Hace pocos días estuve en el Congreso y tuve la oportunidad de conocer a Johana Jiménez, la hija de Gilma Jiménez, la senadora de los niños.
Me comentó que estaban recogiendo firmas para el referendo de la prisión perpetua de violadores y asesinos de niños. Johana me preguntó a qué me dedicaba y le contesté "soy abogado litigante en Penal". Ella me contestó: "son muchos los penalistas quienes no están de acuerdo con la cadena perpetua".
Conocerla me llevó a realizar este pequeño escrito y exponer mi opinión frente este tema que es tan complejo y de vieja data en los debates, en cuanto al derecho penal se refiere.
Dentro de las diferentes áreas del Derecho Penal encontramos la criminología que para este caso la traemos como la política criminal, que debe tener todo Estado para combatir y reducir las diferentes formas de violencia o conductas criminales.
Uno de los pilares del derecho penal es evitar que los delitos deban criminalizarce, es decir, evitar que solo sea el derecho penal el corrector de la sociedad; sino que por el contrario sea el Estado a través de las políticas públicas como la educación quien evite que las personas incurran en comportamientos delictivos.
Es decir, el derecho penal espera que la última ratio para solucionar un problema social sean las penas en sí mismas y no tener que llegar a la tipificación de conductas punibles, ya que estas en su mayoría llevan a condenas intramuros.
Es deber del Estado y dentro de sus fines está crear políticas públicas que eviten la propagación de problemas sociales que generan inseguridad.
Es claro para cualquiera que estudie Derecho Penal que la mejor solución para un problema social son las campañas educativas e inversión social por parte de las entidades públicas. Dicha inversión se debe destinar a las poblaciones más vulnerables, que por lo general es donde son comunes flagelos de inseguridad como las violaciones, hurtos, homicidios, drogas y demás.
Para el caso de los violadores y asesinos de niños se supone que se deberían aplicar las mismas premisas puesto que estas penas son de las más agravadas por el Código Penal y solo restaría la inversión social.
En países del primer mundo como los Países Bajos, Noruega, Finlandia, este tipo de delitos tienen tasas muy inferiores puesto que su cultura, educación, además de la gran inversión social llevan a que este tipo de conductas no sean de gran impacto en relación a otros países en desarrollo como Colombia.
Entonces la solución al problema sería que el gobierno destinara presupuesto a través de programas de inversión social para evitar este tipo de delitos, de tal modo que los programas de educación, alimentación y asistencia a la población, impacten a las comunidades, ocasionando como resultado menores índices de criminalidad.
Para describir mejor la situación es necesario informar que la mayoría de estos violadores y asesinos provienen de poblaciones pobres donde sufrieron de niños algún tipo de violencia, ya sea sexual o física, que los afectó psicológicamente. Muchas veces cuando se hacen adultos replican estas conductas.
Si en Colombia existiera menos pobreza y desigualdad el índice de criminalidad sería inferior, ya que la inversión social en poblaciones reprimidas llevaría a que sus niños no se expongan o experimenten estos hechos.
Como abogado penalista que soy considero que la mejor solución para evitar la criminalidad es la educación y la inversión social; pero hay una situación muy difícil en nuestro país y es que esta inversión social prácticamente no se da. Así es, en un país como el nuestro la inversión para este tipo de flagelos sociales es muy poca y muestra de eso son las altas tasas de violencia contra los menores.
Cuando se promulgó la Ley 1098 de 2006 (Ley de infancia y adolescencia) que agravaba las penas para los delitos contra menores de 14 años muchos penalistas no estaban de acuerdo por la misma razón por la no están de acuerdo con la cadena perpetua y por eso debo hacer la siguiente pregunta: ¿donde están los resultados de campañas de inversión social para este flagelo diez años después?, ¿cuáles son los resultados?
Es clara la respuesta, no los hay, porque no se han hecho, por eso no hay resultados. El único resultado fue producido por esta ley fue el incremento de penas para este tipo de delitos. Por eso, hoy en día, la mayor parte de las condenas después de los hurtos son por actos sexuales en menores de edad. Si no se hubiera promulgado esta ley de infancia y adolescencia, aquí estaríamos esperando la inversión social y muchos de estos abusadores que están hoy en las cárceles estarían libres.
Entonces podemos determinar que el incremento de las penas en una sociedad que carece de presupuesto y políticas de inversión social es la respuesta más inmediata y efectiva para evitar en cierto porcentaje la consumación de delitos.
Para los que no están de acuerdo con la Cadena Perpetua para violadores y asesinos de niños, les hago la siguiente pregunta: ¿ha sufrido este tipo de delitos en su familia? Mejor aún: ¿Ha podido experimentar la reacción de un padre o madre al ver que le han violado su hijo? Si es así estoy seguro que dudarían de su postura.
En alguna ocasión, un médico del Bienestar familiar me comentaba que de las cosas más lamentables y tristes de observar es la cara de los padres de los niños que han sido violados. Cuando estas personas llegan allí con su hijo o hija para recibir ayuda se siente la impotencia y el dolor que llevan por dentro. Eso, por no hablar de las opiniones que tienen aquellos que fueron violados cuando eran niños.
No quiero ser amarillista, pero lo mínimo que se merece un asesino como Garavito, que torturaba para violar y luego mataba los niños, es cárcel de por vida.
Es claro que los programas sociales y políticas de inversión social son necesarias, pero estos vienen a largo plazo, y eso si se logran aplicar. Por lo general, estas campañas dan muy pocos resultados en Colombia y no podemos seguir esperando.
El Bienestar Familiar, Medicina Legal y la Fiscalía reciben todas las semanas casos de violencia o abuso contra menores de edad, entonces cada día que pasa sin que hagamos nada hay un niño más victima de estas personas despreciables.
Ahora como abogado penalista le hallo la razón a la Honorable Senadora Gilma Jiménez y ahora a su hija Johana, quien retomó su legado para impulsar el referendo que apruebe la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños; por cuanto, de algún modo, hoy en día las personas sienten que el trato con los menores debe ser diferente ya que un delito contra ellos acarrea severos castigos.
El Consejo de Política Criminal deberá encontrar que para esta situación el Derecho Penal tiene un desfase y es que estamos en una sociedad violenta que no garantiza la vida y el desarrollo sexual de los menores, donde el Estado se quedó relegado para cumplir con su función de garantizar los derechos de los niños.
Por todo lo anterior, podemos determinar que la verdad es que "un niño no puede darse la oportunidad de que el Estado o su gobierno inicie la tarea de invertir en políticas sociales, mientras su victimario está tocando a la puerta".
