La educación en Colombia es un derecho constitucional fundamental que representa un servicio público con una función social, no solo para la persona en sí, también para la configuración de una sociedad que soporta a partir del conocimiento, la ciencia, la técnica y los valores culturales que posibilite, como lo enfatiza la carta política, en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.
Tal promulgación en la Constitución política estableció que el Estado es garante para un adecuado cubrimiento del servicio educativo en el territorio nacional. Por tanto, en Colombia los menores de edad, entre los cinco y los quince años de edad, gozan del derecho al acceso de la educación básica de manera gratuita, claro está cuando de instituciones del Estado se refiere.
Al respecto, la dinámica garante del deber estatal para asegurar un cubrimiento del servicio educativo para los menores, así como de las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo, se ha centrado más en garantizar el acceso al plantel educativo, que a un sistema integral de formación con calidad para forjar lo moral e intelectual en los educandos, tal como lo establece el artículo 67 de la Constitución Política de 1991.
| También le puede interesar: ¿Qué tanto embrutecen los celulares en esta era de tecnología e información acelerada?
Tal propósito infiere un sistema basado en igualdad y equidad pedagógica, con estándares, procesos, tecnologías, capacitación, infraestructura óptima, entre otros recursos que posibiliten una calidad competitiva del sector educativo. De tener disponibilidad de lo anterior, se contribuye eficiente y eficazmente al desarrollo humano en igualdad de condiciones y acceso cuando de educación escolar se refiere. Solo así se logra gestionar acciones que transforman brechas en la formación, contribuyendo a la paz, al respeto de los derechos humanos y la democracia.
Sin duda, las brechas en la calidad educativa pública colombiana tienen incidencia conforme la manera como se aborda ello desde el Estado para reducir la inequidad y la desigualdad.
Al respecto, desde el pasado 2022, la senadora Paloma Valencia, en compañía de otros congresistas del Centro Democrático, vienen impulsando un proyecto de ley cuyo objetivo es crear un bono escolar. Dicha iniciativa busca que los niños pobres vulnerables tengan el derecho de escoger entre la educación pública y la privada de calidad, pagada por el Estado.
La senadora Valencia afirma que el proyecto en mención es una alternativa importante para mejorar la calidad de la educación y acabar con la brecha más grave que se tiene en Colombia, una sociedad desigual en materia de educación, dado que, el que tiene cómo hacerlo paga educación privada, y el que no, recurre a lo público. Adicional, la senadora precisa que no se busca acabar con la educación pública, porque los colegios que sean de calidad, podrán acceder al mencionado bono. [1]
La iniciativa legislativa, aunque como idea de bono suene interesante para algunos sectores, especialmente para los planteles educativos privados, es importante analizar al detalle y revisar antecedentes de cómo históricamente iniciaron transformaciones de entidades estatales con determinadas políticas neoliberales, llevando ello a una descentralización de entidades públicas, por ejemplo en su momento con TELECOM y CAJANAL, la debilitada Caja Agraria, la terminación de distintos centros de salud y hospitales públicas, así como las Cajas de Previsión departamentales y distrital, entre otras entidades que desaparecieron, con el argumento de que lo privado era lo mejor. Quienes conocimos la historia de lo anterior no debemos creer a ciegas con una motivación disfrazada de “caballo de troya”. Recordemos, de similar manera impusieron las políticas relacionadas con los colegios concesionados, donde el gobierno construyó instalaciones y se las entregó a entidades privadas, igual sucede con los convenios, donde determinados niños, que estudian en los colegios privados, el gobierno les paga por el servicio. Un aspecto para resaltar es la gestión de los gobiernos alternativos sobre estos modelos en Bogotá y Medellín, de los cuales se aplicó control.
PERO ¿QUIÉN ES LA PERSONA QUE AHORA SÍ SE PREOCUPA POR LOS POBRES?
La senadora Paloma, por estos días ha expresado que se encuentra “feliz porque los niños pobres van a tener la posibilidad de ir a colegios privados de calidad”. La congresista como servidora pública, es nada más y nada menos que la nieta del expresidente Guillermo León Valencia, descendiente de la aristocracia española, cuyos familiares han sido banqueros, empresarios, políticos, quienes heredaron riquezas, producto de la ocupación española a través de la opresión y discriminación racial.
