Con la corriente adversa, el candidato Fajardo a estas instancias continúa su campaña a la presidencia sin tomar posiciones fijas y, lo peor, sin responder con ápice de decencia los cuestionamientos por irregularidades que legítimamente reposan sobre su espinazo. No es menos cierto que hasta tanto Fajardo no padece impedimentos para aspirar a la casa de Nariño, pero no deja de ser llamativo que alguien que se llene el istmo de las fauces, argumentando pulcritud y honestidad a sabiendas de los cuestionamientos que la población constantemente le concibe, y, que, este no ha querido clarificar.
En efecto, jamás hemos acusado al candidato por los hechos irregulares, puesto que no se le ha probado alguna ilicitud, sí resulta despreciable su silencio frente a los mismos. Lo mínimo que podemos exigirle a un candidato presidencial es el pronunciamiento claro, expreso y detallado sobre aquello que lo desprestigia, pues de no hacerlo decrece abruptamente su credibilidad. Y esa es la realidad de Sergio Fajardo. No solo por contar con un programa de gobierno débil, sin fijar posiciones fijas y fórmulas de arreglo efectivas frente a temas importantes, sino también, que por no responder múltiples señalamientos totalmente fundados es que su aspiración va cuesta abajo. Así algunos politólogos, adeptos a su juego y las ‘encuestas’ oficiales manifiesten lo contrario.
En relación con las rarezas en su gestión, al candidato se le cuestiona por haber dejado al IDEA (Instituto para el desarrollo de Antioquia) con un déficit presupuestal entre 2014 y 2015 de 150 mil millones de pesos, por préstamos a particulares. El aumento de la deuda pública incrementó aproximadamente por un valor de 130 mil millones de pesos, y, el déficit en el sistema de salud, puede superar los 200 mil millones de pesos. Además, el Gobierno de Fajardo invirtió aproximadamente 196 mil millones de pesos, en publicidad para vender una imagen administrativa alejada de su gestión real. Un mediatismo enfermo y obsesivo que constituye un detrimento patrimonial. Teniendo en cuenta que resulta absurdo pretender independencia y buena imagen en la población, cuando fue precisamente la industria antioqueña la que impulsó su candidatura para representar sus mezquinos intereses. Disfrazado bajo el manto de la ética y la rectitud ha obtenido muchos seguidores pero dicho cuento está decayendo desde sus huestes.
Por otra parte, no podemos olvidar que la Contraloría de Antioquia le embargó dos inmuebles al candidato Fajardo por presuntos sobrecostos en el equipamiento y construcción de estaciones de Policía en algunos municipios de Antioquia. Los posibles sobrecostos equivalen a 1.902.989.057 millones de pesos. De ello no se ha pronunciado Fajardo.
Sobre el caso concreto, fueron en total cuatro los inmuebles sobre los que la Contraloría decretó medida cautelar de embargo. Dos de ellos pertenecían a Fajardo y los dos restantes a Santiago Londoño Uribe, su entonces Secretario de Gobierno. Cuando se presentó dicha situación, solo observamos una respuesta seria por parte de su Secretario de Gobierno, más no de Sergio Fajardo. Tampoco se pronunció el ahora candidato.
Para colmo de males, el magistrado Guillermo Mejía del CNE denunció penalmente a Fajardo y a su Secretario de Infraestructura, Mauricio Valencia, por la supuesta comisión de varios delitos relacionados con la contratación pública. Supuestamente, aduce el denunciante que en calidad de gobernador, Fajardo eludió una licitación pública al declarar urgencia manifiesta para efectuar la reparación de unas vías que estuvieron pausadas por más de 12 años.
Posteriormente, soporta la denuncia del magistrado que el gobernador Fajardo le adjudicó a una firma determinada, un contrato de obra pública por un valor inicial de $ 5.640.000.000 y un plazo estipulado de siete meses. Pero luego, el contratista solicitó una adición en dinero y en plazo, incrementando sustancialmente el costo de la obra por un valor de $3.384.000.000 con un plazo suplementario de dos meses. Luego se presentaron ocho adiciones por valor de $31.726.623.217. Algo descomunal, ya que las adiciones según la ley 80 de 1993 pueden ser hasta el 50%, y según las cifras mencionadas, se supera de manera gigantesca el tope establecido.
Traduciéndose los anteriores hechos en temas totalmente cuestionables, sobretodo el último, tampoco hemos observado hasta ahora, un pronunciamiento efectivo y serio por parte del candidato Fajardo. Es cierto que nadie lo está acusando por la veracidad de los mismos porque apenas se trata de meras investigaciones, (excepto del embargo de la Contraloría de Antioquia). No obstante, sí resulta prudente rendirle cuentas a la población sobre aquello que lo desprestigia. Es lo mínimo que podemos pedirle porque estar en la picota pública nos exige responder cuando sea menester, no cuando uno quiera. Y, ello es lo que debemos manifestarle al candidato Sergio Fajardo: es hora de clarificar.
