Las problemáticas que enfrenta la Universidad Del Atlántico en diversos órdenes, casi siempre conducen a causales de tipo financieras y administrativas, y éstas aumentan las preocupaciones cuando la información disponible se procesa, es decir una vez se pone la radiografía en el negatoscopio.
Cuando se decidió la contratación del experto Luis Leguizamón para realizar un estado del arte de las finanzas universitarias con fines propositivo, se mostró un diagnóstico en el que el consultor mostró por primera vez, el tamaño del déficit estructural que tenía la Universidad que rondaba los 97 mil millones de pesos y que se había incubado hasta el año 2014.
Es menester mencionar que el origen de la crisis de la Universidad en buena medida, hunde sus raíces en el tamaño de su pasivo pensional, que en cifras del año 2006 llegó a ser del orden del 38 % del presupuesto, que representaban 40 mil millones de pesos por año para esas calendas. Hoy esa carga pensional supera los $60 mil millones, pero es compartida con la nación y Gobernación Del Atlántico. Con la administración de entonces en concurrencia con el Ministerio de Hacienda, se tomó la decisión de demandar las pensiones consideradas ilegales.
La institución con unas obligaciones pensiónales de tan alto calibre, y al no poder cumplir con sus obligaciones cayó en una situación de cese de pagos que la llevó a un proceso de reestructuración de pasivos o de Ley 550. El escenario financiero para pagar la deuda se estructuró con la venta de activos valiosos ( edificio, lotes) para honrar en 8 años el pago de 130 mil millones de pesos por un lado y el adelgazamiento de la nómina por el otro. La aplicación de la Ley 550 sirvió de dique para detener la “hacendosa” industria del embargo que se comía las finanzas universitarias, pero al tiempo imponía sacrificios enormes para pagar los abultados pasivos, sacrificándose la contratación de docentes, la dotación de laboratorios y limitando su desarrollo informático y tecnológicos. Hoy la institución debe 25 mil millones de pesos pero tuvo que hacer un nuevo acuerdo, para diferir sus acreencias hasta el año 2019.
Al medir el impacto de la reestructuración administrativa, quedamos de cara a una universidad absolutamente judicializada. En 961 demandas identificadas se encontró que la institución había pagado $35 mil millones tras ser vencida judicialmente en la mitad de los procesos, y otro porcentaje similar se encontraba en fases litigiosas con pretensiones que llegaban a cifras similares. El estudio realizado por la doctora Elcira Solano, ex vicerrectora administrativa, mostró la débil capacidad de defensa judicial de la entidad, dado que la institución solo gana 15 de cada 100 demandas.
El panorama en su disfuncionalidad administrativa, no podría ser diferente. La U tiene 3 nóminas: Una oficialmente instituida que integran 176 funcionarios; una segunda conformada por 85 funcionarios reintegrados que no tienen funciones asignadas ni hacen parte de la estructura administrativa que se le ha llamado peyorativamente la nómina judicial, y una tercera que conforman el vasto campo de las contrataciones de ordenes de prestación de servicios de mas de 583 personas. La aritmética no falla, cambiamos 450 funcionarios por 800 y hoy se paga con alto costo la arriesgada decisión. “En efecto, en el año 2007, el valor de dichos contratos ascendió a un valor de $2.634 millones, mientras que para la vigencia 2014, hasta el 16 de septiembre, el monto alcanza un valor de $12.600 millones.” Dice el informe de Leguizamón.
Según datos de la Subdirección Financiera del Ministerio de Educación la universidad de Cartagena recibió para el año 2.012 la suma de $63.097.814.918, la Universidad Del Magdalena 39.596.537.657, entre tanto la Universidad del Atlántico se le entregó aportes por 89.366.024.688, es decir el 4.2% del total de las transferencias nacionales, mientras que las 2 primeras recibieron el 2.9% y el 1.8% respectivamente. Lo cierto es que esas dos IES están acreditadas y la Atlántico, no.
Si se pone en acción el estudio que se adelantó para crear una nueva arquitectura administrativa, no solo se resolvería el problema de la carencia de una estructura que sirva de apoyo para los procesos misionales (orientada hacía la acreditación), sino que podríamos resolver toda la conflictividad laboral y jurídica, que crea un clima de tensiones entre los funcionarios y pone en apuros las finanzas de la Universidad
Todas las instituciones de educación superior en el país acusan serios problemas fiscales, tal cual lo ha evidenciado el Sistema Universitario Estatal, que tiene estimado el incremento de los costos universitarios en 4 puntos por encima de la inflación. Pero también es cierto que nuestra institución, muchas ya lo han hecho, tiene que desarrollar estrategias para reorientar el gasto y en otros casos abreviar los que generan poco valor( los gastos litigiosos,OPS) para orientarlos a impactar la academia. La tarea de crear una Unidad de Gestión Judicial es un imperativo para fortalecer la capacidad de defensa jurídica de la U. Hay alguna de nuestras IES que han hecho un esfuerzo gigantesco en el aumento de sus rentas propias, pero en UNIATLANTICO, estamos crudos porque los ingresos no representan el 12% del total del presupuesto. De manera que tarea está por desarrollar.
Se pudo probar al comenzar a hacer el ejercicio aplicadamente que es posible aumentar la eficiencia en el gasto de la UA. Sin que tuviese recursos extraordinarios, en el año nació 2015 un amplio plan de becas por rendimiento académico para 4.000 estudiantes, que se exoneran de matrículas. Se inició un programa de almuerzos subsidiados para 1.000 estudiantes y se aumentó la movilidad de profesores y estudiantes. Se dio inicio a un concurso docente de 120 nuevos profesores y se aumentó la inversión de $4.000 millones a $60 mil millones. Quedó definido la financiación de 300 nuevos proyectos de investigación y se separó una partida para financiar los proyectos de investigación de los nuevos docentes.