Su abuelo como presidente, fue el que comenzó con la idea de la seguridad nacional para buscar formas de liquidar a las FARC y al ELN que, bajo su gobierno, iniciaron sus accionares ofensivas contra los gobiernos del Frente Nacional, y por ello el presidente Valencia, mediante el Decreto 3398 de 1965, autorizó la entrega de armas de uso privativo de las FFMM a los civiles, de esta manera facilitó la conformación de grupos armados (autodefensas).
El abuelito de la senadora participó en el gobierno de Laureano Gómez, amigo del dictador Francisco Franco, fue uno de los opositores del voto femenino, con el argumento de que el voto de las mujeres y la intervención de estas en la política podría destruir los hogares y romper la paz de las familias colombianas. Es claro que existen cosas que no se heredan, pero en nuestras mentes muchos de los pensamientos los hemos adquirido por la influencia o motivación de nuestros familiares o conocidos (padres, abuelos, tíos, primos u otro), lo que lleva a que se configure en nuestra mente ciertos comportamientos cuya base reside en una apreciación infundida.
Por tanto, creerle ciegamente a una descendiente de la aristocracia española, que está preocupada por los pobres, es mejor dudar y analizar, o como decía mi abuelita: “De eso tan bueno no dan tanto”. Difícilmente, los neoliberales piensan en el bienestar de los pobres, si así hubiese sido, actualmente no habría tanta pobreza y desigualdad, no solo en Colombia, también mundial.
| También le puede interesar: Los países que están volviendo a lo esencial: ¿Tecnología o textos en las aulas?
¿A QUÉ COLEGIOS DE CALIDAD SE REFIERE LA SENADORA PALOMA VALENCIA?
Las hipotéticas bondades de las que el proyecto de ley en referencia aduce, son utópicas. Los invito a que revisen en qué zonas de la ciudad o la sabana están ubicados los colegios de ‘calidad’ que menciona la congresista, se darán cuenta que, para el caso del Distrito Capital, en su mayoría quedan al norte de la urbe, en barrios exclusivos de nivel socioeconómico alto o muy alto. De igual manera, este patrón se repite en diversas ciudades y regiones del país. Tales planteles educativos privados, generalmente establecidos en sitios alejados de la urbe, cuentan con amplios espacios, zonas verdes, campos deportivos, gimnasios, piscinas, casitas del árbol, salas de teatro, salones de juego, de cuento, áreas de descanso e incluso algunos cuentan con oratorios e iglesias.
Ahora, en contraste con la infraestructura física de los colegios e instituciones públicas, cuyos espacios son precarios, limitados, poco motivadores o en el peor de los casos no existen con los mínimos estándares de calidad para garantizar a los niños y niñas condiciones de igualdad y equidad para la el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los bienes y valores de una cultura que posibilite la mejor formación moral, intelectual y física de éstos, siendo notorio la no garantía constitucional del Estado para ofrecer un adecuado cubrimiento del servicio educativo, acceso y permanencia en un sistema que carece de eficiencia y eficacia en su sistema educativo.
De hecho, la no calidad educativa, la falta de espacios adecuados y el no contar con herramientas pedagógicas optimas, es el resultado de una desidia y abandono de los gobiernos de turno, a duras penas se cuenta con salones cuya dotación básica constituye sillas, pupitres y tableros, algunos a punto de caerse por falta de mantenimiento, mejoras, seguridad de materiales, casos que han sido denunciados por parte de los maestros desde las diferentes regiones del país.
Cabe recordar que no todos los colegios privados por tener esta modalidad jurídica están clasificados en categoría de calidad alta, distintos establecimientos están en condiciones peores que algunos públicos. Por tanto, si la senadora Valencia está preocupada por los niños, niñas y adolescentes de los estratos bajos, lo que debería motivar el proyecto de ley en cuestión es el derecho a la igualdad de condiciones, de asignaciones presupuestales; es decir, que, así como los ricos pueden disfrutar de colegios bien dotados, los pobres también tengan estas posibilidades, no en un marco hipotético o utópico, sino en la realidad. Lograr esto infiere recuperar o hacer devolver, a la educación, los recursos arrebatados por el gobierno de Pastrana, con la reforma que hizo a la Constitución Política de Colombia a través del Acto Legislativo 01 de 2001, gobierno que, valga la pena recordar, hace parte de la misma línea conservadora de senadora Valencia.
