La corrupción es la “acción y el efecto de corromper”, en tal sentido es “el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente”, para beneficio personal o de un grupo determinado, en detrimento de otros, de la mayoría de miembros de una comunidad. Entraña en sí esta acción un comportamiento claramente ilegal y casi siempre ilegítimo, pero más allá, un comportamiento que estimula a otros a continuar por esa senda, hasta pervertir completamente los espacios y los procesos, llevándolos a su desnaturalización total.
La palabra corrupción proviene del latín corruptio, formado por los vocablos con, que quiere decir ‘junto’, rumpere, ‘quebrar’ y el sufijo -io, que quiere decir acción y efecto. En tal sentido, la corrupción trasciende lo meramente económico, quiero decir, lo valorado en dinero, y se expresa constantemente en las relaciones de poder, y más si están se encuentran relacionadas con la mayor organización política de un país, el Estado, el cual surge al interior de las sociedades, supuestamente por la imperiosa necesidad de defender los derechos de los más vulnerables ante los abusos de la fuerza y el poder del más fuerte.
Hechas estas precisiones de orden semántico, y trasladados a la realidad nacional, resulta vergonzoso los niveles de corrupción alcanzado en las instituciones del Estado, herencia ello de una seguidilla de gobiernos con claros comportamientos mafiosos y criminales, que las alejaron de las funciones y objetivos que constitucionalmente les fueran asignados; esa corrupción no solo habría descollado en el poder legislativo (su espacio “natural”) y en el ejecutivo, y permeado juzgados y tribunales (cartel de la toga), sino que ha hecho cama en órganos tan importantes en la estructura y el funcionar del Estado (por su poder para atacar precisamente la corrupción), como lo son la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, y habría trascendido más abiertamente (descaradamente) en eso que algunos han llamado “el Cuarto Poder”, es decir, los medios masivos de comunicación, que hoy lo son más de desinformación y manipulación, reforzándose como “aparato ideológico” por excelencia de un establecimiento corporativo que auspicia la corrupción y está dispuesto a hacer lo que sea por preservar su poder.
Es claro que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, ha venido actuando como representante, no de la institucionalidad (a pesar del discurso para ingenuos que suele utilizar), sino de los sectores políticos y económicos que han detentado el poder históricamente en nuestro país, los mismos que han hecho de Colombia un Estado fallido y a su sociedad una de las más inequitativas, desiguales, con mayores niveles de pobreza y violencia sistemática del mundo, muy a pesar de las extraordinarias riquezas que estas tierras guardan para todos y cada uno.
Encontramos entonces a un fiscal interviniendo claramente en política, entrometiéndose en las políticas públicas orientadas desde el ejecutivo, ejerciendo una justicia mediática, con inflacionismo punitivo y orientado a perseguir (y ahí sí actuar) progresistas y miembros de sectores de izquierda (contra los cuales se muestra inflexible en las medidas a aplicar), mientras que, sin sonrojarse, aboga, les baja el perfil, paraliza, archiva y busca precluir, investigaciones penales que se surten en contra de los amigos del Establecimiento (Odebrecht, Álvaro y Santiago Uribe Vélez, Abudinen, Rafael Andrés Escobar, Ñeñe-política, Hidro-Ituango, Para-política, etc.)
Concertada claramente con el fiscal Barbosa encontramos a la procuradora Margarita Cabello, de quien ya se había dicho con antelación a su elección que iba a “ser una procuradora de extrema derecha, que no garantizará la imparcialidad, también que va a representar a un sector político en particular, la familia Char, que ha sido cuestionada, en especial, por asuntos burocráticos y, por último, que ella no sería lo completamente imparcial para investigar a funcionarios del gobierno Duque, como por ejemplo en las irregularidades que se han denunciado en la contratación para enfrentar el Covid-19” (EL Universal).
