Las últimas horas en los tribunales del país han estado marcadas de contrastes. Mientras la Corte Suprema de Justicia sentenció en última instancia al exministro Andrés Felipe Arias a 17 años de prisión por el caso de Agro Ingreso Seguro, un juez penal del circuito se comprometió a estudiar una solicitud para que un expresidente de la Corte Suprema que confesó haber exigido miles de millones por buscar la absolución de corruptos se beneficie con una pena mínima de seis años.
Si bien se trata de casos distintos, que no guardan relación entre sí, lo que llama la atención de expertos y observadores es que los castigos no parezcan guardar proporción con la dignidad de los cargos que ambos ostentaban ni con la gravedad de los delitos.
El exministro Arias ha estado preso en Colombia y en Estados Unidos desde hace ya diez años y se sometió a una deportación, mientras que al exmagistrado Camilo Tarquino, que fue hallado culpable de concusión y concierto para delinquir contra la administración de justicia, le bastó con confesar que cuando presidía la Corte cobró $20.000 millones para buscar que la Fiscalía favoreciera ilegalmente al exgobernador de Córdoba Lyons y a otros procesados por corrupción.
Con todo, Tarquino será el segundo expresidente de la Corte condenado como integrante de una organización delictiva conocida como el “cartel de la toga”. El primero en recibir sentencia fue Francisco Ricaurte.
El monto de la sentencia contra el expresidente de la Corte se conocerá el 3 de marzo.
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