En la sociedad actual se presenta por parte de ciertos grupos sociales la exigencia al Estado de la obligación del cumplimiento de una serie de derechos que para ellos son fundamentales e innegables para el ser humano. Este es el caso de la salud, la educación, el alimento, la vivienda y otros servicios cruciales para el desarrollo del proyecto de vida de cualquier ciudadano.
La argumentación que defiende estos planteamientos pasa por la solidaridad o la empatía que debemos tener con otros seres humanos, en especial con quienes no cuentan con los mismos privilegios. También se hace alusión a la desigualdad o acumulación de capital por parte de un sector de la población, lo que resultaría injusto con otro sector que no ha tenido el mismo destino económico.
De la misma forma, se alude a que sin un Estado garante de estos derechos es imposible o muy difícil lograr el desarrollo o crecimiento económico de los habitantes de una región determinada. Sin embargo, al atribuir estos derechos como fundamentales se plantea la contraparte de este derecho: el deber. Todos los ciudadanos al adquirir derechos, adquirimos deberes para con la nación. Si alguien decide que tú tienes el derecho a adquirir un bien o un servicio, implica que alguien más tiene el deber de financiarlo. Si tu hijo no tiene que pagar por recibir el servicio educativo es por que yo tengo que pagarlo.
De esta manera yo financio la educación de tu hijo, tú financias las citas médicas de mi abuela, tu vecino financia parte de los servicios públicos de el vecino de mi novia, mientras la mamá del vecino de mi novia que vive en Medellín financia las carreteras del primo del sobrino de un amigo que vive en Bogotá, y todos financiamos los costos de las decisiones que toman los que tomaron la resolución inicial.
Esta decisión no debería ser tomada de manera centralizada, pues la información con la que se cuenta no es suficiente para saber si es la forma más eficiente de asignar los tan escasos recursos, es decir, no es posible saber desde Bogotá si en Pamplona, Norte de Santander, es mejor que una familia deje de consumir parte de su ingreso en lo que necesita en el momento para ayudar a financiar el sueldo de un empleado del ministerio de educación o la señalización de tránsito del túnel de la línea.
De modo que si esta decisión no se toma con la información necesaria para beneficiar tanto a quien se le atribuye al derecho como a quien se le asigna el deber es posible que esta incluya un sesgo político. Este puede estar impulsado por oblicuos ideológicos, por razones arbitrarias del gobernante de turno que tienen más que ver con intereses propios, por acuerdos y/o favores políticos que lo llevan a tomar decisiones que afectan a millones de seres humanos o simplemente por atisbar la intención de perpetuarse en el poder.
En este orden de ideas, el beneficio que se busca otorgar en forma de derecho a un sector de la población es posible que no sea la forma más eficiente de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos debido a la falta de información que tiene quien toma la decisión centralizada. Pero si esta dependiera directamente de los actores involucrados serías mas eficiente la distribución y utilización de los recursos; es decir, si en lugar de que parte de mi dinero vaya al Ministerio de Educación y empiece a atravesar una telaraña de burocracia y regulaciones para finalmente llegar a los actores directamente involucrados, pudiéramos evitar ese intermediario administrativo tan deficiente los recursos serían mejor aprovechados por quienes deben tomar las decisiones de relevancia.
Concluyendo que si detrás de cada decisión tomada de manera centralizada están este tipo de intereses es porque detrás de la pelota siempre viene un niño, lo mejor es contar con un marco institucional sólido que pueda garantizar que cada niño tenga su boleta para asignar correctamente estos recursos, con el fin de facilitar el libre e independiente desarrollo de los proyectos de vida de cada ciudadano.
