Recientemente el gobierno hizo la propuesta de financiar las campañas políticas, la cual actualmente se encuentra bajo el estudio del Misión Electoral Especial y ha recibido el guiño desde la Alianza Verde hasta el Centro Democrático.
A simple vista suena descabellado y derrochador de dinero, lo cierto es que aquello de que cada curul, alcaldía o gobernación cuesta unos miles de millones se acabará, y con ello, las deudas de los candidatos electos con sus prestamistas, lo que a la final supone un ahorro mayor.
Sería muy ingenuo pensar que un alcalde paga su campaña con lo que ahorró en la alcancía o lo que le donan sus amigos. La millonada sale de los empresarios, contratistas y bancos que de alguna forma deben devolverles lo suyo, y promediando $10.000.000 de salario no creo que alcance.
En parte se hace inevitable defender a algunos políticos de los actos de corrupción. ¿Qué culpa tienen ellos si el sistema no te permite competir sin dinero, y con ello, sin deudas?
Pues cambiemos el sistema. Pongamos topes únicos donde sea el Estado el que únicamente financie. Así mantendremos igualdad de competencia, austeridad y mayor concentración en el debate argumentativo. Quien se exceda ya sabremos que tiene deudas por saldar, además de merecedor de una sanción considerable.
Así no sólo tendremos candidatos independientes, lejos de toda influencia, si no que abriremos oportunidades a quienes creen que la política es solo para quien tenga dinero al alcance y esté dispuesto a robar, pues ya no habrá razón alguna para desigualdad de campañas.
Por supuesto que la corrupción jamás dejará de existir, no faltará el soborno y tráfico de influencias; lo cierto es que con este tipo de medidas rebajamos considerablemente el rango de maniobra de los corruptos, satanizamos por completo el cobro de préstamos y dignificaremos la actividad política, ya no más definida por un precio sino por trabajo duro y buenas ideas.