De hecho, al recordar sucesos socioeconómicos por los departamentos más alejados al centro del país, y abandonados por el Estado, se identifica que territorialmente se concentran en estas áreas, poblaciones y comunidades menos favorecidas. Por tanto, retomando la iniciativa de la senadora Valencia, que carece del cómo y con qué se cumplirá esa equidad de la que menciona, en la práctica y realidad territorial, (aparte de las principales ciudades de Colombia) no existen ese tipo de colegios a los que se refiere la congresista, lo cual es una propuesta e iniciativa legislativa utópica, sesgada y claramente desigual si de derechos nos referimos. En este sentido, es oportuno preguntar cuántos colegios de calidad existen en las zonas más alejadas del Chocó, la Guajira, el Amazonas, en el Putumayo, Casanare, en zonas periféricas de Bogotá como en Ciudad Bolívar, Juan Rey, Kennedy, Bosa y otros sectores de barrios donde residen personas excluidas, las cuales incluso ni siquiera acceden a la educación porque deben trabajar para sobrevivir al día.
¿EN VERDAD SE QUIERE OFRECER EDUCACIÓN DE CALIDAD?
Ante la iniciativa de los congresistas colombianos que ahora profesan su “interés y preocupación” por la calidad e igualdad de la educación para los pobres, es importante tener certeza del alcance de dicho interés repentino para mejorar la calidad de esta en lo público. Tal perspectiva infiere reconstruir la mayoría de las plantas físicas de los actuales establecimientos educativos, incluso, contemplando un plan de reforzamiento estructural, pues distintos entornos escolares de nuestros niños estudian en instituciones Cuya infraestructura civil supera entre los 50 y 100 años de antigüedad, las cuales no cumplen con las normas actuales de sismo resistencia, construcción sostenible, seguridad para evacuación, entre otras.
La calidad empieza con acciones de dotar las instituciones con elementos didácticos y pedagógicos de conformidad con los avances de la ciencia y la tecnología, así como de mejorar entornos y ambientes de aprendizaje. Pues, mientras en Suecia y otros países se está prohibiendo los aparatos electrónicos, en los colegios públicos de Colombia, ni siquiera se han conocido; hasta los recursos para la cobertura de la internet en zonas apartadas, han tenido como destino el usufructo de unos pocos que se han robado el erario público, entre ellos, algunos funcionarios estatales y políticos. De éstos últimos, algunos hábiles para crear esquemas, programas, proyectos, e iniciativas con un interés oculto, cual caballo de troya en un campo de batalla para ganar por un interés social.
Precisamente por los antecedentes de corrupción en el país, es que, con mayor motivo, los bonos de los que se hablan recientemente para la población vulnerable, debe el legislativo, la ciudanía, los actores del sector educativo, analizar al detalle el proyecto de ley, como su alcance; claro está que, de ser aprobada, en lo posible blindarla consiguiendo una real calidad en la educación para la población objeto de interés, y no para el interés de la corrupción.
En complemento, para mejorar la calidad educativa, es importante realizar lo mismo que hacen en los colegios denominados de calidad, esto es, contar con profesores actualizados, formados sobre las nuevas tendencias de la pedagogía y estrategias educativas, maestros que centren su atención a grupos de estudiantes entre 8 o 16 alumnos, y no de 40 o más estudiantes por curso.
Mejorar la calidad de la educación implica reducir el número de horas en el aula, para que los docentes tengan tiempo para atender requerimientos de sus estudiantes, así como para orientar a los padres de familia. Además, disponer de un servicio de orientación profesional personalizada, no de un docente con funciones de orientador para abordar dos o tres mil estudiantes.
Otro de los aspectos claves para una educación con calidad es contar con laboratorios dotados, modelos pedagógicos de experimentación, profesores capacitados en artes, educación física, con los tres grados de preescolar y no solo con el grado cero. Aunque también es importante contemplar la realidad de miles de padres de familia que sufren las continuas angustias de sobrevivir con un salario mínimo, o menos, aspecto que en muchos casos sus condiciones de habitabilidad los llevan a convivir en inquilinatos, cuyos entornos no siempre son seguros para los menores. Y para completar, el factor de la desnutrición que, en diversos casos, tanto en escuelas como en colegios se evidencia que las familias y los niños comen una o máximo dos veces al día, contexto situacional socioeconómico que no es ajeno a la opinión pública.
