Nunca antes habíamos escuchado al unísono que todas las personas, independientemente de su filiación política, clase económica y posición social, se quejaran de los altos índices de corrupción y de cómo se esquilman los recursos públicos y se utilizan los cargos para favorecer intereses particulares.
Hace unos días los tres órganos de control, en rueda prensa, manifestaron que aunarían los esfuerzos para controlar, investigar y sancionar los hechos de corrupción, por cuanto se evidencian índices que alarman y preocupan a todos los colombianos, dijeron frases, como el ruido y el humo de la guerra no nos dejaban ver la real situación de la corrupción.
Los diferentes precandidatos presidenciales han optado por establecer como consigna de sus campañas la lucha contra la corrupción, dentro de los cuales una de ellos lideró la recolección de firmas para iniciar un referendo para modificar algunas normas constitucionales que endurezcan las sanciones y establece otras medidas para frenar el flagelo.
Retrocediendo en el tiempo, encontramos que la mayoría de reformas constitucionales y legales, reestructuración de entidades, modificación en las formas de designación y elección de funcionarios, medios de control, establecimiento de inhabilidades e incompatibilidades, sanciones penales y disciplinarias, han sido con el motete de iniciar acciones contundentes para atacar el problema de la corrupción; situación que sin ir tan lejos en la actualidad es materia de discusión, en donde se discute qué reformas se deben realizar para afrontar y evitar los escándalos de corrupción descubiertos con Odebrecht, y algunos congresistas y magistrados.
Lamentablemente, los resultados de la lucha demuestran que no ha sido efectiva; al contrario, los índices de corrupción se han incrementado, lo cual indica que la solución no está en los esfuerzos realizados para investigar y sancionar los hechos corruptos, toda vez, que con ello solo se logra que el modus operandi varíe y los corruptos se acomoden y logren salirle al paso a los controles.
Muy bien lo describía Gómez Dávila, cuando en unos de sus escolios decía: “cada día que me levanto y observo la corrupción de hoy, termino por añorar la corrupción de ayer”, perfecta manera para describir los resultados de la inane lucha contra la corrupción.
Como ejemplo de lo mencionado podemos traer a colación la Constitución de 1991, por cuanto uno de los móviles para la Asamblea Nacional Constituyente fue la necesidad de establecer un andamiaje institucional y jurídico acorde a los problemas de corrupción de entonces. El estatuto de contratación cada vez que sale a flote un escándalo en contratación corren a modificarlo como una solución.
Podría mencionar un sinnúmero de esfuerzos legales e institucionales que se han realizado a través de la historia y que sin discusión alguna solo logran atemperar o frenar en su momento el avance de la corrupción, pero no atacarla de raíz, lo cual nos indica que a pesar de ser esfuerzos bien intencionados, estos están dirigidos a buscar el muerto río arriba, es decir que no lograrán atacar o desarraigar este flagelo de la sociedad.
Si bien es cierto que no se debe bajar la guardia en la lucha contra la corrupción, si es necesario reorientar los esfuerzos para atacar el problema de raíz. Esto solo se logra con políticas públicas y acciones tendientes a fortalecer la familia, que es el sustento de toda sociedad. Esta organización natural es donde se forma al buen hijo, al buen estudiante, al buen ciudadano, al buen funcionario, es hacia donde se deben orientar los esfuerzos, que no darán resultados mediatos, pero sí contundentes.
Resulta incoherente tratar de desdoblar a las personas y pretender que en su vida privada sean las personas que se les dé la gana ser, bajo los supuestos del libre desarrollo de la personalidad, crean en lo que quieran, actúen como quieran, crean en la que quieran y digan lo que quieran; pero que en su vida pública se desprendan de sus prejuicios, formas de ver la vida, creencias, y sean simplemente buenos ciudadanos y buenos gobernantes, sin acudir a la moral y los buenos principios que solo se aprenden en casa.
Por ello resulta relevante que estando próximos a una contienda electoral para definir el nuevo presidente de la República nos enfoquemos en ubicar dentro de los candidatos quién de ellos dirige sus esfuerzos a fortalecer la familia y presenta un programa de gobierno que logre ser transversal a ello, no por coyunturas electorales, como lo hacen la mayoría, sino por convicción y por tener claro el valor de los principios y la importancia de lograr que las personas en su actuar obren por convicción de tener que hace el bien y no porque les toca o por miedo a un reproche o una sanción.
