En medio del fragor de la campaña política que culminará el próximo 25 de octubre se han exacerbado los ánimos en torno al manejo de las Empresas Públicas de Cartago, hoy intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SPD.
Aún no se aclara la relación que tuvo el homicidio del candidato a la alcaldía Ignacio ‘Nacho’ Londoño con las denuncias de manejos burocráticos en la ciudad, entre ellos en Emcartago, y la Unidad Nacional de Protección ya tuvo que reforzar el esquema de seguridad del actual agente interventor Harold Arbeláez Herrera, quien no solo debe andar con escolta y chaleco antibalas, sino que ahora le tuvieron que asignar camioneta blindada.
El tema se ha tornado tan delicado que la Fiscalía General de la Nación investiga la presunta participación de tres veedores de la entidad porque estarían detrás de las amenazas contra Arbeláez y su familia, pues las intimidaciones empezaron a llegar a la casa del funcionario después de que su información personal fuera suministrada por la propia Superintendencia al representante legal de la veeduría Héctor Fabio García, candidato a la alcaldía por el Polo Democrático.
Esta persona participa activamente con otros ciudadanos un grupo de protestas y solicitudes públicas que rayan en las amenazas, invitando al agente interventor a renunciar a su cargo y abandonar la ‘Villa de Robledo’, las cuales tuvieron su clímax el pasado 12 de agosto cuando un grupo de personas protagonizaron desórdenes frente a las instalaciones de la entidad.
La protesta fue liderada por Luis Fernando Posso, quien se ha autodenominado líder de un grupo llamado ‘La Brocha’, ciudadano que el 15 de octubre de 2010 fue sentenciado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartago por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, tal como se puede comprobar en la página de la Procuraduría General de la Nación.
En su virulenta y violenta cruzada participan activamente el veedor y candidato al Concejo por el partido de la U, Luis Alfonso Gómez Abonaga, y el concejal y candidato a la alcaldía también por la U, Jaime Tamayo Zuluaga, conocido en Cartago como una de las fichas de la exsenadora y candidata a la gobernación por ese partido, Dilian Francisca Toro.
La cercanía de estos políticos con la estructura política de Dilian, ha llevado a otros concejales a preguntarse quién está detrás o interesado en que Emcartago no salga del proceso de intervención y tenga que ser liquidada pasando a manos privadas, en detrimento de todos los cartagüeños.
Las suspicacias se acrecentaron al conocerse que al parecer la exsenadora Toro estuvo detrás de la compra de Centroaguas en Tuluá, aprovechando que el actual alcalde de esa ciudad, José ‘Chepe’ Gómez, es una de su fichas políticas y que su exsecretaria privada, Lina Segura Moyano, es su candidata para mantener el poder en la ‘Villa de Céspedes’. Faltando cinco años para vencerse el contrato de Centroaguas, logró que el alcalde le firmara una prórroga para seguir prestando los servicios por otros 10 años.
Estos hechos y el creciente rumor que un exsenador y exministro liberal de La Guajira también estaría detrás del negocio de la privatización de la entidad, dicen explicaría las presiones y amenazas en contra de los agentes interventores designados para salvar la compañía. No se puede ignorar que en menos de un año han pasado por el cargo cinco gerentes, que prácticamente fueron obligados a renunciar para salvar sus vidas.
La confluencia de tantos actores políticos que reclaman para que se les devuelva ese patrimonio de los cartagüeños, considerado ‘la joya de la corona’ ha llevado a otros sectores sociales a desconfiar de los verdaderos intereses que están detrás de las denuncias y protestas, y a que muchos ciudadanos se pregunten quién financia toda esta campaña, rodeada de amenazas de muerte, denuncias penales y homicidios.
