Tras el reciente debate que puso contra las cuerdas al exfiscal Néstor Humberto Martínez se pueden sacar varias conclusiones. La más clara es que el exfiscal utilizó su poder para articular una empresa casi criminal con un único objetivo: lacerar de muerte el proceso de paz. El resultado práctico fue que desató la mayor crisis que ha tenido el proceso y el simbólico fue que le dio razones a Santrich y Márquez para volverse a rearmar en una aventura criminal e insensata llamada “Nueva Marquetalia”. Dos de los principales arquitectos del acuerdo no resistieron la perfidia de Martínez y optaron por volver a empuñar el fusil. Mirándolo en retrospectiva no deja de resultar paradójico, ya que Martínez integró el llamado “gabinete del posconflicto” y sin el apoyo tácito de Santos nunca hubiera llegado a la Fiscalía. Desde ese cargo se empeñó en hacer trizas su legado.
Con su llegada a la cabeza de la Fiscalía se tornó evidente que Martínez no solo sería un clásico “fiscal de bolsillo”. Sus tentáculos se extendían más allá de Cambio Radical (partido del cual fue fundador) y tocaban el corazón del gran poder económico. Nunca tuvo el perfil de un hombre alejado de la politiquería o los conflictos de intereses. Por eso, cuando Fajardo afirmó en 2017 que era la “persona más importante en la lucha contra la corrupción” olvidó su pasado amarrado a políticos de entornos cuestionados como Germán Vargas, el clan Char y su cercanía con Sarmiento Angulo. Con Martínez en la Fiscalía todo lo relacionado con Odebrecht pasaría al olvido y así pasó. Su Fiscalía fue reactiva; poco garantista; mediática y peligrosa. Tal vez fue Robledo quien mejor definió el perfil de Martínez cuando sentenció en un debate en el Senado: “Es fiscal de día y abogado de Sarmiento Angulo de noche”.
Además de torpedear el proceso de paz y orquestar el entrampamiento contra Jesús Santrich (quién a finales de 2016 lo relacionó con empresas cercanas al paramilitarismo), Néstor Humberto también uso la Fiscalía para perseguir a quienes consideraba sus “opositores”. Así buscó reducir a los sectores alternativos y despejarle el camino a su jefe político, Germán Vargas (y aliados del clan Char). Uno de los afectados por las prácticas del fiscal fue el entonces gobernador de Nariño, Camilo Romero. Un gobernador que tuvo la valentía de reclamarle públicamente a Santos y a Duque por su inoperancia ante la implementación del acuerdo de paz y el recrudecimiento del conflicto. Asimismo, su compromiso ambiental lo convirtió en un vocero en contra del uso del glifosato como respuesta a la expansión de los cultivos ilícitos, posición con la cual chocó con el gobierno de Trump (que le canceló la visa) y con un fiscal que sin ninguna consideración ambiental o social siempre fue defensor del glifosato, al punto, de llegar a afirmar que “hace el mismo daño que las carnes rojas”.
No hay duda de que la contundencia de Romero al exponer sus críticas al gobierno; su impulso de un gobierno abierto y en contra de la aspersión con glifosato (cuestión medular en la lucha contra las drogas en la visión de Trump) y en defensa de la sustitución voluntaria, le granjearon enemistad entre los sectores de la clase política tradicional y económica que a bien representaba Martínez. Su respuesta desde la Fiscalía fue hacer lo que estuviera a su alcance para doblegar al gobernador y así emprendió una intensiva persecución política buscando reducir su imagen ante la opinión pública (utilizando el altavoz de los medios) y enlodando su gestión (que arrancó con uno de los mejores planes de desarrollo del país y concluyó con varios reconocimientos internacionales). Su estrategia de intimidación fue un reflejo de la forma como manejo el poder desde la Fiscalía: a finales de 2017 anunció que le imputaría cinco delitos en un proceso relacionado con la comercialización de licores.
Al no encontrar nada que involucrara a Romero desde su programa Bolsillos de Cristal (que valga recordar diseñó con el corrupto y extraditado Gustavo Moreno), con la imputación apresurada de esos cinco cargos intentó doblegar a un dirigente pionero en la implementación de un modelo de gobierno abierto y transparente con 13 herramientas de lucha contra la corrupción, que al momento de la imputación tenía sus cuentas personales embargadas y que periódicamente presentaba su declaración juramentada de bienes. En su defensa, el gobernador afirmó que el procedimiento para la comercialización de los licores era el mismo vigente desde el 2002 (no se modificó en 15 años) y que estaba dispuesto a recibir a la Fiscalía. Inclusive, el ente acusador estuvo en tres oportunidades en la Gobernación y la directriz del gobernador siempre fue clara: entregar toda la información que sea solicitada. A la luz de las recientes revelaciones que ponen en evidencia los alcances del exfiscal surge una pregunta: ¿qué buscaba Martínez al intentar doblegar a Camilo Romero?
Aunque el proceso continúa en la Fiscalía de Barbosa (otro fiscal de bolsillo), no cabe duda que la imputación de cargos fue más una retaliación por las posiciones críticas de Romero; por su negativa al uso del glifosato y sus críticas a la clase política tradicional representada en Vargas Lleras. De esa forma Martínez lo intentó silenciar y doblegar; sin embargo, Romero siguió firme en sus posiciones y hoy pocos dudan que en la lista de “opositores” del fiscal tuvo un lugar destacado. Mucho más cuando los cientos de procesos que involucran a Alex Char (su aliado político y económico) ni se movieron en su paso por la Fiscalía. El tiempo le va dando la razón a Romero, y el lugar como el peor y más cuestionado fiscal de la historia a Martínez. ¿Será recompensado con la embajada?
