La Fiscalía General de la Nación esta invirtiendo bastantes miles de millones de pesos en la reestructuración contenida en los decretos #016 y siguientes de 2014. La reforma, al menos en el papel, intenta modernizar y preparar a la Fiscalía para combatir más ágilmente el crimen organizado, y para contribuir desde el posconflicto a aclarar y a hacer justicia a tantos crímenes e impunidades que por su ineficiencia no pudo evitar ni esclarecer durante las últimas dos décadas del conflicto.
Nadie debe dudar de la estratégica y moderna visión institucional, del buen funcionamiento de varias de las nuevas unidades —la de falsos testigos por ejemplo, que por cierto requiere ser fortalecida—, de las buenas intenciones y de los aciertos del Sr. Fiscal General a la hora de firmar esos decretos. Pero también hay fallas que deben corregirse antes de que causen más estragos. Con buena parte de esos dineros y con una categoría superior a las demás unidades se creó la que sin duda ha empezado a convertirse en el lunar canceroso de esa reforma: la tristemente famosa "unidad de análisis y contextos". Esta unidad, para cumplir su misión, se llenó de funcionarios, vinculó a decenas y decenas de especialistas en diversas ramas del conocimiento y se perfila como una superdependencia autista a la que poco le importa y no tiene en cuenta las decisiones que toman otras unidades —por ejemplo, desconoce o soslaya las decisiones tomadas en justicia y paz—, como si no formara parte de una misma institución y no estuviera obligada a observar principios administrativos como el de la articulación y la coordinación, que en materia de justicia son igualmente imperativos para los servidores públicos.
Y está bien que la plata de los colombianos se utilice para mejorar instituciones que como la justicia requieren con urgencia de transformaciones; y en cambios que se manifiesten de manera directa y tangible en mayor protección a derechos fundamentales, respeto a garantías procesales, desmantelamiento de bandas criminales, menos corrupción y más eficiencia a la hora de operar pronta y cumplida justicia. Lo que está mal es que todo ese potosí de recursos sirva para lo contrario: que se utilice, por ejemplo, para elaborar "novedosas teorías" que más allá de interpretar la historia pretenden modificarla, como la nefasta y recientemente bautizada "Plan Global Criminal", que observa el conflicto armado colombiano con un claro y sesgado sello ideológico, y que en general están siendo y serán utilizadas, no para administrar justicia en favor de los ciudadanos, sino para literalmente destrozarlos.
Tal como en su momento lo hicieron conmigo, lo han hecho y lo seguirán haciendo con muchos ciudadanos, porque en la práctica el carácter arbitrario y comportamiento inquisitivo de esta superpoderosa unidad recorta garantías procesales, viola sagrados derechos a la defensa y al debido proceso, y actuando de manera ciega, sorda y obcecada se niega a entender que cuando los procesos se adelanten por el procedimiento establecido en la ley 600 del 2000, los fiscales tienen la obligación de investigar integralmente tanto lo desfavorable como todo aquello que le sea favorable al procesado. Y que a diferencia del nuevo sistema, la única tarea del fiscal no es acusar y llevar juicio, estigmatizar y moralmente destruir al sindicado, sino también dejarlo en libertad, practicar las pruebas que le sean favorables y precluir si es debido.
Para muestra dos botones:
1. El coronel William Alberto Montezuma, un policía honesto que absurdamente fue llamado a juicio por un fiscal que antes de tener la gallardía de reconocer sus errores, prefirió insistir en ellos y seguir "creyéndole" a los cinco falsos testigos que actuaron en contra del coronel, no obstante que todos fueron imputados y llamados a juicio por otros fiscales que comprobaron que mintieron al testimoniar contra él. Y así, en pocos días veremos un juicio sin antecedentes en la historia judicial del país: fiscales que judicializaron a los falsos testigos actuando en favor del procesado, y enfrentados contra el fiscal que les cree y acusa al coronel.
2. El Sr. Ángel Adriano Palacios, un anciano con 78 años de edad y una vida ejemplar, afrodescendiente, con serios problemas de salud agravados por la pena moral y las pésimas condiciones de reclusión que lo están matando en vida, empresario en el Urabá desde el año 1964, víctima —amenazado, secuestrado y extorsionado— de todos los grupos armados que desde la década del 60, uno tras otro (ELN, Farc, EPL, CRS, AUC, bacrim) impusieron sus maquinarias de terror a la población civil de esa región del país. A Palacios, sin ninguna relación de causalidad, le están endilgando toda la carga probatoria recaudada en contra de otros procesados, y la unidad de análisis y contextos parece haberlo escogido como chivo expiatorio para inaugurar la famosa teoría del Plan Global Criminal.
Hay que corregir errores antes que los daños sean irreparables. Hay que brindar garantías para que los ciudadanos puedan defenderse. No puede ser que en un territorio donde nunca hubo Estado y donde todos los grupos armados impusieron su ley del terror, ahora resulte que quienes fueron víctimas de extorsión terminen siendo revictimizados, convertidos en victimarios y financiadores de sus verdugos por obra y gracia de una teoría que pretende variar la historia de manera por lo menos arbitraria y equivocada. Estoy seguro que esos no fueron los propósitos que motivaron la creación de la unidad de análisis y contextos.
@sigifredolopez
