Una vez más, en Santiago de Cali, se está discutiendo la implementación de un toque de queda nocturno en la ciudad. Según el proyecto de decreto que se ha publicado recientemente, el foco principal está en las juventudes. Según las autoridades, esta decisión es necesaria para “proteger” a las niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de violencia. Esta propuesta parece inspirarse en el modelo implementado en Medellín desde el año pasado, que tiene como objetivo frenar el creciente fenómeno de comercio sexual que afecta a menores de edad en el Valle de Aburrá. Aunque esta problemática ha conmovido a la ciudadanía paisa, también ha generado muchas dudas sobre la eficacia de la medida, así como sobre sus consecuencias en relación con la libertad de movilidad juvenil. En el contexto de Cali, esta fórmula no es nueva; es una estrategia repetidamente agitada que, como bien dicen en el dicho popular, “le echa el agua sucia a las juventudes” en lugar de abordar de raíz la criminalidad violenta que las afecta.
Los argumentos para justificar el toque de queda, que se aplicaría entre las 10 p.m. y las 5 a.m., se basan principalmente en las estadísticas de seguridad, donde las juventudes son vistas como víctimas y como victimarios. Sin embargo, lo que se está haciendo es invertir el sentido de la protección, la prevención y la promoción de los derechos, determinando a los jóvenes como principales agentes de violencia, mientras se restringen sus derechos y se etiqueta a las zonas urbanas como territorios delictivos. Lo más preocupante es que desde las comunidades que se oponen a esta medida, hay dificultades para comprender el fenómeno de fondo y para proponer alternativas viables. Se repiten las mismas respuestas de siempre: falta más prevención, deporte, música, danza, emprendimiento, etc. Sin embargo, aunque estas demandas son válidas, el verdadero problema radica en entender lo que está ocurriendo con la vida de las y los jóvenes y en identificar las dificultades para escuchar y conectar con sus realidades. Este es un trabajo que debe involucrar a los adultos, profesores, padres de familia, profesionales del sector social y medios de comunicación y no solamente de una policía que además, sabemos, es insuficiente para aplicar la restricción.
La propuesta de la Alcaldía parece más una medida populista para “recuperar la autoridad” que una respuesta efectiva a las verdaderas necesidades de la ciudad
El problema fundamental es que estas voces de toque de queda están basadas en ideologías de seguridad que alimentan el miedo y la desconfianza entre los ciudadanos, reforzando estereotipos y estigmas. Se intenta aplicar una forma de gobernabilidad unívoca, como si existiera un único orden en la ciudad, sin reconocer que las nuevas generaciones tienen lenguajes, expresiones, conflictos y demandas sociales cambiantes. Ignorar esta realidad y no buscar la comprensión activa de las dinámicas juveniles es un error. Más que juzgar y limitar, deberíamos abrir un verdadero diálogo intergeneracional, que implique corresponsabilidad tanto de las instituciones como de las ciudadanías. La propuesta de la Alcaldía parece más una medida populista para “recuperar la autoridad” que una respuesta efectiva a las verdaderas necesidades de la ciudad. Este tipo de iniciativas reflejan más los miedos, desconocimientos y fantasmas de quienes gobiernan que las urgencias de la ciudadanía, que clama por alternativas y soluciones más acordes a su situación. Al final, las juventudes terminan siendo chivos expiatorios de un agotamiento en la convivencia intergeneracional, mientras las bandas criminales siguen operando libremente en las diferentes estructuras de socialización de la ciudad.
Difícilmente la prohibición de movilidad nocturna de las juventudes, reducirá de manera significativa la violencia. Más bien, se corre el riesgo de arrinconar aún más a los y las jóvenes y de agravar el problema con el tiempo. Los discursos y justificaciones del decreto pueden hacer parecer que algo se está haciendo, pero a mediano y largo plazo, la violencia no disminuirá por efectos de la aplicación de la restricción a la juventudes y, posiblemente, las brechas intergeneracionales se ampliarán. La Alcaldía debería reflexionar sobre estos aspectos antes de tomar una decisión tan trascendental.
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