Los vaticinios se cumplieron; así pues, la procuradora, en uso del poder mediático que le confieren ciertos medios informativos, ha hecho de su mandato un acto político en contra de unos (gobierno y cercanos a él)) y en favor de otros (oposición al gobierno), y en tal sentido, por ejemplo, contraviniendo lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el alto Tribunal de lo constitucional en Colombia, suspende y destituye servidores públicos de elección popular, mientras que por otro lado no se ven resultados en casos tan aberrantes como el de la exministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones durante el gobierno Duque, Karen Abudinen, con quien se “desaparecieron” 70 mil millones de pesos destinados a llevar internet a los sectores rurales más apartados del país".
Muy al contrario de lo mostrado con la abudineada de los recursos del Estado, de una manera que no deja de sorprender, muy a pesar de lo evidente de la parcialización e intenciones que animan a la Procuradora, se suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva por la decisión que este adoptara en un proceso licitatorio para la expedición de pasaportes, un hecho ante el cual ya salió a terciar, en favor claramente de Margarita Cabello, el cuestionado fiscal Barbosa, este sí violentando nuevamente la independencia de poderes, contrario a lo que pudiera decirse del Presidente Gustavo Petro, quien es el inmediato Jefe del canciller, y está en todo su derecho a defender su gestión ante el proceder de la Procuradora.
Todo este accionar desproporcionado, que ha contribuido en la profundización de la corrupción en las instituciones estatales, y especialmente de los órganos de control, se encuentra claramente acompañada de la caja de resonancia que hacen periodistas como Néstor Morales, Luis Carlos Vélez, Salud Hernández Mora, y principalmente, a la cabeza de todos, Vicky Dávila, personaje que lo ha llevado a un nivel de degradación sin precedentes en la historia de Colombia, más aún si tenemos en cuenta los avances tecnológicos en las comunicaciones a los que hemos llegado, y que nos permiten hacernos de los elementos necesarios para verificar qué tan cierta es o no una noticia, o cuánta manipulación hay o no en la información, de tal suerte que podemos medir la calidad del medio y de los periodistas que para él trabajan.
Dávila ha sido cuestionada por sus vínculos familiares que la relacionan con políticos y clanes de reconocida mala reputación; se evidencia como “periodista de bolsillo” de Álvaro Uribe Vélez, con quien refleja clara simpatía; es la misma de la que se filtró un audio en el 2020, en el que habla con otro periodista sobre el caso de narcotráfico que compromete al entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente (caso sin avances penales –fiscalía, ni disciplinarios), luego de que se encontraran laboratorios de coca en una propiedad familiar, y es la misma que ante la inminente elección de la nueva Fiscal General de la Nación, comienza a desorientar a la opinión pública, confrontándose con Daniel Coronell, a quien descalifica su trabajo periodístico, cuando ella no tiene en su palmarés nada qué mostrar en el campo de la investigación periodística.
Así pues, Dávila representa el otro brazo de esta particular tenaza de tres brazos (Fiscalía, Procuraduría y Medios), que, trabados por el clavo o eje de la extrema derecha del país (grandes corporaciones, uribismo, mafias, etc.), se abre y se cierra según se le antoje y necesiten las personalidades de estos sectores de la sociedad, buscando someter, apretar, intimidar, chantajear y aniquilar, física y moralmente, todo proceso o persona que promueva cambios, transformaciones sustanciales en la sociedad o aliente la deposición de un establecimiento a luces vista generador de miseria, al tiempo que garantizan impunidad para corruptos y delincuentes del más alto nivel.
Transitamos un periodo de potenciales y sustanciales cambios, que esperamos se vean reflejados, por ejemplo, en la elección oportuna de la nueva Fiscal General de la Nación, para lo cual se requiere el cumplimiento estricto e imparcial de sus funciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, de tal suerte que se vaya zafando esta corporación del lastre dejado por el inacabado episodio del “cartel de la toga”, se vaya depurando de la corrupción y logre su independencia, para lo cual se sobreentiende que cuenta con el apoyo de una sociedad dispuesta, entre otras cosas, a denunciar el accionar de esa particular tenaza de corrupción que se ejerce desde los mecanismos de control social aquí analizados.
*Abogado defensor de DD. HH.
