“Ojalá se pudran en la cárcel" sentenció Ángela Castañeda contra los quince militares que aniquilaron a su esposo Roosevelt García, uno de los mejores agentes antidrogas del país, que fueron asesinados junto a un informante en el callejón La Cristalina, en zona rural de Jamundí en el Valle.
En la sala primera del antiguo Palacio de Justicia de Cali previa a su destrucción por un carrobomba, culminaba ese 7 de mayo de 2008 buena parte del primer gran caso con el que se estrenó la justicia oral en Colombia. Tres meses antes el teniente coronel (r) Byron Carvajal había sido condenado por el delito de homicidio agravado igual que sus catorce subalternos por la masacre de diez policías de la Dijín y un informante. Faltaba conocer el tiempo que la justicia les ordenaría en la cárcel.
Presidía el juez Cuarto Penal Especializado, Octavio Edmundo López, que empezó a leer las 175 páginas de la sentencia condenatoria al calor del medio día de Cali. La única banca en la sala de audiencia asignada para prensa atestada de periodistas que seguían el recuento de un juicio oral en el que se admitieron 116 testimonios y 106 pruebas documentales, elementos materiales probatorios y evidencias físicas.
Mientras las noticias del juicio se ventilaban en CNN, la BBC, el Washington Post, El País de España y los corresponsales de las agencias internacionales registraban las audiencias, la directora de la DEA calificaba el caso como un "salvaje asesinato", la Unión Europea alertaba sobre la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, el senado de los Estados Unidos congelaba la entrega de 30 millones de dólares para ayuda militar y una comunidad afectada por el estigma con el que bautizaron el polémico caso arengaba en las calles “No queremos oír más del caso Jamundí”. Según las autoridades de este municipio de balnearios y ríos cristalinos, el turismo y la economía se había ido a pique desde que el presidente Álvaro Uribe Vélez y todo Colombia referenciaba el incidente como el “caso Jamundí”, un incidente terrible pero en el que no había participado ningún habitante del pueblo .
El juez exponía todas las evidencias que sirvieron a la condena de los oficiales, quienes argumentaron desde el inicio para su defensa confusión por 'fuego amigo'. Varias horas leyendo las más de 45 mil palabras del fallo tenían fatigada a la audiencia y a él.
“¿Por qué dejaron pasar a esos hp?” leía el juez uno de los mensajes de texto que se cruzaron los militares el día de la masacre y fueron usados como prueba, se le oía pesada la letra. El juez se desmadejó en el estrado, era diabético por lo que fue necesaria una pausa.
La escena que observó el día de la masacre uno de los testigos llamados a declarar fue escalofriante y el periodista Miguel Ángel Palta intentó recurrir a ésta, pero los militares tenían un puesto de control en la vía a unos 500 metros del sitio y no le permitieron el acceso, hasta los miembros del CTI y de la policía, recuerda, tuvieron inconvenientes para acceder. El coronel Byron Carvajal, en ese entonces Comandante del Batallón de Alta Montaña Número 3, llegó hacia la media noche y entregó unas escuetas declaraciones que serían el argumento de su coartada: la confusión entre ambas fuerzas que se dispararon hasta matarse, con la diferencia que sólo un bando completo fue dado de baja, con tiros a quemarropa que dejaron huella en sus cuerpos y testigos que los oyeron clamar misericordia por sus vidas, como demostró la Fiscalía.
Carvajal nunca dejó de ser coronel ni cuando llegaba a las diligencias judiciales en calidad de detenido; le recordarles a los custodios su rango y con un tono imperativo no se amilanaba ante las acusaciones; cuestionaba a la Fiscalía y a los periodistas por emitir información supuestamente sesgada sobre el juicio con una alevosía que revelaban sus 16 años de su carrera militar.
A los peritos del CTI que manejaron la escena del crimen y a los investigadores los seguían y fueron amenazados de muerte. La tensión forzó la renuncia de uno de los fiscales del caso que unido a un paro de la rama judicial y un cambio de juez demoraron el juicio. Se trataba de lograr probar la tesis de un homicidio en un nuevo sistema penal acusatorio a pesar de los escollos.
Unas siete horas le tomó al juez usar el mazo con el que sentenció 54 años de prisión para Carvajal, 52 para el teniente Harrison Eladio Castro, segundo al mando y para los trece militares que participaron en el operativo 50 años.
"Estamos muy contentos, se hizo justicia y eso era lo que queríamos. Dios existe" declaró al oír la condena uno de los familiares de los policías que había entrenado la DEA y el FBI para la lucha antidrogas en Colombia. Al otro lado de la sala los condenados y sus familias lloraban la sentencia histórica que pasados cuatro años se redujo a la mitad porque los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali consideraron que la masacre no fue un homicidio agravado sino simple.
Byron Carvajal nunca ha aceptado su responsabilidad en este hecho, contrario hizo con el homicidio de Leonardo Fabio Ordóñez, un supuesto guerrillero del ELN a quien el coronel mató en combate el 31 de agosto de 2005 en el sector de Alfaguara, en Jamundí. Se allanó a los cargos por el beneficio de sentencia anticipada y fue condenado a 20 años por el delito de homicidio en persona protegida. La fiscalía probó que el presunto guerrillero nunca disparó, el arma que portaba en un costal encontrado junto al cuerpo estaba desarmada y una granada nunca se activó; Carvajal le disparó cinco veces por la espalda.
El “Ojalá se pudran en la cárcel” de la viuda parece que se hace realidad, al menos en el caso de Byron Carvajal quién difícilmente volverá a ver la calle en libertad porque las tres condenas que enfrenta suman 75 años, sin embargo él sigue impávido como si aún portara el uniforme con el impartió órdenes, tan muchas de ellas equivocadas en sus 16 años de vida militar.
Por @KarlaArcila
