Desde la izquierda decente vemos la sociedad del futuro organizada en una democracia total, igualitaria, pacífica, donde reina el bienestar general y la armonía entre clases amigas, solidarias, no antagónicas; es decir, una sociedad comunista: sin armas, solo herramientas de trabajo, sin homicidios intencionales, sin corruptos, sin ladrones, donde las riquezas no están en poder de unos pocos individuos sino en poder de la sociedad y manejadas por la entidad que esta determine, donde se garantiza racionalmente el disfrute de todos los derechos humanos.
Somos utópicos imitadores de Tomás Moro, de los ideólogos de la Ilustración, de los socialistas utópicos, de Rousseau, Marx, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, Fidel, el Che, Mandela, Mujica, entre muchos otros. Confiamos en que si logramos que triunfe la fraternidad solidaria e incluyente sobre el egoísmo excluyente nuestra utopía podrá hacerse realidad. Claro que el proceso es largo, complicado y exigente, por que es preciso cambiar la actual filosofía de la vida y generalizar una educación científica para poder conquistar este sueño sin armas, sin lucha física, solo con el raciocinio inteligente.
De modo que no se va a destruir la familia, no le van a entregar los hijos al Estado, no habrá esclavitud sino libertades, no se va a crear pobreza sino empleos y vida digna mediante la redistribución equitativa de los medios fundamentales de producción. Estas son algunas de las tergiversaciones que propaga la minoría ultraderechista, egoísta, explotadora y acaparadora de las riquezas pertenecientes a toda la sociedad.
Sin más preámbulos ni justificaciones, conocedores de cómo se piensa el país desde la izquierda, ahí van estas ideas:
1. El punto fundamental es la defensa de lo acordado entre el gobierno y las Farc, después de seis años de negociaciones y de habérsele introducido algunas modificaciones solicitadas por los ganadores del no en el 2016. Es decir, la tarea central es la pronta implementación de los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón de Bogotá. Si la consecución de la paz depende de la introducción de reformas de fondo a la Constitución Política y a las leyes respectivas de manera que favorezcan a la mayoría del pueblo colombiano, la negativa e indiferencia de los legisladores y gobernantes en este aspecto demuestra la ausencia de voluntad política por parte de los Poderes del Estado.
2. La segunda tarea es de hacer realidad el listado de derechos humanos introducidos por la Constituyente de 1991, derechos que hasta ahora son mera letra muerta porque la apertura simultánea del Estado a la política neoliberal, no previó los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos a todos los colombianos. Reflexionemos sobre algunos de los derechos que el Estado está obligado a garantizar:
2.1. Una educación verdaderamente democrática tiene que dotar a todos los individuos, a través del proceso educativo formal, de las herramientas suficientes y eficaces que les permita ver e interpretar el mundo según su propia cosmovisión, ayudados por los diferentes telescopios y microscopios superestructurales existentes en cada momento histórico, sin sesgos, sin fundamentalismos, respetando plenamente a cada individuo. En consecuencia, las personas menores de edad deben ser eximidas de cualquier tipo de práctica religiosa, política, militar y confesional. Para cumplir este ideal se precisa de profesionales de la educación con formación integral de la más alta calidad.
2.2 El atraso ideológico y político que se evidencia en la sociedad colombiana, especialmente en los sectores populares, obedece en gran parte a sus deficiencias formativas, a la ausencia de una sólida formación integral, tanto formal como informal. La raíz de tales deficiencias radica en la calidad de los contenidos a través de sus años de escolaridad. Dejando de lado la educación no formal, veamos un poco lo que sucede en la educación formal.
- La formación humanística es mínima y muy sesgada, lo cual se comprueba al observar la escasa cantidad de horas asignadas al área de las humanidades y la excesiva cantidad horaria destinada a la enseñanza religiosa. Esto sin analizar los contenidos programáticos.
- Todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y la normatividad o reglamentación mediante la cual se desarrollen estos o aquellas, han de ser compatibles con la Constitución o ley de leyes.
- Al revisar el desarrollo de los currículos correspondientes a los diferentes niveles educativos (básica, primaria, secundaria) se observan incompatibilidades entre estos y la Constitución Política:
* No se cumple el Art. 27 de la C.P.N. (“El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”) cuando la enseñanza gira alrededor de las ideas católicas o cristianas, sin dejar espacio para cosmovisiones alternativas, contrarias a estas, inclusive ateas, y cuando se persigue a los docentes por exponer otras formas de interpretación de la sociedad cultos. Tampoco el 20, que señala: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación… No habrá censura”.
