El pasado martes 4 de septiembre, en horas de la mañana, el CTI y la Fiscalía General realizó la captura del funcionario Hugo Leonardo Ortiz Cárdenas, ingeniero supervisor de la Secretaría de Educación de Villavicencio y quien además es el aparente autor intelectual del desfalco del erario mediante irregularidades en la contratación. Su captura obedece a los delitos de corrupción como peculado y falsedad ideológica en documento público, desviando casi dos mil millones destinados a los colegios públicos.
Como indica la Unidad Investigativa de El Tiempo: “Las investigaciones coordinadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenciaron posibles irregularidades en la celebración del convenio interadministrativo 0787 del 11 de julio de 2016, entre la Secretaría de Educación de Villavicencio y la Asociación Regional de Municipios de Amazonía y de la Orinoquía (Asomaroquia) por un valor de 1.933’180.217 pesos, de los cuales el municipio aportaba 1.671’299.684 y la asociación 261’880.533 de pesos”.
Pa pesquisa por parte de la Fiscalía corresponde a una serie de denuncias interpuestas por el concejal del Polo Democrático Juan Felipe Harman, en donde se advertía la aparente irregularidad de contratos que violaban los parámetros legales de contratación. La contratación directa presuntamente obedeció a “feriar” el dinero de los colegios públicos, de un contrato valorado en $1.933’180.217 (mil novecientos treinta y tres millones ciento ochenta mil doscientos diecisiete pesos), con una empresa que no tenía experiencia alguna en los procesos requeridos para la contratación, inventando las experiencia específica de la empresa contratista.
Aunque el actual alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa negara las irregularidades, el ente de control determinó que existía corrupción dentro de los manejos internos de la administración municipal. La empresa contratista no poseía registro TIC aportado por el Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, esto con el fin de apoderarse de los recursos públicos dedicados a la educación.
El objetivo principal del contrato era prestar servicios TIC a los colegios de la capital metense, no obstante, se desconoce los motivos por los cuales se favoreció a una empresa mediante contratación directa, sin convocatoria y sin licitación. Como resalta el cabildante Harman, “no es la única denuncia que nosotros hemos hecho, denunciamos al señor Fontecha por el escándalo del Plan de Alimentación Escolar, hemos denunciado con las autoridades pertinentes el escándalo de Patios y Grúas y lo que tiene que ver con el acueducto que es más grave”.
Según W Radio, la Fiscalía investigaba la contratación de casi de 2.000 millones de pesos que hizo la alcaldía con la empresa Asomaroquia: en dicha contratación tenía como eje ofrecer Internet a los colegios de Villavicencio y que al día de hoy no se registra ninguna conexión a internet en los colegios del municipio. Aunque el Ministerio de Educación advirtió a la administración de Wílmar Barbosa que dicha empresa “no cumplía con los requisitos de experiencia ni técnicos para prestar este servicio, la alcaldía hizo caso omiso y les otorgó el contrato”.
Entre los capturados están: Elmer González González, representante legal de Asomaroquia; Néstor Humberto Romero García, gerente para el Desarrollo de las TIC, adscrito a Asomaroquia; y Jackelin Casallas Bautista, supervisora de Asomaroquia. Además, como indica la Fiscalía “otras tres personas son investigadas por estos hechos, entre ellas, dos exfuncionarios de la Administración Municipal”, entre ellos el exsecretario de educación Hernando Fontecha.
No es la primera vez que el gabinete y la administración de Wilmar Barbosa está en la mira de los entes de control por presunta corrupción: desde favorecer a privados, usar los espacios públicos para catapultar al congresista Jaime Rodríguez, como las irregularidades del corredor ecológico y la ineficiencia en las finanzas públicas del municipio.
