Tal como lo hemos visto en las redes sociales, la presencia en Colombia del Bus de la Libertad ha vuelto a demostrar el grado de intolerancia de ciertos grupos que pretenden defender a la comunidad LGBTI en nuestro país.
Para el efecto, se ha enarbolado la bandera de la tolerancia nuevamente para designar como homofóbicos los mensajes escritos al lado del autobús que dicen que “los niños nacen siendo niños y las niñas nacen siendo niñas”. Este derecho a la tolerancia (que por cierto no existe como tal en la legislación) ha sido argumento suficiente para que un grupo de personas asuma una actitud violenta y agresiva y, mediante la obstaculización, el daño físico, la inobservancia de las órdenes de la policía y todo tipo de insultos, impidieran el pasado sábado el tránsito de este autobús por las principales calles de la ciudad de Bogotá.
Esta situación hace eco de los mismos argumentos sobre tolerancia y homofobia que se escucharon hace apenas un par de semanas para hundir el proyecto de Referendo que buscaba resolver, mediante un voto popular, la diferencia cultural que existe en Colombia entre los que preferimos que los niños en situación de vulnerabilidad sean adoptados por un papá y una mamá y los que afirman que la adopción es un derecho inviolable de la comunidad LGBTI.
Lenta e imperceptiblemente nuestro país se está rindiendo ante una forma contemporánea de imposición ideológica. Hoy en día mediante regulaciones de dudosa legitimidad (como quiera que provienen de la Corte Constitucional que es una institución que no está facultada para regular sino para juzgar) en Colombia se obliga a profesionales de la salud a realizar abortos aún en contra de su voluntad, se les niega el derecho a los padres a impedir que su hija menor de edad aborte, se permite el aborto sin límite en el periodo gestacional. Todos estos y más son ejemplos de esta imposición ideológica que surge a partir de la prevalencia del derecho de la mujer a decidir respecto del derecho a la vida de su propio hijo.
No es el primer caso de imposición ideológica
Durante el último año, estas manifestaciones totalitaristas se han expandido al campo de los derechos de la comunidad LGBTI. Todavía están frescas en nuestra memoria las imágenes de más de un millón de personas en más de 50 ciudades de Colombia marchando en contra de unas cartillas que promovían la idea de que “no se nace siendo hombre o mujer” en los colegios. De la misma manera, el Plebiscito mediante el cual se buscaba refrendar los Acuerdos de Paz con las Farc fue rechazado por una gran mayoría de colombianos, entre otras razones, por contener un sinnúmero de privilegios para la comunidad LGBTI que no eran consistentes con el tratamiento que se les dio a otros grupos sociales que han sufrido igual o más con la violencia guerrillera.
En todos estos casos, resonó la palabra homofobia para desprestigiar y deslegitimar los argumentos expuestos en favor de la familia por voceros y personas del común. Como bien lo saben los psiquiatras y los psicólogos, la homofobia ni siquiera es una fobia propiamente dicha. Apenas es una etiqueta que sirve para señalar a los que no estamos de acuerdo con las iniciativas y argumentaciones del llamado Lobby Gay. Con una palabra, se deslegitiman razones científicas, argumentos democráticos o razonamientos jurídicos. La homofobia es un instrumento comunicativo que sirve para aplastar a los disidentes.
Y nuevamente hemos visto cómo se usa esta palabra para hundir un Referendo e impedir una manifestación pacífica.
Todas las circunstancias anteriores son extrañas y contrarias al valor de la tolerancia. No es tolerante obligar a los médicos a actuar en contra de sus principios. No es tolerante imponer una ideología en los colegios. No es tolerante hacerle el quite a un resultado de un Plebiscito. No es tolerante hundir una iniciativa respaldada por más de 2.3 millones de colombianos mediante acuerdos políticos en el Congreso. No es tolerante impedir que una demostración pública y pacífica de un bus anaranjado pueda circular por las calles de una ciudad.
Bienvenidos a la dictadura de las minorías
Por el contrario, todas estas son expresiones típicas de las dictaduras: obligar a los ciudadanos a actuar en contra de su conciencia, el adoctrinamiento ideológico de los más pequeños, irrespetar un resultado electoral, impedir unas elecciones y, finalmente, impedir con agresiones el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos.
Y esta forma de dictadura, que por ser multicolor y disfrazada de tolerancia no deja de serlo, nos llega justificada en el discurso de la inviolabilidad de los derechos de las minorías. Esta pseudo-teoría jurídica no tiene fundamento concreto en nuestra Constitución, ni en nuestra ley. Algunos abogados han tratado de argumentar que la inviolabilidad de los derechos de las minorías corresponde a un enfoque moderno e integral de nuestra Constitución que debe ser leída como un texto “viviente”. La verdad es que es imposible encontrar un solo artículo de nuestra Constitución que establezca sin lugar a interpretaciones, que los derechos de las minorías son inmodificables. Por lo menos, jamás se encontrará un artículo constitucional con la claridad con la que el artículo 42 define a la familia como la unión entre un hombre y una mujer.
El discurso de las minorías es una estrategia de transformación legal e institucional. Comienza con un grupo de activistas que define quiénes conforman una minoría (mujeres, LGBTI, discapacitados, etc). Posteriormente, de la mano de abogados producen un listado de derechos que se atribuyen a esta minoría. Estos mismos abogados, mediante el llamado “litigio estratégico” empiezan a instaurar demandas en muchas jurisdicciones hasta que una Corte reconoce dichos derechos. De ahí en adelante, los activistas se encargan de pregonar por cielo y tierra que estos derechos son inmodificables aún por vías democráticas.
Así, se construye lentamente, la dictadura de las minorías. Una situación paradójica en la cual unos derechos reconocidos mediante estrategias jurídicas se constituyen en supra derechos que están incluso por encima de la voluntad general y de la Constitución. Y las dictaduras en Colombia han acabado mal. Esperemos que las voces de protesta que cada vez suman más miles de personas, encuentren canales democráticos por medio de los cuales puedan expresarse. Por ahora, pocos medios de comunicación están reconociendo esta necesidad. Ojalá las instituciones democráticas hagan lo propio. Las elecciones presidenciales de 2018 serán críticas en estas definiciones sociales.