Lo anterior tiene su base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente en sus artículos 18 (derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión), 19 (derecho a la libertad de opinión y de expresión) y 26, que dice así:
- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Cabe anotar que la educación debe ofrecer a los estudiantes la diversidad de interpretaciones filosóficas, políticas y económicas que les permitan formarse su propia visión, así su interpretación no coincida con la de sus padres y docentes.
3. Derecho a la información veraz y libre difusión de ideas. Uno de los derechos más ignorados y pisoteados en Colombia es el de la libertad de expresión, pues cuando se expresan quienes no comparten las directivas gubernamentales se les sataniza hasta tildarlos de “terroristas”. Otra de las formas de vulnerar este derecho es otorgándolo a los dueños de abundantes recursos económicos y negándolo a quienes carecen de ellos. La oposición política a los gobiernos requiere de medios propios (canales nacionales de radio y televisión, diarios y revistas de circulación nacional) a través de los cuales poder controvertir los programas gubernamentales. Cuando la oposición la ejercen los pobres, casi siempre los perdedores, el Estado está obligado a dotarlos de los medios indispensables para que puedan ejercer una oposición eficaz y efectiva.
4. Derecho al trabajo. Siguiendo la hermosa e ingenua lucha por la utopía, proponemos algunos cambios estructurales con el fin de que, incluidos en el proyectado Estatuto del Trabajo para Colombia, sirvan para introducirle a este justicia en materia laboral, si es que lo admite el sistema capitalista neoliberal:
4.1. Ningún(a) ciudadano(a) mayor de dieciocho años, retirado(a) voluntariamente del sistema educativo, podrá estar desempleado dentro del territorio colombiano. Y deberá permanecer activo laboralmente hasta los 60 años de edad, a menos que esté enfermo(a), incapacitado, estudiando o disfrutando de permisos de descanso o vacaciones. Si por voluntad personal una persona decide no ocuparse a cambio de salario es porque independientemente tiene garantizadas para sí y su familia todas las condiciones que le permitan vivir dignamente.
4.2. Si una persona demuestra haber estado buscando trabajo durante un mes y no lo ha encontrado, el Estado está obligado a ocuparla de acuerdo con su perfil laboral y en caso de que el Estado en ese momento carezca de empleo, le suministrará mientras le asigna uno, el auxilio de desempleo equivalente a medio salario mínimo vital.
4.3. El salario mínimo vital es el equivalente al indispensable para vivir dignamente una familia compuesta por cuatro personas, dos adultos y dos menores, es decir, para cubrir los gastos de vivienda, alimentación, vestido, servicios y varios, y que en el año 2017 se tasaba en aproximadamente tres salarios mínimos del momento ($2.200.000,oo), aproximadamente. Se le denomina también canasta familiar.
Las anteriores propuestas principales en materia laboral deberán complementarse con las siguientes:
4.4. En primer lugar, el Estado deberá mantener actualizado el censo poblacional del país, incluyendo anualmente los ascensos, los cambios de residencia o de actividad, el estado de salud, el nivel educativo, las defunciones y todas las variaciones personales y poblacionales de interés significativo. Cada familia deberá inscribir en la Registraduría del Estado Civil las hojas de vida de todos sus integrantes con el fin de que la entidad disponga de una completa y actualizada base de datos de todos sus habitantes.
4.5. Si Planeación Nacional dispone del censo real de la población, de las necesidades laborales en cada una de las dependencias del territorio patrio y de los perfiles laborales de cada colombiano en edad de trabajar, sométase a concurso de méritos la suplencia en cada cargo una vez la persona que actualmente lo desempeña demuestre incapacidad, decida retirarse voluntariamente o cuando por razones de edad esté obligado a abandonarlo. Para acceder a cualquier cargo público o privado, prohíbense las “palancas” o recomendaciones familiares, personales y políticas; sólo los certificados de capacitación y desempeño laboral podrán incidir en la selección del aspirante a un cargo.
4.6. Establecer una escala salarial teniendo en cuenta el perfil de cada persona, entre un mínimo vital (definido en 4.3) y uno merecido por quienes ostentan las más altas calidades profesionales, el cual no podrá ser superior a 12 veces el mínimo vital. La enorme brecha entre el actual salario mínimo y el de los Parlamentarios y Magistrados genera odios de clase.