Por su parte, mejorar la educación, infiere construir restaurantes de calidad gastronómica como los tienen los mencionados colegios de calidad, entornos en donde los alumnos comparten al lado de sus maestros, con restaurantes certificados en Good Manufacturing practice, -GMP-, en español (Buenas Prácticas de Manufactura) -BMP-, y no la alimentación impositiva que distribuyen en numerosos de establecimientos de educación pública, en donde los espacios de comedor son precarios, limitando interacciones sociales, con fallas en el suministro de alimentación que en ocasiones algún estudiante se queda sin alimento por falta de un abastecimiento completo. Recordemos que en otra iniciativa como el conocido Plan de Alimentación Escolar -PAE-, varias denuncias han sido presentadas por el mal uso de los recursos en este, cuyos costos sobre valorados en los menús, la baja calidad del alimento, el débil cubrimiento del segmento poblacional, entre otros aspectos, han sido ampliamente cuestionadas por corrupción.
Así entonces, tener colegios públicos, con reconocimiento como un Great Place To Study -GPTS, es decir, que hayan cumplido y/o sobrepasado los estándares establecidos por colegios diseñados por expertos de la industria, tiene como objetivo ofrecer un entorno más favorable, saludable y feliz para los estudiantes hijos de quienes se esfuerzan por invertir en una mejor educación, con experiencias de aprendizaje, infraestructura, vida en el campus, bienestar integral, actividades extracurriculares que generen felicidad. Tal perspectiva es lo ideal, pero en la práctica llevar esto a una realidad en Colombia difiere de la capacidad institucional actual. Aspecto que en la iniciativa legislativa de la senadora Valencia, no garantiza la practicidad del proyecto, pues, no existe claridad que determine el cómo y con qué se transformaría esas brechas sociales de inequidad y desigualdad, con decirlo no es suficiente, con profesarlo no es garantía de nada. Sin un panorama tangible, soportado en recursos reales todo es hipotético y utópico.
Pretender una educación de calidad desde el sector público, infiere propósitos articulados para facilitar y apoyar diversos estudios de posgrado con pasantías para los maestros, en lo posible en otros países, además de realizar convenios interinstitucionales, como destinar un año sabático, ejercer una formación en bilingüismo de manera eficaz, asignar recursos para la participación en congresos nacionales e internacionales, y cambiar por parte de algunos actores políticos y sociales expresiones contra los profesionales de la educación, en la que nos llaman adoctrinadores, vagos entre otros adjetivos, calificativos con palabras y frases de desprecio. Tal acción de quienes difaman, se les olvida que atentan contra el buen nombre y la estructura formativa que en principio constitucional persigue la paz, el conocimiento y la democracia.
En complemento, los maestros y maestras en Colombia debemos contar en la escuela o colegios con espacios para investigar y analizar problemáticas de los estudiantes, al igual que áreas para compartir con sus compañeros, alejados del acoso laboral y de ambientes no propicios para desarrollar una de las labores que requiere de ambientes de paz y bienestar. No solo es buscar o pretender educar para generar los mejores puntajes de ICFES o pruebas saber, pues con bajos salarios y ambientes no propicios, ello es un gran desafío, no es fácil. Por algo la profesión docente aparece en el quinto lugar de un estudio que realizaron Linkeln y ZipRecruter, en cuyo resultado encontraron que el 61% de los encuestados se arrepienten de haber estudiado dicha profesión. [2]
Ahora, analicemos el tema de los denominados colegios de calidad desde un contexto socioeconómico. Para empezar, el valor de las pensiones está por encima de los dos millones de pesos, sin contar con el pago de transporte, alimentación y otros costos, que de acuerdo con el nivel en que se encuentren son autorizados por las secretarías de educación. Eso sin sumar el bono que deben aportar algunos tutores, por debajo de cuerda, para evitar ser sancionados por alguna acción que incurra el estudiante, pero que los padres lo asumen con tal de que sus hijos estén disfrutando de las bondades que ofrece mantener el estatus en su círculo social. Es decir, para que un colegio pueda ser de la calidad de la que habla la senadora Paloma Valencia, se requiere de recursos económicos suficientes y es precisamente de lo que carecen las instituciones públicas, las cuales las han venido desfinanciando, precisamente con el propósito de encontrar argumentos para acabarlas y así convertir la educación en un negocio, tal y como han convertido al sistema de salud, oportunidad que solo permitió el enriquecimiento de unos pocos.
