Vestidos con una pantaloneta blanca y totalmente rapados. Así fueron trasladados los 2.000 primeros pandilleros a la megacárcel recién inaugurada en El Salvador.
Un video publicado en la cuenta de Twitter del presidente del país, Nayib Bukele, muestra cómo los detenidos fueron trasladados en múltiples vehículos y luego las largas filas de reclusos entrando a la cárcel más grande de América. Una que hace parte de la controvertida campaña del Gobierno salvadoreño contra el crimen.
“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, aseguró Bukele en dicha red social. “Seguimos”, añadió.
Se trató de un solo operativo, en el que participaron cientos de policías y agentes de seguridad de la Dirección de Centros Penales, acompañados por soldados.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel salvadoreña
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) fue inaugurado a principios de febrero por Bukele. Se encuentra ubicada a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, la capital del país.
La gigantesca prisión fue construida en el área rural de la ciudad de Tecoluca. Para ello, el Estado necesitó 166 hectáreas, en 23 de ellas se encuentran los ocho pabellones. Cuenta con una alta tecnología de vigilancia y está rodeada por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de largo.
El CECOT ha sido un símbolo para el Gobierno de Bukele. Una construcción imponente que delata el objetivo de eliminar lo que ha catalogado de “terrorismo” en el país.
"Célula a célula estamos eliminado este cáncer de la sociedad. Sepan que no volverán a salir caminando del CECOT”, escribió Gustavo Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad, en su cuenta de Twitter.
La ofensiva de Bukele contra las pandillas y las violaciones a los DD. HH.
En marzo del año pasado, Bukele demandó al Congreso del país, controlado por el oficialismo, aprobar un estado de excepción que le otorgaba facultades extraordinarias y suspendía algunos derechos constitucionales. Este estaba justificado en el aumento de los asesinatos atribuidos a las pandillas violentas.
La medida, que se había ratificado en el Congreso por unos meses, ha sido prorrogada en múltiples ocasiones bajo la misma justificación de luchar contra la criminalidad.
Sin embargo, tal como muestra la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, “durante estos meses, el poder ejecutivo ha utilizado a las fuerzas de seguridad del Estado para implementar una política contra la violencia desde la represión, persecución y estigmatización en contra de la población; agravando con ello la crisis de gobernabilidad democrática y de derechos humanos que atraviesa el país”.
Durante estos meses, más de 64.000 sospechosos han sido arrestados. Unos procedimientos, que debido a este mecanismo, pueden llevarse a cabo sin una origen judicial. De hecho, el Gobierno puede incluso acceder a las comunicaciones privadas y los detenidos ya no tienen derecho a un abogado.
Según la agencia de noticias Reuters muchas “organizaciones de derechos humanos argumentan que personas inocentes se han visto involucradas en la política, incluidas al menos docenas que han muerto bajo custodia policial”.
A pesar de ello, las represalias tomadas por Bukele siguen siendo populares entre los salvadoreños. La popularidad del mandatario a finales de diciembre de 2022 tenía una aprobación de más del 87%.
El Departamento de Justicia acusa a 13 presuntos líderes de la pandilla MS-13
La pandilla denominada como MS-13 ha estado en el centro de la persecución por parte de Bukele.
El jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció los cargos contra más de una docena de presuntos líderes de alto rango de ese grupo delictivo.
Entre los cargos contra los acusados se encuentra conspiración de crimen organizado, conspiración para proporcionar u ocultar apoyo material a terroristas y la conspiración de narcoterrorismo.
Cuatro de los presuntos líderes de pandillas fueron expulsados de México y arrestados por el FBI en en Houston el miércoles, según un comunicado del Departamento de Justicia. Este grupo enfrenta cargos adicionales por los que podrían recibir la pena de muerte si son declarados culpables.
“Los acusados se han involucrado activamente en demostraciones públicas de violencia para amenazar e intimidar a la población civil, obtener y controlar territorio y manipular el proceso electoral en El Salvador”, aseguraba el comunicado del Departamento de Justicia.
