A la percepción de los ciudadanos de a pie, en torno a que la justicia en el país no sirve y se ha constituido en factor garantizador de impunidad, se suma el preocupante y vergonzoso escándalo de corrupción que implica a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y a un número similar de honorables padres de la patria.
La justicia ha sido permeada por una especie de cáncer que se creía que solo afectaba a los más simples operadores del aparato judicial, pero que hoy se constata que ha hecho metástasis sin distinción de dignidades y afectando a órganos de cierre como las cortes Constitucional y Suprema de Justicia.
Ante las denuncias que se han conocido contra togados como Francisco Javier Ricaurte Gómez, Camilo Tarquino Gallego y José Leonidas Bustos Martínez, ya varias personalidades del país como la senadora Viviane Morales y el académico Ramiro Bejarano se han aventurado a plantear como posible solución, la necesidad de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que rediseñe la justicia en el país.
En el caso de Bejarano llama notoriamente la atención que el jurista y columnista de El Espectador, además, declare para La W que es necesario buscar "razones de la crisis" y tratar de establecer "donde se presentó este quiebre tan espantoso".
Aventurándome en la pretensión de intentar responder al Dr. Bejarano, como simple ciudadano, me permitiría exponer las siguientes consideraciones que equivocadas o acertadas pueden constituir elementos susceptibles de ser discutidos.
Desde mi perspectiva el descuadernamiento definitivo de la justicia arrancó con la adopción del sistema penal acusatorio implementado a través de una reforma constitucional tramitada desde el Congreso a través de la expedición del Acto Legislativo 03 de Diciembre 19 de 2002.
En esa época, era ya presidente Álvaro Uribe Vélez y presidentes de Senado y Cámara sus aliados políticos incondicionales Luis Alfredo Ramos Botero y William Vélez Mesa, este último con serios cuestionamientos públicos por su cercanía en el pasado a Pablo Escobar Gaviria.
Era la época en la que como una maquinaria perfectamente engrasada el Partido de la U le respondía a Uribe en todo y nada se aprobaba o decidía sin su consentimiento expreso. Después de ello vino en 2004 la expedición del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Si bien, por lo menos desde la formalidad del texto constitucional, el Jefe de Estado no incide o influye directamente en el nombramiento de los magistrados de las altas cortes, solo desde la ingenuidad podría aceptarse que en la realidad el presidente no termina haciendo guiños en la designación de magistrados, máxime cuando se está frente a un hombre del talante de Uribe que demostró hasta la saciedad no ser un convencido partidario de la necesidad de independencia y equilibrio entre los poderes públicos.
Ya con el escándalo inicial suscitado en las altas esferas judiciales tras el caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, había quedado un manto de duda sobre la forma y el tiempo en que accedió este personaje a tan alta dignidad, justo bajo el segundo periodo presidencial del expresidente Uribe (Abril 1 de 2009).
Coincidencialmente, la designación de los tres magistrados y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia a este alto tribunal y salpicados por la justicia de Estados Unidos en casos de corrupción, también se presentó durante el segundo mandato de Uribe Vélez.
Francisco Javier Ricaurte Gómez fue nombrado en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 2004 y alcanzaría la máxima dignidad de la Corte en 2008.
Camilo Tarquino Gallego también irrumpió en la Corte Suprema en su Sala Laboral en 2006 y alcanzaría su presidencia cinco años después (2011).
José Leonidas Bustos Martínez accedió a la Sala Penal de la Corte en 2008 y sería su presidente recientemente (2015).
En otras palabras, y en su defensa, pareciera existir un especie de sino trágico que de una forma u otra vincula al expresidente Álvaro Uribe Vélez con personajes y sucesos asociados a grandes vergüenzas nacionales ante el mundo.
No coincidentemente o no todo pareciera indicar que la sal corrompida que pervirtió a la justicia se esparció sobre la misma justo después de que nuestro texto constitucional cumpliera once (11) años.
Y aunque todo el proceso se haya dado paralelamente a los 8 años de gobierno que van de 2002 a 2010, lo cierto es que cuesta mucho trabajo creer que con un presidente que todo lo controlaba (hasta las llamadas telefónicas ajenas) se haya podido gestar y materializar (sin que se disparara un tiro) toda una toma y secuestro de la justicia por parte de personajes siniestros de la corrupción y, mucho menos que ello hubiese ocurrido a espaldas de Uribe Vélez.
La justicia fue cooptada por una verdadera mafia, en su dirección, que seguramente no permite que irrumpan o emerjan personas de altas calidades intelectuales y éticas que de seguro si existen en nuestro país y en los propios altos tribunales y que, más allá del enriquecimiento ilícito, buscan administrar verdadera justicia, la misma que los colombianos del común se están cansando de esperar y que viene generando que los ciudadanos cada vez más opten por aplicar justicia por mano propia, sumergiéndonos en una peligrosa espiral de barbarie.
