El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, puso el dedo en la llaga a propósito de la corrupción que se presenta en los municipios por cuenta de concejales vinculados a la politiquería tradicional. Según Hernández, en el caso de la capital santandereana esos politiqueros le entregaron las arcas vacías así como un presupuesto hipotecado. Y ahora en el desespero porque no se les dan trozos de poder, estarían dedicados a atacar al burgomaestre hasta el punto de haber impulsado un centenar de investigaciones en su contra.
Lo dramático es que el comportamiento denunciado obedece a un patrón general. Las estructuras municipales se están transformando en fábricas de votos al servicio de los barones electorales corruptos. El asunto opera a través de cuotas burocráticas y contratación de obras.
En materia de contratación por parte de las entidades territoriales se está llegando a proporciones aberrantes. Según estimaciones serias, cerca del setenta por ciento de los proyectos en ese nivel territorial se asignan de manera directa, a dedo, sin licitación. Favorecen a contratistas presentados por los oficiantes torcidos de la política.
Los funcionarios soportan cargas específicas:
deben cumplir cuotas en materia de votos con ocasión de las elecciones
y efectuar aportes económicos a las arcas del movimiento que los nominó
En lo que toca con la burocracia es usual exigir a los alcaldes la entrega de cuotas o porciones enteras de la administración. Para concretar el trato se acude a la fórmula de los denominados contratos de prestación de servicios, laxa modalidad que permite contabilizar el costo respectivo como si se tratara de una inversión.
Al estructurar sus plantilla con base en cuotas burocráticas los gobiernos locales quedan condenados a la mediocridad ya que deben enganchar individuos no idóneos y sin compromiso con la calidad de la gestión. Tales funcionarios, de otra parte, soportan cargas específicas: deben cumplir cuotas en materia de votos con ocasión de las elecciones y efectuar aportes económicos a las arcas del movimiento que los nominó. A lo anterior se suma el que vivan atemorizados porque su estabilidad laboral depende del respectivo mandamás político.
En el estado de cosas que vivimos los gobernantes locales no tienen opción distinta a ceder frente a los politiqueros. De otra manera les tocaría ver entrabada su gestión, quedar sometidos a escándalos y debates prefabricados, ser sancionados por personerías o contralorías elegidas por los mismos concejales y que obran como obsecuentes servidores de sus interese.
Lo lamentable es que la conformación de estas nóminas forzadas termina privando a la ciudadanía de un derecho esencial que es el de contar con una administración pública profesional y eficiente, cuyas decisiones no estén contaminadas por las influencias politiqueras.
El sistema, además, destroza la posibilidad de que tengamos una democracia real en el ámbito local. Si un concejal o jefe político cuenta con doscientos o trescientos puestos en el gobierno y cada uno de sus recomendados le trae cincuenta votos, el individuo tendrá asegurados más de quince mil electores, cantidad suficiente para mantenerse en el cabildo y eventualmente llegar al Congreso. Una corporación desde la cual se puede acceder a la mermelada grande y a las bastas nóminas de las entidades nacionales.
Ante ese cáncer de la corrupción, que puede dar al traste con nuestras instituciones y orada las posibilidades del desarrollo, los candidatos a la presidencia han venido tomando posición y formulando planteamientos. Las propuestas más elaboradas son las de Sergio fajardo e Iván Duque. Pero sus perspectivas centradas esencialmente en la purificación del Congreso, deben complementarse con estrategias contundentes sobre eliminación de las corruptelas en la vida política de los municipios, ya que es ahí donde se gestan buena parte de los males que estamos padeciendo.
Fajardo parte de una mirada que incluye al origen de la corrupción. En su opinión de la forma como se llega al poder así se gobierna; quienes pagan para llegar, llegan a robar. Su planteamiento se compendia en la propuesta de consulta anticorrupción impulsada por Claudia López, su vicepresidenta: obligar a los congresistas a que rindan cuentas y publiquen sus declaraciones; reducir sus salarios; limitar el número de períodos en que pueden ejercer; eliminar la mermelada; descartar beneficios carcelarios en caso de que sean condenados.
Entre tanto Iván Duque propone un amplio abanico de soluciones en buena parte coincidentes con las de su contendor de la Coalición Colombia: listas cerradas; organización interna de los partidos; financiación de las campañas por el estado; límite del ejercicio parlamentario a tres períodos; acabar la mermelada; regular el cabildeo; eliminar la contratación directa.
Pero la perspectiva centrada tan solo en la purificación del Congreso tienen que complementarse. Se requieren estrategias contundentes para sacar las corruptelas de los municipios. Medidas como la eliminación de las contralorías en el orden municipal y la reforma a fondo de las personerías deben ser consideradas. La restricción a la duración de los contratos de prestación de servicios y el límite a sus renovaciones deben introducirse. El cambio del tratamiento contable de estas partidas es ineludible. Debe también castigarse con cárcel y perdida de la investidura toda presión sobre los alcaldes encaminada a lograr contratos o nombramientos.
