Son muchas las circunstancias que nos agobian. Llevamos más de diez días de paro nacional y aun no se ve ninguna luz que haga suponer que llegará su fin; la inoportuna y torpe reforma tributaria, que acribillaba el bolsillo de la clase media, fue el florero de Llorente. Cali ha llevado la peor parte.
Desazón, angustia y dolor son los sentimientos presentes en cada rincón de la ciudad y muy personalmente no veo que se quiera discutir sobre las verdaderas causas del descontento, ni tampoco, de quien o quienes, qué fuerzas, están detrás de esta tragedia.
No existe una sola persona medianamente sensata, por ingenua y radical que sea, capaz de sostener con argumentos serios que los jóvenes tienen capacidad de armar semejante caos en un solo día: 41 sedes de establecimientos bancarios vandalizadas de manera escalonada; destrozos en la sede de la Alcaldía y de la Gobernación; 20 articulados del sistema de transporte masivo destruidos y un número de estaciones inservibles por causa de la violencia. Saqueos sistematizados en almacenes de grandes superficies, supermercados y tiendas de barrio. Estos fueron algunos de los hechos ocurridos el 28 de abril en la ciudad. Un ataque así requiere planeación milimétrica y muchos recursos. La violencia sigue avanzando. Bala, heridos y muerte por doquier.
Los jóvenes tienen el derecho constitucional a manifestarse y a marchar pacíficamente. Razones no les faltan. El estado no tiene una política de empleo para este sector de la población y cada vez más los embarga la desesperanza y el sentimiento de no futuro. Los datos de pobreza monetaria en Cali revelados por el Dane son aterradores. En el 2019 Cali tenía 120.916 personas en situación de pobreza monetaria extrema; en el 2020 la cifra creció a 342.432, es decir que 221.522 personas ingresaron a esta categoría; estos caleños exclusivamente tienen opción de acceder a una comida al día.
El gobierno nacional con su escasa capacidad de escucha y sus desacertadas decisiones, se siente dando palos de ciegos. El presidente abandonado a su suerte hasta por su propio partido y adelantando las mismas reuniones que en el 2019 sin foco y sin contundencia. Se dejó imponer la agenda. Ni hablar del ministro de la Defensa. Todos los pocos triunfos son suyos y los desastres se los endilga a los gobernantes regionales y locales. Se salva el viceministro del Interior Carlos Alberto Baena que ha acompañado las iniciativas de diálogo; el ministro Diego Molano debería entender que tiene que contar con los alcaldes y gobernadores para la implementación de sus estrategias en el intento de que el paro termine.
En cuanto a la fuerza pública, no se entiende por qué no está al mando el general Navarro como comandante general; o el general Vargas director de la policía que es la fuerza actuante en las ciudades. Quien se hizo presente en Cali fue el general Zapateiro comandante del Ejército ofreciendo su renuncia si en dos días no había restablecido el orden. General, la estamos esperando. Colombia ha contado siempre con una capacidad en inteligencia militar que le permite anticiparse a los hechos; este no ha sido el caso. Nos deben una explicación sobre la cantidad de policía de civil, sin portar uniforme, armada y actuante en los disturbios. La fuerza pública se respeta. Pero también los militares están obligados a actuar asegurando la protección de la vida de la ciudadanía y en el marco de los derechos humanos. Los desmanes y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, hechos ocurridos en nuestra ciudad, son inadmisibles, condenables y deben ser fuertemente castigados.
El comité del paro parece no tener vocería ni ser representante de los jóvenes que están en la protesta callejera. La llegada a la ciudad de la minga indígena es una señal de que el paro involucra a muchos otros actores.
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El alcalde y la gobernadora han tenido disposición para escuchar todas las voces; pareciera que el gobierno no los involucra suficientemente en sus decisiones, lo cual es un error
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El alcalde y la gobernadora han tenido disposición para escuchar todas las voces; pareciera que el gobierno nacional no los involucra suficientemente en sus decisiones, lo que es un error. Ellos, son la autoridad territorial, no los convidados de piedra. Deber de los empresarios, además de llevar propuestas ante el gobierno nacional, es rodearles sin miramientos. Sus propuestas de corredores humanitarios y diálogo con los jóvenes, acompañados de la Iglesia es lo único que a la fecha ha dado algún resultado.
Las redes sociales, a pesar de tener la función importantísima de darle voz a los que tradicionalmente no la han tenido, y denunciar realidades y atropellos son algunas veces un canal de desinformación por su mala utilización y causantes de verdadero pánico en la ciudadanía. Ideas descabelladas como el porte de armas en manos de los civiles deben ser condenadas y descartadas.
La polarización no permite la generosidad. Colombia está por encima de cualquier diferencia. El presidente Duque debe invitar a sus contradictores a que contribuyan a buscar una solución a la peor situación que hemos enfrentado en los últimos tiempos. Ya es hora de entender que el paro durará hasta que quienes lo están financiando tengan capacidad de seguir haciéndolo.
¿Qué fuerzas y con qué intereses están detrás del paro?