En síntesis, lo que se observa con el utópico proyecto de ley, es favorecer y seguir en la línea neoliberal de Milton Friedman quien planteaba que “la educación pública no debería existir”, o la del secretario de educación del expresidente Trump, quien iba más allá al expresar que “No deberíamos tener escuelas públicas y como principio básico no deberíamos tener bienes públicos en general, ni salud pública”. Como lo expresó el filósofo norteamericano Noam Chomsky en una exposición publicada por el canal (Otras voces en educación) en Youtube, en el marco del 2do Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo. [3]
EDUCAR PARA CONSTRUIR PAZ
Los profesionales de la educación en Colombia, conjuntamente con los padres de familia y los estudiantes, debemos exigir calidad educativa, mientras se consolida un gobierno al servicio de las mayorías. En esto transformar los pensamientos limitantes de un enfoque de base neoliberal representa un desafío ante la población que viene siendo configurada de manera persuasiva en niños e incluso en maestros, lo que exige de modernas metodologías y técnicas para crear una estrategia eficaz que aporte hacia la construcción de la paz desde la acción educativa.
Entre las alternativas a implementar para este objetivo de mejora educativa, integrar metodologías que permitan el desarrollo de habilidades en coopetitividad y no en competitividad representa una oportunidad para la mejora del sistema educativo con criterios que contribuyen a una sociedad para la paz, lo que estima contar con ayuda mutua y cero individualismos. También es importante motivar la coocreación, en el intercambio de conocimientos, en donde los niños y niñas aprendan que, más vale esforzarse para alcanzar beneficios comunes que individuales. Así, proferir por un modelo educativo que permita aprender que se puede alcanzar los propósitos de mejor manera y más rápida si cooperamos entre iguales.
En efecto, educar para construir paz requiere de la voluntad de aprendizaje para organizarnos en la escuela, con responsabilidad, cooperativismo y colaboración. Tal contexto permite valorar más el éxito en equipo que en solitario. Sin embargo, es importante replantear el modelo de las clases magistrales que emplean métodos de una cultura contraria a la actual de la sociedad. También es clave inmiscuirnos con mayor dinamismo en procesos participativos. Otro aspecto importante es lograr conectar el aprendizaje con los diferentes contenidos y asignaturas, aprendizajes que conlleven a los estudiantes a vincularse con la comunidad y que contribuyan a generar sensibilidad por la problemática ambiental y social. Finalmente, trabajar proyectos solidarios que permitan desarrollar habilidades con el ser, el saber, el pensar el querer y el hacer solidario.
En otras palabras, una enseñanza que permita “dar un salto hacia una nueva forma de vida y descubrir que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado”, tal y como nos lo enseña el papa Francisco en su Encíclica Fratelli Tutti. [4]
Termino este artículo con una frase de la gran maestra María Montessori quien aportó en sus planteamientos que:
Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. [5]
El anterior texto expresa los elementos cuando de educar para la paz y la solidaridad se persigue para un fin de organizar la sociedad en armonía y bien común; pero en nuestra actual época prima la oposición a esa educación del (sálvese quien pueda).
Referencias consultadas
[1] SENADO. (2022) Congreso de la República de Colombia. Disponible en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20RADICADOS/proyectos%20de%20ley/2022-2023/PL-192S-2022.pdf [2] UNIVERSIDADES Y PROFESIONES. (2023). La profesión que más se arrepienten los profesionales de estudiar. Disponible en: https://universidadesyprofesiones.com/actualidad/la-profesion-que-mas-se-arrepienten-los-profesionales-de-estudiar [3] OTRAS VOCES EN EDUCACIÓN. (9 de junio de 2023). Noam Chomsky: Saludos al 2 Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo. Disponible en: https://youtu.be/Ep4qa2MoVqQ [4] VATICAN. (2020). Carta Encíclica Fratelli Tutti. Del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Pág. 31 y 32. Ediciones San Pablo [5] Jiménez García, Lourdes. (2021). Aprendizaje para la vida Más allá de las teorías. Editorial Plataforma Editorial. Pág. 147
