Si a alguien está dirigido el mensaje político de las elecciones del pasado domingo 19 de junio en que el senador Gustavo Petro fue escogido de manera mayoritaria como nuevo presidente de los colombianos es a los generales Eduardo Zapateiro, el comandante del Ejército, y Jorge Luis Vargas, comandante de la policía colombiana. Ni qué decir sobre el impresentable ministro de Defensa, Molano, una persona que ha ido en contra los derechos humanos de miles de campesinos y líderes sociales.
La descarada violencia ejecutada por el gobierno uribista de Iván Duque a lo largo de los últimos cuatro años con el exterminio de miles de lideres sociales, ambientales, de los derechos humanos y las masacres de humildes campesinos, como las de menores en Guaviare, Caquetá e indígenas en Putumayo, tiene en Zapateiro y Vargas a sus principales artífices y ejecutores.
Vargas, el de la policía, fue el cerebro detrás de las masacres de inermes ciudadanos en Bogotá en noviembre del 2020, cuando la masacre de la jauría de patrulleros se llevó por delante la vida de decenas de jóvenes en Bosa, Soacha, Engativá y Suba; Vargas, con el Esmad es el culpable de los atropellos a los estudiantes universitarios afectados en sus vistas, torturados, desaparecidos y asesinados durante las movilizaciones del 2019 y el estallido social de abril del 2021.
El general Zapateiro es el organizador y autor de la masacre de decenas de personas en Cali durante el estallido popular de abril de 2021. A Cali fue directamente a organizar y ejecutar la operación violenta contra los manifestantes supuestamente para pacificar este principal centro urbano del país, en el que se presentaron las mas combativas acciones contra la reforma tributaria y el modelo de Duque/Carrasquilla.
La ira indignación de los votantes se expresó fundamentalmente contra estos dos siniestro chafarotes, que son el símbolo de la esencia violenta de los aparatos militares del régimen político colombiano.
Que caigan es el clamor generalizado de millones de ciudadanos que no escucha Duque y tampoco Molano, pero que debe elevarse de manera permanente hasta que sean desalojados de sus cargos junto con toda la camarilla de gorilas que orbitan en sus jurisdicciones.
Un suceso así tan esperado debe por lo demás incorporar la reflexión sobre los cambios que deberá hacer el nuevo gobierno del Pacto Histórico en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y de Policía. Esos aparatos de violencia están podridos como consecuencia de las doctrinas de seguridad que enfatizan en el “enemigo interno” y de la corrupción que se refleja en la perdida de miles de millones de pesos en contratación irregular y en las compras de armamento desueto y de vehículos aéreos innecesarios.
Las Fuerzas Armadas no pueden seguir como hasta hoy han operado. Además de erradicarla oscura doctrina que impera allí en las escuelas de altos oficiales es necesario que se adelanten sin dilaciones medidas como la disolución del Esmad, la suspensión de la Operación Artemis en el Meta, Caquetá y Guaviare por ser un foco de vulneración de los derechos humanos de campesinos e indígenas cocaleros que fueron engañados por el gobierno de Duque con los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Trabajar para cerrar las ocho bases militares gringas convertidas en depósitos de material nuclear es una prioridad, al igual que alejar a Colombia de la peligrosa orbita de la OTAN en la que la metió Duque con sus ínfulas de dictadorzuelo tropical, verdadera marioneta del pentagonismo imperialista.
Que caigan, pues, estas dos fichas militaristas del poder de la sangre y de la muerte.