4.7. Aquellas familias en las cuales ambos esposos devenguen salario y uno o más de sus hijos, están obligadas a emplear una persona auxiliar para los oficios domésticos y/o de la educación de los hijos menores de edad, con salario no inferior al mínimo vital.
4.8. Toda persona en edad de trabajar está obligada a cotizar un 10% de su salario para los servicios de salud y educación, con lo cual el Estado garantizará a su familia estos servicios completamente gratuitos.
4.9. Los y las menores de edad podrán colaborar voluntariamente en labores hogareñas durante unas dos horas día, gratuitamente o a cambio de una retribución espontánea. Esto porque los menores de edad deberán estar siempre ocupados en sus estudios formativos y de capacitación.
4.10. La jornada laboral no excederá las 40 horas semanales; éstas podrán distribuirse en jornadas diurnas, nocturnas o festivas, siempre con salario extra en las horas nocturnas o de días festivos.
4.11. Los sindicatos vigilarán el cumplimiento de la Constitución y las leyes y que se respeten los derechos humanos de cada uno de sus miembros y de sus respectivas comunidades por parte del Estado y las empresas.
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos a toda la sociedad implica profundas transformaciones éticas, filosóficas, sociológicas, económicas, políticas y culturales. No es con discursos de buena voluntad como se solucionan las necesidades humanas; es con hechos reales, concretos.
5. Salud. La salud será de la mejor calidad para toda la población, por ahora gratuita para los sectores pobres y medianos y accesible en todo sentido para los estratos 5 y 6. Precisamos de uno o varios laboratorios donde se fabriquen los medicamentos requeridos para atender la demanda nacional; no podemos seguir comprándolos a las multinacionales farmacéuticas, a altísimos costos y bajo el chantaje de las patentes y el acatamiento a los Tratados de libre comercio. Aquí hay científicos capacitados a quienes encomendarles esta misión, con la seguridad que la cumplirán en forma óptima.
6. Castigo para los delincuentes. En materia carcelaria, las actuales cárceles o escuelas de delincuencia sean sustituidas por centros de rehabilitación productiva, colonias penales donde los condenados paguen por sus delitos con trabajos productivos diversas actividades en todos los sectores económicos.
7. Respaldo de la moneda y planeación. La moneda debe estar respaldada en el conjunto de la riqueza material del país y no en los lingotes de oro existentes en el Banco Emisor. Para ello ha de calcularse la magnitud de los yacimientos minerales (metales preciosos, coltán, hidrocarburos, etc), la biodiversidad faunística y florística, la calidad y extensión de la jungla y los bosques, la extensión y calidad de las áreas agrícolas y ganaderas, la cantidad y calidad de las aguas dulces y saladas, el potencial energético alternativo (solar, mareomotriz, eólico, geotérmico).
De inmediato se deben reducir las áreas agrícolas y ganaderas a las estrictamente necesarias, destinando el resto a forestación, recreación y otras actividades productivas. La agricultura y la ganadería deben ser intensivas, pero ecológicas. Han de extenderse los pastizales de corte para disminuir las áreas de ramoneo del ganado.
Una vez estudiadas a fondo la edafología, la geología, la sísmica i la climatología de todas las regiones del país, fijar las áreas donde pueden establecerse urbanizaciones, ganaderías o cultivos específicos, donde puede permitirse minería no contaminante ni destructiva del medio ambiente sano. La planeación del uso del suelo es obligatoria y no meramente indicativa.
¡No al desarrollismo improvisado e irresponsable, sí al desarrollo sostenible y sustentable! Lo absurdo de esta consigna es que es imposible de aplicar en el marco de un estado capitalista, donde a una minoría de ambiciosos explotadores se le autoriza para acaparar riquezas ilimitadamente, sin importarles la vida de sus congéneres y mucho menos la conservación de la naturaleza.
8. Presupuesto de guerra. Este debe reducirse progresivamente, empezando por un 50% hasta llegar al meramente indispensable para la defensa de la soberanía nacional, para prevenir una posible invasión norteamericana o de otra potencia, porque terminarán definitivamente los conflictos internos. El presupuesto ahorrado en este rubro pasará automáticamente al de educación pública.
Seguiremos enriqueciendo este programa buscando construir un país igualitario y auténticamente democrático.
