La Avícola Santa Rita es una empresa bugueña constituida legalmente y dedicada a producir huevos de buena calidad, si bien es una fuente de empleo importante en la región también es la causante –según denuncias ciudadanas— de una incómoda situación ambiental en la ciudad.
En el año 2013, ciertos olores ofensivos empezaron a percibirse en el municipio de Buga, concentrados especialmente en los sectores del sur y el centro histórico, lugar a donde a diario llegan cientos de turistas y peregrinos a disfrutar del encanto principal de la ciudad de Buga, la Basílica del Señor de los Milagros.
Tanto habitantes como visitantes encuentran incómodo el ambiente, que se describe como un olor a descomposición animal que aumenta su intensidad en épocas de temperaturas muy altas; esto además, trae consigo una cantidad incontrolable de moscas e insectos desagradables, plagando los hogares del municipio de estos animales que por ende, aparte de desagradar, perjudican la salud de algunos habitantes.
Inquietas por esta situación, quisimos indagar en los organismos pertinentes, para esclarecer la causa de este inconveniente ambiental, partimos del supuesto de que el Ministerio del Medio Ambiente dice regular los sistemas de calidad de aire de las ciudades y municipios del país. Cabe anotar que Buga se encuentra estadísticamente entre las ciudades con más contaminación de aire en el país según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el año 2016. Pese a esto parece que ninguna ley aplica para este caso ya que según la CVC, los dispositivos que operan para el control de contaminación de aire en la ciudad solo detectan aquellas partículas que pueden resultar nocivas para la salud de las personas, dándonos a entender que los olores emitidos por el compostaje utilizado en la avícola no afectan de ninguna manera a quienes lo perciben y no compromete el estado de salud de los habitantes.
Nos remitimos con derecho de petición a la Secretaria de Agricultura de Buga el día 4 de septiembre del presente año, en el cual solicitamos información específica sobre autoridades competentes para la regulación y la contaminación ambiental, concretamente a la contaminación en el aire por olores ofensivos u otros elementos, cuáles son los elementos establecidos por las autoridades para ejercer el respectivo control y regulación, las sanciones estipuladas en la norma jurídica en caso de constituirse y probarse algún caso de contaminación, infortunadamente, a la fecha no hemos recibido respuesta.
En una conversación informal con un funcionario de la empresa implicada con los olores, nos enteramos que esta opera sin necesidad de licencias ambientales, razón por la cual nos dirigimos por tercera ocasión a la CVC, donde solo nos dieron a conocer una resolución emitida en el año 2014 para el caso puntual que aquí investigamos, en la cual se restringía la operatividad de la empresa hasta comprobarse el grado de contaminación de aire; sin embargo, los estudios a la avícola nunca fueron realizados y la resolución fue reversada sin ningún tipo de explicación a la comunidad.
Según fuentes afectadas por los olores, existe una acción popular en curso liderada por un concejal del municipio en la cual se exigen a varios entes reguladores como la Alcaldía Municipal, la Personería, la Corporación Autónoma Regional del Valle; al Ministerio del Medio Ambiente y a la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle la explicación y acción oportuna al problema que aqueja a la comunidad bugueña. Se les solicita tomar responsabilidad en el caso antes que la salud púbica del municipio se vea más afectada.
Una gran expectativa nace al esperar el diagnostico que arroje el proyecto piloto de olfatometría dinámica que se hará por parte de la CVC y una firma especializada. Este tiene como propósito verificar que las normas sean cumplidas y a partir de ello, establecer criterios generales que permitan minimizar y controlar la emisión de olores con el fin de tomar acciones preventivas. Este proyecto, a nivel nacional, llamado Inventario de actividades generadoras de olores producidos por procesos agroindustriales y pecuarios en el municipio de Buga finalizará el 31 de diciembre del presente año.
En un encuentro reciente con un reconocido y popular concejal del municipio, que en esta ocasión no autorizó revelar su nombre, nos cuenta que el problema radica en la Corporación Autónoma Regional del Valle, organismo que según él, se encuentra totalmente politizado y sus manejos provienen directamente de la Gobernación de nuestro departamento, la permisividad bajo el supuesto de legalidad en empresas que operan en contra del medio ambiente depende exclusivamente de mandatarios departamentales y/o municipales en acuerdos económicos con empresarios de alta productividad, en este caso la Avícola Santa Rita.
Una conclusión suspicaz e interesante que resulta de esta reunión con el HC, a pesar de ser una figura polémica y caracterizada por alzar su voz en contra de la corrupción en diversas ocasiones, en este caso se le percibió una extraña mesura y desconfianza al momento de responder las preguntas sobre este difícil problema. Su comportamiento pasivo puede deberse a su fuerte y conocida relación política con la primera mandataria del departamento del Valle y los nexos con sus alfiles municipales.
Es evidente que a esta problemática no se le ha dado la atención, la importancia y la vigilancia pertinentes. Deja mucho qué pensar que la reversión o detenimiento de los procesos jurídicos, derechos de petición sin contestar, negación de citas por parte de los funcionarios que pueden brindar información pública, coincida con el aumento de la producción de la avícola que, para el municipio y sectores privados, representa un aumento económico que puede prevalecer sobre las consecuencias ambientales emitidas por tan mencionada empresa.
No nos queda otra herramienta para llegar al fondo del problema más que invitar a la comunidad bugueña a no olvidar la situación y tratar de buscarle solución a través de la unión comunitaria, dicho de manera coloquial, volverse la piedra en el zapato de los organismos de control que omiten las acciones correspondientes para el cuidado y preservación del medio ambiente, pues son ellos —presuntamente— los que han permitido filtrar la corrupción y en sus manos está poner límites, sanciones y multas a cualquier empresa que produzca el mínimo grado de contaminación y atente contra la salud de los ciudadanos.
