La Colosa, un proyecto de extracción de oro a gran escala ha causado graves violaciones a los derechos humanos en el municipio de Cajamarca, en el oriente colombiano. Las actividades de exploración de la transnacional sudafricana Anglogold Ashanti afecta el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria de las comunidades campesinas, siendo un claro ejemplo de la necesidad de un tratado vinculante de la ONU para exigir responsabilidades a las empresas trasnacionales.
Cajamarca es considerada como la “despensa agrícola” de Colombia, debido a su histórico protagonismo en la producción agrícola del país. Sus comunidades rurales son consideradas guardianes de los páramos andinos, ecosistemas fundamentales para el suministro de agua de varias ciudades con millones de habitantes.
Desde 2007, los esfuerzos para instalar “La Colosa”, una operación minera a cielo abierto a gran escala (se esperan 30 toneladas de oro por año) en un territorio tradicionalmente habitado por campesinos, amenaza con transformar irreversiblemente la orientación económica, social y cultural de la región en perjuicio de su gente. El riego y suministro de agua de unas 2.400 familias se verían directamente afectados por el proyecto.
El proyecto La Colosa provocó una fuerte oposición de la comunidad. En 2017, las organizaciones locales convocaron con éxito un mecanismo de referéndum constitucional vinculante (consulta popular), que resultó en un rotundo “No” a la mina (97,92 % de los votos).
“Considerábamos que con la consulta el Estado iba a tener claro que en Cajamarca no se acepta el proyecto minero, que queremos seguir siendo campesinos, queremos seguir teniendo derecho a la vida digna, al medio ambiente sano, a nuestra autonomía como campesinos y comunidades rurales”, dice Robinson Mejía, del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime
Desde entonces, la empresa y el pasado gobierno han buscado activamente socavar la legitimidad del referéndum para hacer avanzar el proyecto presentando una serie de demandas. Además, la consulta sólo detuvo a La Colosa, mientras el Ministerio de Minas y Energía de la gestión anterior siguió otorgando una gran cantidad de nuevas licencias a empresas mineras en la zona: en 2008 estas licencias cubrían alrededor del 70% del territorio total y actualmente cubren casi el 30%.
Comunidad busca apoyo de la ONU
La legislación colombiana sobre derechos territoriales distingue entre el derecho al suelo, que puede ser privado; y al subsuelo, que pertenece al Estado, incluso estando bajo terrenos privados. Esto implica que puede ser concesionado, impactando directamente en el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de sus habitantes. El mecanismo de referéndum invocado por la comunidad fue un intento de proteger tanto el suelo como el subsuelo y evitar un desastre social, ambiental, económico y cultural.
“Es un total atropello a los ciudadanos colombianos, que el gobierno pasado se saltó todos los derechos establecidos en la constitución para imponer algo que no estamos de acuerdo y no aceptamos en nuestro territorio. Tenemos miedo y desconcierto porque en realidad no sabemos a dónde nos va a llegar esta situación”, dice Robinson Mejía, del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime
La comunidad y sus aliados exigen a las autoridades colombianas que adopten medidas para que las decisiones mineras no se basen en el llamado “potencial minero energético” de los territorios. Están buscando el apoyo del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación para plantear estas preocupaciones al gobierno colombiano y AngloGold Ashanti, e insisten en la plena consideración del derecho a la alimentación, de las comunidades campesinas y de la participación en la toma de decisiones con respecto a Inversiones económicas y prioridades en Cajamarca.
Adicionalmente, hacen las siguientes recomendaciones a las autoridades colombianas:
- Buscar vías legales para desestimar los contratos de concesión minera, en respeto al resultado del referéndum, que establece la prohibición de la minería en Cajamarca.
- Adoptar medidas de reparación para las comunidades campesinas afectadas por la fase de exploración del proyecto minero La Colosa.
- Apoyar activamente el proceso hacia un Tratado Vinculante sobre las corporaciones transaccionales y otras empresas por el respeto a los derechos humanos, reflejando las demandas de las comunidades amenazadas y afectadas en las negociaciones del tratado, y tomando en cuenta las lecciones aprendidas en el caso de La Colosa.
Algunas de estas demandas podrían ser satisfechas bajo la ley colombiana existente, pero hay poco acceso a la justicia para las personas afectadas por las actividades de las empresas transaccionales allí en donde las empresas controladoras tienen su sede, o tienen sus activos, ya que no existe un marco legal global vinculante para regularlas.
“AngloGoldAshanti tiene demandado al Estado colombiano en tribunales nacionales por haber protegido a sus ciudadanos, el medioambiente y el agua, prohibiendo la minería en páramos. Pero las comunidades vulneradas en sus derechos por esa operación en Colombia no tienen cómo reclamarle a la mina a nivel internacional, o en su propio país” explicó Viviana Tacha, abogada de SIEMBRA, Centro Sociojurídico para la Defensa del Territorio.
Este caso ilustra la urgente necesidad de un Tratado Vinculante ONU que fiscalice a las empresas en sus países de origen – en este caso Sudáfrica, donde la AngloGold Ashanti tiene sus oficinas legales. El tratado de Vinculante prioriza a las personas y al planeta y se centra en la responsabilidad, el acceso a la reparación y las áreas afectadas por conflictos, cerrando así las brechas en la protección y la regulación.
