Hace unas semanas el entonces presidente Santos firmó la ley que transforma a Cali en un distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios. Este hecho ha despertado entusiasmo en diferentes sectores de la ciudad, entre ellos el Concejo Municipal, la bancada parlamentaria del departamento, empresariado, líderes comunitarios y dignatarios de las Juntas Administradoras Locales.
Ello implica una nueva forma de organización y administración del municipio y sus recursos. Cali deberá asumir nuevas responsabilidades presupuestales como los derivados de la creación de las alcaldías menores, o las de sostenimiento y renovación de escenarios deportivos, patrimonio cultural e incentivos a las empresas que promuevan el turismo o se instalen en los diferentes sectores. También, deberá asumir grandes retos en la transparencia en el manejo a los recursos de inversión, asunto que será definitivo una vez creado el distrito, para que el proyecto no fracase.
Las irregularidades denunciadas en la contratación de la cobertura educativa con instituciones privadas [1], que en el año 2017 generaron traumatismos en la ciudad, son un ejemplo de la relevancia de la transparencia y el cuidado de los recursos públicos. Estos deben ser de especial cuidado cuando se usan en convenios con entidades de carácter privado, que es la apuesta de la ley 1617 (la que reglamenta los distritos especiales) para la inversión en estas entidades descentralizadas. En este tipo de convenios debe haber una veeduría ciudadana y una infraestructura pública “con dientes” que puedan hacer auténtico control tanto a funcionarios públicos, como a los contratistas privados.
Recordemos el caso de Odebrecht, donde se destapó el soborno por parte de una empresa internacional al gobierno colombiano con el fin de ganar la adjudicación de contratos. Sin ir muy lejos, los líos de contratación que tiene actualmente el Municipio de Cali, que incluso el Alcalde los ha hecho públicos [2], atraviesan proyectos estratégicos como las Megaobras, con sobrecostos altísimos [3] por falta de planificación, el Plan Jarillón, con hallazgos de la Contraloría que van de los disciplinarios a los penales [4]. También atraviesan entidades centrales como la Secretaría de Tránsito, Metrocali, entre otras [5].
Se hace necesario abordar un asunto sobre este tránsito hacia el distrito especial que aún no ha sido explorado con profundidad. Las ventajas en términos de autonomía que Cali ganaría, se darán en medio de dificultades fiscales y escándalos de corrupción alrededor del territorio nacional, y con un apenas recientemente superado plan fiscal impuesto al municipio para superar su déficit con el que la ciudad inició el cambio de siglo (debido a malos manejos administrativos y una fracasada reforma administrativa de finales del siglo XX). Además, son varias las dificultades de planificación urbana que no han resuelto ni los problemas de transporte en la zona metropolitana de Cali, ni la tensión existente entre los planes de renovación urbana con los derechos de las comunidades presentes en estas zonas.
Con este panorama, potenciar a Cali ante la mirada internacional como distrito especial pasa por diseñar también estrategias que permitan su sostenibilidad financiera. Los caleños deberíamos entonces sentirnos afortunados, pues justo este domingo 26 de agosto tendremos la oportunidad de votar la consulta anticorrupción, esta propone siete puntos entre los que se cuenta, además de la reducción del salario de los congresistas, la obligatoriedad a los entes territoriales de usar pliegos tipo para evitar las contrataciones a dedo, castigar a las empresas que tengan comprobados actos de corrupción y usufructo de dineros públicos, castigar con cárcel a los corruptos, que todos los funcionarios públicos estén obligados a presentar sus declaraciones de renta, realizar audiencias públicas para decidir las priorizaciones del presupuesto público y someter esta ejecución a escrutinio permanente de la ciudadanía. De aprobarse este mecanismo de participación ciudadana sería un primer paso para que Cali, al convertirse en distrito especial, tenga mayores posibilidades de control de sus recursos públicos y no se convierta este cambio en una oportunidad para que los corruptos pongan el dinero de todos al servicio de sus propias empresas o las de sus amigos.
El mensaje que podemos dejar en las urnas este domingo es contundente, no toleramos que sigan haciendo fiesta con el patrimonio de los colombianos, y estaremos vigilantes para que nuestros recursos públicos sean utilizados con el propósito de satisfacer nuestros derechos sociales y económicos. Parafraseando a Rodolfo Arango, los colombianos hemos aprendido más por lo que hemos perdido, que por lo que nos falta por ganar, y ya hemos perdido demasiado por cuenta de la corrupción. No dejemos inconclusa la tarea.
