La ultraderecha uribista presiona por todos los flancos para armas un caos en la implementación de los pactos que dieron fin al conflicto armado con las Farc. Para impedir la verdad los agentes del Centro Democrático pisaron el acelerador y pretenden paralizar el funcionamiento del Sistema de Verdad, Justicia Reparación y no Repetición, materializado en la Justicia Especial de Paz y su Tribunal. Será casi inevitable la intervención de la Corte Penal Internacional.
No demora en hacerse efectiva la ofensiva contra lo poco que se ha avanzado en materia de Reforma Rural Integral, Fondo de Tierras, entrega de tierras, subsidios, inversiones en infraestructura, catastro rural, ordenamiento social de la propiedad rural y formalización de la propiedad campesina.
Vendrá un “chicoralazo” de grandes dimensiones para afirmar el despojo de casi 7 millones de hectáreas cercenadas a más de 8 millones de campesinos desplazados durante los gobiernos de Pastrana y Uribe.
La sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito va siendo cosa del pasado y lo que viene es el nuevo capítulo de la guerra contra las drogas que dejará en el camino masacres, desplazamientos, corrupción policial y auge de las mafias de la droga con su control territorial efectivo y captura de las instituciones públicas.
Las víctimas no serán reparadas ni sus derechos restituidos.
La contrareforma política se llevará por delante las curules de las Farc y su participación con garantías en la contienda política después de dejar las armas.
Un verdadero caos.
Es probable que el único recurso para parar la venganza fascista del uribismo sea el levantamiento populista anticipado en el contexto de la consulta anticorrupción con poder constituyente.
