.
Así las cosas, aunque en el presente año se defina políticamente el gobierno que deberá orientar la implementación del acuerdo de paz, pocos son los ajustes a corto plazo que este podrá realizar si el crecimiento económico negativo, el déficit fiscal y la deuda publica impiden la implementación formal de los acuerdos. El panorama general que he presentado aquí, indica que la ciudadanía y las fuerzas políticas alternativas deben estudiar y diseñar programas económicos sólidos y a largo plazo para convencer a los testarudos. Un acierto de Gustavo Petro es su sustitución de energías fósiles por renovables; empero esta idea no es suficiente para diversificar la oferta de materias primas y servicios y darle un viro radical al modelo de desarrollo liberal mono-exportador.
Concluyo este articulo compartiendo una de las conclusiones categorías de Streeck con el propósito de alertar a los partidarios de la izquierda de que los derechos son fundamentales pero el conocimiento de la economía dominante es primordial. Lo primero que deben hacer las ciencias sociales es denunciar las anomalías de la economía y la política y, a partir de allí, pretender transformarlas no lo contrario: transformar las anomalías sin tener idea de ellas.
“Las ciencias sociales pueden hacer muy poco, o quizás nada, para resolver las tensiones y contradicciones estructurales que subyacen bajo el desorden económico y social actual. Lo que sí pueden hacer, no obstante, es exponerlas a la luz y discernir las continuidades históricas que permiten entenderlas plenamente. También pueden —y deben— denunciar el drama de que los Estados democráticos se estén convirtiendo en agencias para el cobro de deudas por cuenta de una oligarquía global de inversores” (p. 26).
