Tal vez la mayor novedad que se le ocurrió al constituyente en 1991 para profundizar la democracia representativa fue la introducción al sistema electoral de la figura del grupo significativo de ciudadanos. En la práctica, los grupos significativos son plataformas electorales coyunturales sin mayor vocación de permanencia que reúnen la voluntad de ciudadanos interesados en participar en elecciones, pero sin verse obligados a contar con el aval o la “bendición” de algún partido político. Los candidatos por firmas deben ser personas distantes a las maquinarias, cacicazgos o estructuras partidistas. Aquí surge una pregunta, acaso: ¿Se está cumpliendo con esa condición? Nada más alejado de la realidad. El ideal de participación exclusivamente ciudadana con el que soñaron los padres de la Constitución al crear esa figura se ha degradado a una vulgar y engañosa estrategia electoral de políticos de mucha carrera (y con muchos avales) para hacer campaña anticipada, llenar las ciudades de vallas, afiches o pasacalles y empezar a figurar en sondeos de opinión.
Fue con la fracasada estrategia electoral de Vargas Lleras que concluí que a los grupos significativos se les había fracturado el espinazo. Pues Vargas, la más absoluta encarnación de la politiquería y el clientelismo, presentó más de 5 millones de firmas para avalar su candidatura, fresca y de opinión. Sus estrategas pensaron que presentando semejante cantidad de firmas (un récord) Vargas daría un golpe de opinión tan grande que fácilmente “ganaría” la presidencia. No creo que muchos se hayan comido el cuento del Vargas alejado de los partidos, hasta el más ingenuo sabe que tiene un partido de bolsillo y tras presentar el apoyo de los “ciudadanos de a pie” se dedicó a coleccionar avales. La estrategia de Vargas por estos días se está replicando en lo local, en las principales ciudades del país hay muchos candidatos de origen partidista que pudiendo contar con el aval de algún partido se van por firmas buscando ser “independientes” o vendiéndose como “distantes a los tradicionales”. En algunos meses recibirán la bendición de esos tradicionales y nada va a pasar.
No voy a generalizar porque sé que hay muchas plataformas por firmas en todo el país que realmente reúnen la voluntad de miles de ciudadanos que cansados de los partidos deciden participar en elecciones y postular candidatos (algo más positivo que abstenerse). Un ejemplo de ello es el movimiento político-electoral Estamos Listas en Medellín, colectivo de mujeres que avaló su lista cerrada al Concejo con poco más de 42 mil firmas. Ese sí es un grupo significativo que realmente se acoge al espíritu con el cual el constituyente diseñó esa figura. Sin embargo, son más los candidatos que utilizan los grupos significativos (especialmente los que aspiran a alcaldías o gobernaciones) como la oportunidad de hacer campaña anticipada valiéndose de los políticos tradicionales para buscar firmas y presionando contratistas para presentar las famosas “planillas” y así renovarle el contratico. Eso sí representa la más reprochable deformación de ese tipo de plataformas porque la reduce a una vulgar y patética estrategia electoral. ¿Qué hacer?
Eliminar los grupos significativos como se pretendía en una fallida reforma política no es la solución. Se debe concertar una reglamentación que le ponga límites y evite que los políticos partidistas se valgan de una figura exclusivamente cívica para su estrategia electoral.
Personalmente, sugiero las siguientes medidas de reglamentación:
- Si un candidato decide aspirar por firmas y forma parte de un partido debe renunciar a su militancia con un año de anticipación.
- Prohibido recibir el apoyo de un partido tras la acreditación como candidato en un grupo significativo (si lo recibe que se le anule la inscripción).
- Solo validar en la verificación una firma por candidato a cargos uninominales, es decir, que el ciudadano solo pueda firmar por uno y no por todos los que le piden la firma en su circunscripción.
- Regulación de espacio público de vallas y pasacalles.
Mi propuesta consiste en organizar y reglamentar (mediante una ley estatutaria) los grupos significativos para que respondan a su espíritu inicial cuando se crearon como una alternativa para que los ciudadanos participen en elecciones sin verse obligados a someterse a un partido. Ahora, los papeles se han invertido y son los grupos significativos los que parecen sometidos a los partidos. Hay que rescatar esa figura y disciplinar (y sancionar) a los políticos partidistas para que no engañen a los ciudadanos.