Sobre la cadena perpetua para violadores quiero aclararles que:
-La reforma constitucional da igual castigo al violador del niño accedido que al del asesinado, de ahí se puede inferir que el sujeto preferirá matarlo antes que dejar al niño como testigo, así vulnerando el derecho a la vida del menor;
-La modificación no es precisa y queda ambigua al incluir también al acto sexual con los menores en incapacidad de resistir. A modo de ejemplo, es probable que un joven tenga relaciones con alguna menor de 16 años que es su pareja, ambos en estado de embriaguez, y el joven termine denunciado por los padres de la menor, y sea condenado de por vida si se les dan las cosas a aquellos en el proceso penal;
-El acto legislativo (modificación de la Constitución) incluye revisión de penas cumplidos los 25 años de condena. Es decir que violadores, por principio de irretroactividad y favorabilidad, como Garavito (condenado en 1999) en 4 años y Uribe Noguera en el 2042 tendrían la posibilidad de quedar libres si piden una revisión de su condena. Cuestión que no permite la ley penal actual, con pena mayor de 60 años;
-Por último, esta modificación crea un efecto de antinomia constitucional con el artículo 12 de la Carta, el cual manifiesta que “nadie será sometido a penas crueles”, entonces no sólo tocaría reformar el 34 sino también este porque ambos se contrarían.
Cabe decirse que esto es una modificación a la Constitución y el acto legislativo le da al gobierno el plazo de un año para que presente el proyecto de ley que regularía tal modificación al artículo 34. También es presto mencionar que en el debate de hoy donde fue aprobado este acto legislativo, se presentaron 22 recusaciones en contra de senadores que estaban presuntamente impedidos para votar y que supuestamente el presidente de la corporación no les quiso dar trámite a tales impedimentos; senadores no sólo de la oposición sino de partidos gobiernistas, como el de la U, denunciaron falta de garantías, entre estas que fueron sacados de la sesión, la cual se realizó de modo virtual.
Es necesario un verdadero sancionamiento contra los que violenten a los niños y a las niñas, por ende, también con la manera de buscar prevenir esos crímenes, pero en este debate yo invito a pensar desde la razón y no con la emoción como han querido hacerlo muchas personas, empezando por el gobierno y algunos senadores que han estimulado el odio, lo mismo hacen en elecciones para hacer votar a la gente emberracada y es ahí donde el Estado de opinión se vuelve perjudicial.
El famoso tratadista penal Cesar Beccaria dijo en el siglo XVII que “no es la crueldad o severidad de las penas la que disuade, sino la certeza de que habrá castigo”, muestra de ello en la actualidad es la ley que aumentó la pena en 60 años, la cual fue sancionada 2008. En 2019, 22.000 niños fueron violados, y sólo 207 violadores de estos casos al día de hoy están condenados, o sea una impunidad del 99.5%, pese a que existe la pena de los 60 años que es similar a la cadena perpetua, la reflexión es que penas más altas no son ninguna garantía de protección al menor violado ni tampoco de condena para el que viole.
La solución va en la confianza que tenga la víctima para poder denunciar y que sepa que su violador será condenado, confianza al sistema como tal, eso se logra es con una buena reforma a la justicia que consiga un reajuste financiero y se le dé más presupuesto al sistema judicial, buscando con esto desasfixiar a los juzgados penales (que están hasta arriba de procesos y acciones constitucionales), y evitar problemas como el vencimiento de términos, el cual se ha convertido en la principal causa de impunidad. ¿Qué falta para que se realice? Voluntad gubernamental.
A pesar de sus desaciertos y aciertos en los controles a actos legislativos, a lo largo de la historia, se confía y se espera una buena decisión por parte de la Corte Constitucional, que evite esta modificación a nuestra Constitución.
